1.En Chile, uno de los grandes desafíos de la reconstrucción democrática ha sido la lucha por Verdad, Justicia y Memoria. Por ello, diversas organizaciones de la sociedad civil se han organizado para abordar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado durante la dictadura cívico-militar. Son estas organizaciones quienes inician un trabajo por preservar, proteger y rescatar las memorias de los crímenes de lesa humanidad cometidos: recuperación de ex centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio, solicitud de declaratoria de monumentos históricos para sitios de memoria y archivos, interposición de querellas judiciales, marchas, investigaciones, proyectos de educación en derechos humanos, creación de archivos orales, representaciones artísticas, entre otras. Asimismo, frente a estas acciones y demandas, el Estado se ha visto en la obligación de asumir su responsabilidad de dar respuesta a las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y ha implementado medidas de verdad, justicia y reparaciones.
2. Paralelamente a estos esfuerzos mayoritarios de memoria en pos de la Verdad, Memoria y Justicia han surgido discursos minoritarios, pero ampliamente publicitados, que justifican, relativizan y niegan los crímenes de lesa humanidad, constituyendo verdaderas formas de negacionismo y de apología de estos crímenes. Esto ha ido acompañado de acciones como el rayado con la frase ¡Viva Pinochet! en un memorial en homenaje a quienes fueron asesinados por durante la pasada dictadura, los dichos del diputado Urrutia en el Congreso, el lanzamiento del libro Las respuestas de Corbalán del ex agente y ex director operativo de la CNI y condenado a más de 130 años de prisión por una serie de violaciones a los Derechos Humanos, Álvaro Corbalán, el retiro por parte del Ejecutivo del proyecto de reparación material de víctimas de tortura y prisión política que se tramitaba en el Congreso Nacional aduciendo temas presupuestarios, sin que a la fecha se hayan expuesto la forma en que el nuevo gobierno enfrentará la reparación de estas víctimas y la utilización de instancias judiciales, como el Tribunal Constitucional, para intentar detener los juicios por graves violaciones de derechos humanos, que si bien no han logrado su objetivo, sí han sido un nuevo obstáculo para administrar justicia. Miradas en su conjunto, estas acciones constituyen hechos graves que afectan seriamente las bases de un proyecto colectivo que hemos desarrollado como país en materia de Verdad, Justicia y Memoria durante las últimas décadas.
3. En este contexto, el día de ayer se informa del indulto a 8 criminales de Lesa Humanidad otorgado por la Corte Suprema, lo que va consolidando una tendencia a dar beneficio penitenciarios a quienes han cometido graves violaciones de derechos humanos, sin cumplir con los estándares internacionales que hoy regulan estas materias y que buscan impedir formas de impunidad de facto. Resulta indignante que quienes son hoy indultados, no entreguen información que nos permita conocer el destino final de quienes fueron secuestrados, asesinados y hechos desaparecer por el terrorismo de Estado.
Frente a este contexto nos parece pertinente declarar lo siguiente:
4. Como Cátedra de Derechos Humanos, condenamos los hechos descritos destinados a controvertir nuestra historia y los indultos a criminales de Lesa Humanidad y hacemos un llamado de alerta . Este ha sido y es un esfuerzo colectivo que no puede estar sujeto a condicionantes partidistas.
5. Asimismo, creemos que ante los discursos de odio y revisionistas debemos reaccionar y enfrentarlos desde un enfoque crítico y reflexivo. No podemos guardar un silencio cómplice frente a acciones que busquen negar y relativizar la historia y la memoria de nuestro pasado reciente.
6. Reiteramos que es deber del Estado, en tanto perpetrador de los crímenes, educar en el respeto, promoción y defensa de los Derechos Humanos; es su deber generar las condiciones necesarias para seguir avanzado en relación a toda la verdad de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en nuestro país por un Estado terrorista; y debe hacerlo no solo porque es su obligación con las víctimas y sus familias, sino también, con la sociedad en su conjunto.
7. Los avances conseguidos durante más de 28 años de lucha y resistencia por reconstruir la memoria colectiva en nuestro país no se pueden detener ni menos revertir. En esta tarea es fundamental continuar apoyando la lucha de más de 40 años de las organizaciones de derechos humanos, pero también es urgente el rol del Estado y sus instituciones, incluida nuestra Universidad, quienes tienen la obligación ética y moral de profundizar los esfuerzos por preservar la memoria y alcanzar la verdad y la justicia, para con ello garantizar que Nunca Más viviremos en Chile los horrores de la dictadura.
