La zona norte de Santiago se encuentra en una restructuración producto del crecimiento demográfico que han experimentado las comunas de Independencia, Conchalí y Recoleta, las que se caracterizan, desde tiempos coloniales, como lugares que se han desarrollado como barrios donde la mayoría de sus habitantes son adultos mayores.

En Conchalí, específicamente en Avenida Fermín Vivaceta, entre las calles Parral y El Comendador, se tiene contemplada la construcción de cuatro torres de 12 pisos con 836 departamentos, 541 estacionamientos, 48 locales comerciales y un supermercado. Esto dentro de un barrio de casas de un piso que datan de los años setenta.

Según la concejala de Conchalí, Grace Arcos, el que se haya autorizado la construcción de estas megaestructuras colindantes a un barrio dice relación con los vacíos que tiene el Plan Regulador Comunal. Incluso, la municipalidad se encuentra en un juicio para impedir que se lleve a cabo esta construcción.

La Dirección de Obras Municipales rechazó el proyecto de la inmobiliaria Suksa en una segunda instancia, puesto que la cantidad de departamentos no calzaba con el de estacionamientos, y esto hace que la iniciativa no cumpla con las bases para la construcción.

La empresa llevó el caso a la Corte de Apelaciones, tribunal que falló en favor de la constructora. La Municipalidad llevó la causa a la Corte Suprema y es en ese trámite que se encuentra el futuro de la Villa el Comendador.

La constructora evade el estudio de impacto ambiental

Cualquier proyecto que se desarrolle en el país, y que de alguna manera genere impactos ambientales, por ley debería someterse a los reglamentos impuestos por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.

Para esto existen dos alternativas, por una parte está la posibilidad de que el titular del proyecto realice una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que no es más que una declaración jurada donde quien ejecuta el proyecto entrega antecedentes al Servicio de Evaluación Ambiental en el que declara que la obra no generará ningún impacto de los descritos en el artículo 11 de la ley 19300.

De lo contrario, no basta solo con una DIA, sino que el proyecto debería someterse a un Estudio de Impacto Ambiental donde el proceso es mucho más riguroso, cuenta con una etapa de participación ciudadana, una revisión exhaustiva de la línea de base de la propuesta y un plan de mitigación que prioriza la protección de quienes podrían verse afectados con una iniciativa empresarial de cualquier característica.

La ley 19.300 en el artículo 11 pone énfasis en que un proyecto no ponga en riesgo la salud de la población, que no existan efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales, la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, entre otros aspectos.

El desarrollo de cuatro torres de doce pisos en un terreno que colinda con una escuela de educación básica y una comunidad que data desde 1970, donde sus habitantes en un setenta por ciento son adultos mayores y donde el cierre perimetral de la construcción se encuentra a solo treinta metros de la primera línea de una población de más de trecientas casas de un piso, podría tener impactos en la forma de vida de las personas.

Según el Urbanista de la Universidad de Chile Jorge Inzunza, proyectos como el propuesto por la Inmobiliaria Vivacera S.A “hace que se cambie la forma de vida por un modelo de arrendamiento, hace que el barrio pierda arraigo, no tenga permanencia en el tiempo, la gente no va construyendo redes, al contrario, el barrio se convierte en desechable. Esto tiene distintos tipos de consecuencias y los efectos culturales no siempre se discuten, y ahí está el problema, porque se pierden las redes, la gente se encierra y se aísla, pierde la gestión y el desarrollo comunitario”.

Incluso, según la propia Declaración de Impacto Ambiental que la inmobiliaria entregó al Servicio de Evaluación Ambiental, al momento de describir los efectos que la construcción podría generar en las personas, solo los describen en un párrafo de un documento de 30 páginas, donde dicen que  “los Proyectos Inmobiliarios de edificios de departamentos pueden provocar, en primer lugar, el desplazamiento de los grupos humanos que habitan los terrenos en los que se planean ejecutar, y pueden provocar aumentos en los tiempos de desplazamiento, en el caso que la vialidad y disponibilidad de transporte no sean capaces de soportar la demanda adicional que la operación de estos supone. Por otra parte, generan mayor presión sobre los sistemas de salud y servicios cercanos, pudiendo causar una afectación al acceso a estos”.

Rodrigo Avendaño, abogado de Defendamos la Ciudad, explicó que la Declaración de Impacto Ambiental “es una declaración jurada donde las inmobiliarias descartan cada uno de los efectos e impactos. La función del SEA debería ser cuestionarlas, por el contrario, generalmente este adhiere a lo que dicen la inmobiliaria. Este es un defecto del SEA que no hace su trabajo de forma rigurosa, y los Seremis a los que se les pide informes también son poco rigurosos, lo que trasforma al SEA en un mero trámite para las empresas”.

“A través de relatos, estudios, estadísticas, las inmobiliarias justifican que no existen impactos sin describir de forma acabada el área de influencia y la línea de base. En virtud de eso, si no hay impacto se debería optar por una declaración, pero producto de que se oculta información al Servicio de Evaluación Ambiental y no describen a la gente, sus características y sus costumbres, debería exigirse un Estudio de Impacto Ambiental”, profundiza el abogado.

La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Edificio Vivaceta de la Inmobiliaria Vivaceta S.A se encuentra en trámite, por lo que aún podrían generarse instancias de fiscalización donde la autoridad se podría cerciorar de los reales impactos que una construcción de esta magnitud podría generar en la forma de un barrio como la Villa El Comendador.