El horizonte del proyecto que busca despenalizar el aborto hasta la semana 14
El proyecto busca despenalizar la práctica del aborto (no legalizarlo), para que las mujeres que opten por interrumpir su embarazo antes de las 14 semanas, no deban ir a la cárcel.
Martes 21 de agosto 2018 11:53 hrs.
Pasadas las 11 de la mañana de este martes las parlamentarias firmantes, Camila Rojas (IA), Camila Vallejo(PC), Karol Cariola (PC), Maite Orsini (RD), Natalia Castillo (RD), Gael Yeomans (IL), Claudia Mix (Poder), Daniella Ciccardini (PS), Emilia Nuyado (PS), Catalina Pérez (RD) y Cristina Girardi (PPD), ofrecieron un punto de prensa para explicar su proyecto de ley sobre “despenalización del aborto por decisión de la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación”. En él, presentan una serie de referencias de organismos internacionales que sostienen al aborto como una política en favor de la no discriminación en contra de la mujer y que lo contemplan como un reconocimiento de la igualdad de derechos en el ámbito sexual y reproductivo.
Maite Orsini, diputada de Revolución Democrática declaró a los medios presentes que quienes impulsan la iniciativa “sabemos que la derecha, como lo ha hecho en otras oportunidades de la historia, se va a oponer a que demos este debate. Pero tal como ocurrió con los anticonceptivos y con el divorcio, Chile va a avanzar, porque las mujeres estamos acá para avanzar en este debate. Este proyecto viene a resolver algo fundamental. No puede ser que niñas, adolescentes y mujeres vayan a la cárcel por abortar. Eso es contrario al sentido común. Esperamos que, tal como ocurrió en Argentina, haya diputados de derecha que estén dispuestos a avanzar en esta materia. Creemos en la maternidad deseada. Este proyecto no obliga a nadie abortar, sino que impide que las mujeres vayan a la cárcel por decidir terminar con un embarazo no deseado”.
Situación similar a la que vivió este martes el congreso chileno se dio en Argentina hace algunas semanas. La llamada “marea verde” como se denominó al movimiento que promueve el aborto libre en el vecino país, sabía que el principal escollo para la aprobación del proyecto de aborto legal sería el Senado. Habían repletado las calles para la jornada que le dio el vamos a la normativa en la Cámara de Diputados, por 129 votos a favor y 125 en contra, y así también lo hicieron para el histórico 8 de agosto.
Afuera del Congreso argentino se congregaron cientos de miles de mujeres para reclamar la aprobación de un proyecto de ley que vio cómo se cerraban las puertas en la recta final. Con 38 votos en contra y 31 a favor, el movimiento feminista trasandino lamentó la derrota en manos d la Cámara Alta y se resignó a liderar un año más de movimiento social para, en 2019, insistir en la legislación que les permita a las mujeres acceder a un aborto legal antes de las 14 semanas de embarazo.
En Chile recién se aprobó una ley que regule el aborto para tres específicas causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Esto alcanzaría a cubrir apenas el 3 por ciento de los abortos que se realizan en el país cada año. Asimismo, también se aprobó la posibilidad de ser objetor, tanto en instituciones privadas como públicas, alcanzando cifras que reflejan que la mitad de los médicos de hospitales públicos son objetores de consciencia por al menos una de las tres causales.
A raíz de esto, la Federación Internacional de Derechos Humanos publicó una declaración en la que hacen un llamado a suprimir los obstáculos que les impiden a las mujeres ejercer el derecho de acceder a un aborto legal y seguro. “Las últimas medidas tomadas por las autoridades chilenas con relación a la objeción de conciencia parecen más concebidas para no aplicar la ley que para garantizar el acceso al aborto legal y seguro en las tres causales previstas”, afirmó Elsie Monge, Vicepresidenta de la FIDH.
José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, declaró también que “las autoridades chilenas deben tomar las medidas legales y administrativas necesarias para garantizar el acceso efectivo, oportuno y sin discriminación a servicios de aborto legal y seguro de calidad y en todo el territorio, en las tres causales previstas por la ley. También deben encaminarse a poner término a los obstáculos aún vigentes que impiden el pleno respeto de la libertad de decisión de las mujeres en materia sexual y reproductiva, garantizando así el acceso al aborto para todas y en todas circunstancias”.
Es así como el proyecto postula “Asegurar el pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres en el país requiere contar con una legislación que despenalice el aborto cuando este ha sido decidido por la mujer, dentro de las primeras catorce semanas de gestación. Para ello se propone modificar el Código Penal de manera que el aborto decidido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación deje de ser un delito”.
El proyecto ha sido intensamente trabajado también en la Mesa de Acción por el Aborto. La vocera de la plataforma, Gloria Maira, aprovecha de explicar que el sentido del proyecto no es la legalización del aborto, sino su despenalización: “El objetivo es sacar la penalización del aborto del Código Penal. Esto no es un testimonio, no es simbólico, es fundamental que la autonomía reproductiva de las mujeres sea reconocida en el país. No puede ser que las mujeres sigamos yendo a la cárcel por las decisiones reproductivas. Esperamos que se debata y que avance. No es un proyecto que legalice el aborto. Esta es una moción, y en las mociones no se pueden comprometer fondos públicos, entonces este proyecto despenaliza el aborto, pero no lo legaliza, porque no puede dar garantías de acceso a la prestación. Lo que hace es sacar del Código Penal la penalización a las mujeres en su libre decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo”.
El texto presentado por las diputadas afirma que “en el ámbito de la sexualidad y la reproducción históricamente las mujeres han sido objeto, en la práctica, de toda clase de controles y tutelas que desmienten su condición de sujetas titulares de derechos. En particular, con ocasión del embarazo estas tutelas se exacerban y aquella titularidad en tanto sujeta de derechos deviene en relativa o es derechamente negada”.
En conversación con este medio, Cristina Girardi (PPD), manifestó que es hora de cambiar la percepción que existe respecto de las mujeres: “Esta pelea tiene que ver con cosas que tienen mucho sentido para nosotras. Esto no quiere decir que uno va a tener una ley de aborto y las mujeres van a correr a hacerse un aborto. Yo creo que hoy hay una profunda desconfianza hacia las mujeres. Se piensa que no somos autónomas o que no somos capaces de decidir, y que seguramente si se aprueba la ley van a tomar decisiones irresponsables. Es como que les van a abrir la puerta para que hagan lo que quieran. Eso es partir de la base de que la mujer es irresponsable y que no tiene capacidad de decisión”.
Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, una de las organizaciones detrás de la elaboración del proyecto, se refiere al foco del texto. Según señala, la discusión no se trata de si se está de acuerdo con el aborto o no, sino que sobre las condiciones que debiera enfrentar una mujer que decide interrumpir su embarazo: “Las mujeres abortamos igual, el problema es que, al ser considerado un delito, lo hacemos en condiciones de clandestinidad y estigma, incurriendo en riesgos para nuestra salud y libertad. Las leyes, en lugar de proteger la vida de mujeres y niñas, contemplan sanciones penales y la sanción de la cárcel. Por eso queremos cambiarlo. Tal como en Argentina, la sociedad demanda cambios normativos y leyes que protejan la vida y salud de las mujeres. En Argentina faltaron algunos votos para lograr el aborto legal, pero claramente la ciudadanía votó que sí. No estamos discutiendo si estamos a favor o en contra del aborto, porque una ley no va a obligar a interrumpir el embarazo. No estamos hablando de aborto sí o no, sino delas condiciones en las que una mujer puede acceder al aborto. Si voy a ser respetada en mi decisión o si me van a denunciar. En una democracia eso se tiene que discutir. ¿Quiénes son las personas que hoy en día van a seguir sosteniendo que las mujeres, cuando toman una decisión así, deben ser encarceladas?”
La presentación del proyecto se llevó a cabo en medio de una contra manifestación liderada por parlamentarios de la UDI y organizaciones autodenominadas “provida”.
*Foto: Twitter @luna_rojav
Pasadas las 11 de la mañana de este martes las parlamentarias firmantes, Camila Rojas (IA), Camila Vallejo(PC), Karol Cariola (PC), Maite Orsini (RD), Natalia Castillo (RD), Gael Yeomans (IL), Claudia Mix (Poder), Daniella Ciccardini (PS), Emilia Nuyado (PS), Catalina Pérez (RD) y Cristina Girardi (PPD), ofrecieron un punto de prensa para explicar su proyecto de ley sobre “despenalización del aborto por decisión de la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación”. En él, presentan una serie de referencias de organismos internacionales que sostienen al aborto como una política en favor de la no discriminación en contra de la mujer y que lo contemplan como un reconocimiento de la igualdad de derechos en el ámbito sexual y reproductivo.
Maite Orsini, diputada de Revolución Democrática declaró a los medios presentes que quienes impulsan la iniciativa “sabemos que la derecha, como lo ha hecho en otras oportunidades de la historia, se va a oponer a que demos este debate. Pero tal como ocurrió con los anticonceptivos y con el divorcio, Chile va a avanzar, porque las mujeres estamos acá para avanzar en este debate. Este proyecto viene a resolver algo fundamental. No puede ser que niñas, adolescentes y mujeres vayan a la cárcel por abortar. Eso es contrario al sentido común. Esperamos que, tal como ocurrió en Argentina, haya diputados de derecha que estén dispuestos a avanzar en esta materia. Creemos en la maternidad deseada. Este proyecto no obliga a nadie abortar, sino que impide que las mujeres vayan a la cárcel por decidir terminar con un embarazo no deseado”.
Situación similar a la que vivió este martes el congreso chileno se dio en Argentina hace algunas semanas. La llamada “marea verde” como se denominó al movimiento que promueve el aborto libre en el vecino país, sabía que el principal escollo para la aprobación del proyecto de aborto legal sería el Senado. Habían repletado las calles para la jornada que le dio el vamos a la normativa en la Cámara de Diputados, por 129 votos a favor y 125 en contra, y así también lo hicieron para el histórico 8 de agosto.
Afuera del Congreso argentino se congregaron cientos de miles de mujeres para reclamar la aprobación de un proyecto de ley que vio cómo se cerraban las puertas en la recta final. Con 38 votos en contra y 31 a favor, el movimiento feminista trasandino lamentó la derrota en manos d la Cámara Alta y se resignó a liderar un año más de movimiento social para, en 2019, insistir en la legislación que les permita a las mujeres acceder a un aborto legal antes de las 14 semanas de embarazo.
En Chile recién se aprobó una ley que regule el aborto para tres específicas causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Esto alcanzaría a cubrir apenas el 3 por ciento de los abortos que se realizan en el país cada año. Asimismo, también se aprobó la posibilidad de ser objetor, tanto en instituciones privadas como públicas, alcanzando cifras que reflejan que la mitad de los médicos de hospitales públicos son objetores de consciencia por al menos una de las tres causales.
A raíz de esto, la Federación Internacional de Derechos Humanos publicó una declaración en la que hacen un llamado a suprimir los obstáculos que les impiden a las mujeres ejercer el derecho de acceder a un aborto legal y seguro. “Las últimas medidas tomadas por las autoridades chilenas con relación a la objeción de conciencia parecen más concebidas para no aplicar la ley que para garantizar el acceso al aborto legal y seguro en las tres causales previstas”, afirmó Elsie Monge, Vicepresidenta de la FIDH.
José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, declaró también que “las autoridades chilenas deben tomar las medidas legales y administrativas necesarias para garantizar el acceso efectivo, oportuno y sin discriminación a servicios de aborto legal y seguro de calidad y en todo el territorio, en las tres causales previstas por la ley. También deben encaminarse a poner término a los obstáculos aún vigentes que impiden el pleno respeto de la libertad de decisión de las mujeres en materia sexual y reproductiva, garantizando así el acceso al aborto para todas y en todas circunstancias”.
Es así como el proyecto postula “Asegurar el pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres en el país requiere contar con una legislación que despenalice el aborto cuando este ha sido decidido por la mujer, dentro de las primeras catorce semanas de gestación. Para ello se propone modificar el Código Penal de manera que el aborto decidido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación deje de ser un delito”.
El proyecto ha sido intensamente trabajado también en la Mesa de Acción por el Aborto. La vocera de la plataforma, Gloria Maira, aprovecha de explicar que el sentido del proyecto no es la legalización del aborto, sino su despenalización: “El objetivo es sacar la penalización del aborto del Código Penal. Esto no es un testimonio, no es simbólico, es fundamental que la autonomía reproductiva de las mujeres sea reconocida en el país. No puede ser que las mujeres sigamos yendo a la cárcel por las decisiones reproductivas. Esperamos que se debata y que avance. No es un proyecto que legalice el aborto. Esta es una moción, y en las mociones no se pueden comprometer fondos públicos, entonces este proyecto despenaliza el aborto, pero no lo legaliza, porque no puede dar garantías de acceso a la prestación. Lo que hace es sacar del Código Penal la penalización a las mujeres en su libre decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo”.
El texto presentado por las diputadas afirma que “en el ámbito de la sexualidad y la reproducción históricamente las mujeres han sido objeto, en la práctica, de toda clase de controles y tutelas que desmienten su condición de sujetas titulares de derechos. En particular, con ocasión del embarazo estas tutelas se exacerban y aquella titularidad en tanto sujeta de derechos deviene en relativa o es derechamente negada”.
En conversación con este medio, Cristina Girardi (PPD), manifestó que es hora de cambiar la percepción que existe respecto de las mujeres: “Esta pelea tiene que ver con cosas que tienen mucho sentido para nosotras. Esto no quiere decir que uno va a tener una ley de aborto y las mujeres van a correr a hacerse un aborto. Yo creo que hoy hay una profunda desconfianza hacia las mujeres. Se piensa que no somos autónomas o que no somos capaces de decidir, y que seguramente si se aprueba la ley van a tomar decisiones irresponsables. Es como que les van a abrir la puerta para que hagan lo que quieran. Eso es partir de la base de que la mujer es irresponsable y que no tiene capacidad de decisión”.
Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, una de las organizaciones detrás de la elaboración del proyecto, se refiere al foco del texto. Según señala, la discusión no se trata de si se está de acuerdo con el aborto o no, sino que sobre las condiciones que debiera enfrentar una mujer que decide interrumpir su embarazo: “Las mujeres abortamos igual, el problema es que, al ser considerado un delito, lo hacemos en condiciones de clandestinidad y estigma, incurriendo en riesgos para nuestra salud y libertad. Las leyes, en lugar de proteger la vida de mujeres y niñas, contemplan sanciones penales y la sanción de la cárcel. Por eso queremos cambiarlo. Tal como en Argentina, la sociedad demanda cambios normativos y leyes que protejan la vida y salud de las mujeres. En Argentina faltaron algunos votos para lograr el aborto legal, pero claramente la ciudadanía votó que sí. No estamos discutiendo si estamos a favor o en contra del aborto, porque una ley no va a obligar a interrumpir el embarazo. No estamos hablando de aborto sí o no, sino delas condiciones en las que una mujer puede acceder al aborto. Si voy a ser respetada en mi decisión o si me van a denunciar. En una democracia eso se tiene que discutir. ¿Quiénes son las personas que hoy en día van a seguir sosteniendo que las mujeres, cuando toman una decisión así, deben ser encarceladas?”
La presentación del proyecto se llevó a cabo en medio de una contra manifestación liderada por parlamentarios de la UDI y organizaciones autodenominadas “provida”.
*Foto: Twitter @luna_rojav
Pasadas las 11 de la mañana de este martes las parlamentarias firmantes, Camila Rojas (IA), Camila Vallejo(PC), Karol Cariola (PC), Maite Orsini (RD), Natalia Castillo (RD), Gael Yeomans (IL), Claudia Mix (Poder), Daniella Ciccardini (PS), Emilia Nuyado (PS), Catalina Pérez (RD) y Cristina Girardi (PPD), ofrecieron un punto de prensa para explicar su proyecto de ley sobre “despenalización del aborto por decisión de la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación”. En él, presentan una serie de referencias de organismos internacionales que sostienen al aborto como una política en favor de la no discriminación en contra de la mujer y que lo contemplan como un reconocimiento de la igualdad de derechos en el ámbito sexual y reproductivo.
Maite Orsini, diputada de Revolución Democrática declaró a los medios presentes que quienes impulsan la iniciativa “sabemos que la derecha, como lo ha hecho en otras oportunidades de la historia, se va a oponer a que demos este debate. Pero tal como ocurrió con los anticonceptivos y con el divorcio, Chile va a avanzar, porque las mujeres estamos acá para avanzar en este debate. Este proyecto viene a resolver algo fundamental. No puede ser que niñas, adolescentes y mujeres vayan a la cárcel por abortar. Eso es contrario al sentido común. Esperamos que, tal como ocurrió en Argentina, haya diputados de derecha que estén dispuestos a avanzar en esta materia. Creemos en la maternidad deseada. Este proyecto no obliga a nadie abortar, sino que impide que las mujeres vayan a la cárcel por decidir terminar con un embarazo no deseado”.
Situación similar a la que vivió este martes el congreso chileno se dio en Argentina hace algunas semanas. La llamada “marea verde” como se denominó al movimiento que promueve el aborto libre en el vecino país, sabía que el principal escollo para la aprobación del proyecto de aborto legal sería el Senado. Habían repletado las calles para la jornada que le dio el vamos a la normativa en la Cámara de Diputados, por 129 votos a favor y 125 en contra, y así también lo hicieron para el histórico 8 de agosto.
Afuera del Congreso argentino se congregaron cientos de miles de mujeres para reclamar la aprobación de un proyecto de ley que vio cómo se cerraban las puertas en la recta final. Con 38 votos en contra y 31 a favor, el movimiento feminista trasandino lamentó la derrota en manos d la Cámara Alta y se resignó a liderar un año más de movimiento social para, en 2019, insistir en la legislación que les permita a las mujeres acceder a un aborto legal antes de las 14 semanas de embarazo.
En Chile recién se aprobó una ley que regule el aborto para tres específicas causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Esto alcanzaría a cubrir apenas el 3 por ciento de los abortos que se realizan en el país cada año. Asimismo, también se aprobó la posibilidad de ser objetor, tanto en instituciones privadas como públicas, alcanzando cifras que reflejan que la mitad de los médicos de hospitales públicos son objetores de consciencia por al menos una de las tres causales.
A raíz de esto, la Federación Internacional de Derechos Humanos publicó una declaración en la que hacen un llamado a suprimir los obstáculos que les impiden a las mujeres ejercer el derecho de acceder a un aborto legal y seguro. “Las últimas medidas tomadas por las autoridades chilenas con relación a la objeción de conciencia parecen más concebidas para no aplicar la ley que para garantizar el acceso al aborto legal y seguro en las tres causales previstas”, afirmó Elsie Monge, Vicepresidenta de la FIDH.
José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, declaró también que “las autoridades chilenas deben tomar las medidas legales y administrativas necesarias para garantizar el acceso efectivo, oportuno y sin discriminación a servicios de aborto legal y seguro de calidad y en todo el territorio, en las tres causales previstas por la ley. También deben encaminarse a poner término a los obstáculos aún vigentes que impiden el pleno respeto de la libertad de decisión de las mujeres en materia sexual y reproductiva, garantizando así el acceso al aborto para todas y en todas circunstancias”.
Es así como el proyecto postula “Asegurar el pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres en el país requiere contar con una legislación que despenalice el aborto cuando este ha sido decidido por la mujer, dentro de las primeras catorce semanas de gestación. Para ello se propone modificar el Código Penal de manera que el aborto decidido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación deje de ser un delito”.
El proyecto ha sido intensamente trabajado también en la Mesa de Acción por el Aborto. La vocera de la plataforma, Gloria Maira, aprovecha de explicar que el sentido del proyecto no es la legalización del aborto, sino su despenalización: “El objetivo es sacar la penalización del aborto del Código Penal. Esto no es un testimonio, no es simbólico, es fundamental que la autonomía reproductiva de las mujeres sea reconocida en el país. No puede ser que las mujeres sigamos yendo a la cárcel por las decisiones reproductivas. Esperamos que se debata y que avance. No es un proyecto que legalice el aborto. Esta es una moción, y en las mociones no se pueden comprometer fondos públicos, entonces este proyecto despenaliza el aborto, pero no lo legaliza, porque no puede dar garantías de acceso a la prestación. Lo que hace es sacar del Código Penal la penalización a las mujeres en su libre decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo”.
El texto presentado por las diputadas afirma que “en el ámbito de la sexualidad y la reproducción históricamente las mujeres han sido objeto, en la práctica, de toda clase de controles y tutelas que desmienten su condición de sujetas titulares de derechos. En particular, con ocasión del embarazo estas tutelas se exacerban y aquella titularidad en tanto sujeta de derechos deviene en relativa o es derechamente negada”.
En conversación con este medio, Cristina Girardi (PPD), manifestó que es hora de cambiar la percepción que existe respecto de las mujeres: “Esta pelea tiene que ver con cosas que tienen mucho sentido para nosotras. Esto no quiere decir que uno va a tener una ley de aborto y las mujeres van a correr a hacerse un aborto. Yo creo que hoy hay una profunda desconfianza hacia las mujeres. Se piensa que no somos autónomas o que no somos capaces de decidir, y que seguramente si se aprueba la ley van a tomar decisiones irresponsables. Es como que les van a abrir la puerta para que hagan lo que quieran. Eso es partir de la base de que la mujer es irresponsable y que no tiene capacidad de decisión”.
Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, una de las organizaciones detrás de la elaboración del proyecto, se refiere al foco del texto. Según señala, la discusión no se trata de si se está de acuerdo con el aborto o no, sino que sobre las condiciones que debiera enfrentar una mujer que decide interrumpir su embarazo: “Las mujeres abortamos igual, el problema es que, al ser considerado un delito, lo hacemos en condiciones de clandestinidad y estigma, incurriendo en riesgos para nuestra salud y libertad. Las leyes, en lugar de proteger la vida de mujeres y niñas, contemplan sanciones penales y la sanción de la cárcel. Por eso queremos cambiarlo. Tal como en Argentina, la sociedad demanda cambios normativos y leyes que protejan la vida y salud de las mujeres. En Argentina faltaron algunos votos para lograr el aborto legal, pero claramente la ciudadanía votó que sí. No estamos discutiendo si estamos a favor o en contra del aborto, porque una ley no va a obligar a interrumpir el embarazo. No estamos hablando de aborto sí o no, sino delas condiciones en las que una mujer puede acceder al aborto. Si voy a ser respetada en mi decisión o si me van a denunciar. En una democracia eso se tiene que discutir. ¿Quiénes son las personas que hoy en día van a seguir sosteniendo que las mujeres, cuando toman una decisión así, deben ser encarceladas?”
La presentación del proyecto se llevó a cabo en medio de una contra manifestación liderada por parlamentarios de la UDI y organizaciones autodenominadas “provida”.
*Foto: Twitter @luna_rojav
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