A fines de abril y luego de la cuenta pública  rendida por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, el Frente Amplio anunció que presentaría una solicitud ante la Corte Suprema pidiendo la destitución del jefe nacional del Ministerio Público. Las razones que dieron en el momento se basaron en los dichos del abogado respecto de  las indagaciones por financiamiento irregular de campañas políticas, cohecho y soborno, entre otros delitos.

“Los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórums de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen”, dijo en el momento el Fiscal Nacional, ocasionando la irritación de diversos actores políticos, particularmente del Frente Amplio, que consideraron sus dichos como un reconocimiento a la existencia de dos justicias para los chilenos: una para quienes tienen recursos y otra para los pobres.

Ya han transcurrido dos meses desde que el Frente Amplio expresó su decisión  de solicitar la remoción de Jorge Abbott, sin embargo no se ha materializado en una solicitud ante la Corte Suprema.

La presidenta del partido Poder Ciudadano, Karina Oliva, señaló en entrevista con Radio Universidad de Chile que el Frente Amplio no ha desistido de la idea sino que buscan un momento más propicio para avanzar con el proceso que podría llevar a la destitución del fiscal Abbott.

Fiscal Nacional entregando la cuenta pública en abril de este año

“El Frente Amplio no actúa como lo hacían la Concertación o la Alianza, que hacían todos los cálculos políticos para evitar comprometer una victoria . Si lo ponemos en jerga futbolera, ellos hacían política como Acosta dirigía la selección, a la defensiva. Nosotros representamos la era bielsista, en donde vamos adelante y sin miedo. No damos las batallas solo para ganarlas, sino que enfrentamos las cosas también porque hay convicción política. Lo de la Fiscalía Nacional no es problema judicial, sino político, ya que es un órgano que actúa sin un contralor externo ni para el ámbito financiero ni para revisar las atribuciones del Fiscal Nacional”.

Karina Oliva se refiere a lo que se ha conocido coloquialmente como la “doctrina Abbott” que, según dice la ex candidata a diputada, se ha plasmado claramente en las causas relacionadas al financiamiento ilegal de la política en las que se ha optado por juicios abreviados o en reunir todas las causas en un solo juicio oral contra todos los acusados, como sucedió con en el caso SQM, cuya investigación se dio por cerrada por el Octavo Tribunal de Garantía de Santiago el viernes recién pasado.

Otra de las críticas que realizó la vocera del Frente Amplio fue la situación del sistema penitenciario en Chile y como dentro de las cárceles se vive un sistema completamente alejado de las garantías que otorga un sistema democrático:

 “En un estado de derecho las garantías del mismo no deberían perderse dentro de las cárceles y en Chile se pierden. No hay estado de derecho en los recintos penitenciarios de nuestro país y eso debe ser analizado con una mirada política. Hay que cambiar el sistema y volverlo más democrático y nosotros como conglomerado apostamos por democratizar las instituciones”.

 La presidenta del partido Poder Ciudadano insiste en que las actuaciones del Fiscal Abbott han sido, al menos, reprochables públicamente e insiste en la necesidad del Ministerio Público  de contar con una ente fiscalizador externo. Karina Oliva señaló que el requerimiento de destitución a la Corte Suprema tiene que ver con cuidar la institucionalidad del Ministerio Público y su prestigio, ya que es el mayor organismo persecutor de delitos y ha perdido la confianza de la ciudadanía debido a las causas emblemáticas relacionadas con financiamiento irregular de la política y que eso ha sido, en gran parte, responsabilidad de Jorge Abbott como líder de esta institución del Estado.

 “Estamos terminando de revisar los antecedentes y son muchos. Creo que tenemos fundamentos de peso para llevar adelante esta solicitud de remoción y no por nada  Jorge Abbott decidió contratar los servicios de un reconocido abogado para que ejerza su defensa ante la Corte, él sabe que el Ministerio Público no funciona bien y necesita un defensor de gran envergadura”.

El abogado al que hace referencia la vocera del Frente Amplio es el ex Ministro de Justicia y ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, Luis Bates. Aunque el jurista ha declinado referirse al tema, fuentes cercanas a él confirman que Bates inició hace algunas semanas un estudio de datos y antecedentes para llevar a cabo la defensa del fiscal Abbott.

Luis Bates, quien ejercería la defensa de Abbott ante la Corte Suprema.

Karina Oliva explica que dentro de las actuaciones controvertidas de Jorge Abbott, una de las más graves es su  participación en una reunión con quien es hoy el Ministro de Justicia, particularmente porque el mismo Abbott se había inhabilitado públicamente para actuar en las causas relacionadas con Penta debido a su relación de parentesco con Alfredo Moreno, miembro del directorio de dicha empresa.

“La reunión de Abbott con el entonces senador Larraín, en el mismo Ministerio Público, para hablar de una causa en la que él se inhabilitó, escuchar las peticiones del senador  respecto de Iván Moreira, formalizado en la causa, vulnera no solo la probidad sino también la imparcialidad que debe ejercer la máxima autoridad del órgano persecutor de delitos en Chile. A esto súmese la intención de agilizar las causas para no afectar los quórums en el Congreso, más las denuncias de los propios funcionarios de las fiscalías respecto a abuso y maltrato laboral. Antecedentes hay muchos, pero necesitamos estudiar y proceder para llevar a cabo correctamente este proceso.  Está claro que hay justicia para unos y justicia para otros y eso es un deterioro a la democracia, a la fe pública y a la credibilidad política de nuestras intituciones. Eso es un acto tremendamente grave en una democracia que, supuestamente, busca avanzar”, concluye la dirigenta de Poder Ciudadano.

Una vez que el Frente Amplio decida presentar su propuesta de destitución será la Corte Suprema quien evalúe los méritos de la solicitud. Si es aceptada, el Presidente de la Corte Suprema debe recibir los descargos del fiscal inculpado y luego será el Pleno de la Corte, especialmente convocado al efecto, el encargado de escuchar las pruebas. La remoción solo se decidirá si 12 de los ministros activos de la Corte aprueban la destitución.