La tarde del viernes el gobierno presentó  el nuevo protocolo de aborto firmado por el presidente Sebastián Piñera y su ministro de Salud, Emilio Santelices. El documento acota la objeción de conciencia institucional a aquellas entidades de salud privadas que no mantengan convenios con el Estado en prestaciones gineco-obstétricas y establece sanciones económicas ante el incumplimiento.

El nuevo instructivo generó diferencias al interior de Chile Vamos y la  UDI anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional, una vez que la Contraloría haya tomado razón del nuevo protocolo.

 A juicio del gremialismo, “un derecho constitucional no puede ser condicionado por un convenio. Eso vulnera el principio de objeción de conciencia”, aunque para recurrir a la instancia necesitan del apoyo de RN y Evopoli.

 Para el jefe de bancada de la UDI, el diputado Javier Macaya, el protocolo condiciona las relaciones entre el Estado y la sociedad civil.

 “Siendo una clínica una persona jurídica objetora de conciencia que es algo que está consagrado y legitimado en fallos del Tribunal Constitucional, tal objeción de conciencia no puede suponer que cambien absolutamente las reglas del juego de traspaso de los recursos del estado a la sociedad civil”, señaló el parlamentario a los medios.

 Si bien el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, señaló que están estudiando la idea de apoyar a la UDI, al interior de RN hay voces disidentes. Al respecto el jefe de comité, Andrés Allamand, señaló hoy a El Mercurio que “varios senadores pensamos que sería difícil de explicar el recurrir al TC frente a un reglamento emanado del gobierno”

En ese mismo sentido, el senador Francisco Chahuan manifestó  que con la redacción del nuevo reglamento no es necesario acudir al TC.

 “Creemos en la defensa de la vida del momento mismo de la concepción hasta la muerte natural, debemos preocuparnos para que no se abran nuevos espacios para el aborto libre en nuestro país y ciertamente creemos que en el caso del reglamento del Minsiterio de Salud, acá se logró un justo equilibrio entre lo resuelto por la Contraloría y el TC, por lo tanto no se debiera recurrir a este tribunal nuevamente”.

 Por su parte el gobierno reaccionó con cautela a la idea de la UDI y a través de la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, sostuvo que “cuando decimos que respetamos la decisión individual de los parlamentarios, es porque la respetamos, son facultades que tienen y, por lo tanto, creemos que tienen toda la facultad y la independencia para tomar esa decisión”.

Por su parte, el abogado que asesoró al Partido Socialista en la presentación ante Contraloría, señaló a La Tercera PM que, según su opinión, el protocolo nuevo cumple con lo que dispuso el dictamen de Contraloría. “Determina que las instituciones privadas que celebran convenios con el Estado en materia ginecólogica no van a poder tener objeción de conciencia porque tienen el mismo deber que las instituciones públicas. En ese contexto satisface y se enmarca dentro del sistema jurídico de salud”. Sin embargo,  afirmó que existe debilidad en materia de las sanciones económicas que se plantean en caso de incumplimiento.

“Más que debilidad, uno podría haber esperado mayor claridad respecto del tema de las sanciones que pueden establecerse frente al incumplimiento, sin perjuicio que se hace mención a las reglas generales del código sanitario (…) pero como regla general no tenemos mayor observación. El protocolo cumple con lo dispuesto por el contralor”, expresó el abogado de la Universidad de Chile.

Al cierre de esta edición, el diputado Diego Schalper coordinador de la iniciativa de recurrir al TC, ya contaba con 14 parlamentarios dispuestos a firmar. En la Cámara Alta, en cambio, la senadora por la UDI, Jacqueline  van Rysselberghe, logró alinear a los senadores de su partido, sin embargo, requiere de la concurrencia de al menos dos senadores de Renovación Nacional para lograr los 11 senadores que se necesitan para acudir al Tribunal, lo que hasta esta hora, no ha logrado.