La tarde de este lunes, la comisión investigadora sobre el funcionamiento del Crédito con Aval del Estado (CAE) recibe al ex ministro de Educación Sergio Bitar para que exponga sobre el funcionamiento y la implementación de la controversial política educativa. La comisión, que busca indagar en diagnósticos y conclusiones sobre la medida impulsada durante el gobierno de Ricardo Lagos, tiene este lunes su penúltima sesión.

Conversamos con Camila Rojas, Diputada de Izquierda Autónoma, ex presidenta de la Federación de la Universidad de Chile y actual presidenta de la comisión investigadora.

¿Cuál es el balance de lo que ha sido el trabajo en esta instancia? 

Yo me siento bastante conforme con el trabajo que se ha desarrollado. Los miembros de la comisión han tenido el compromiso, todo este tiempo, de estar activos en tanto la participación de los invitados. recibimos a la Comisión Ingresa dos veces, recibimos a la Dirección de Presupuesto, a la Contraloría General, por lo tanto, tenemos harta información que espero pueda condensarse en un informe final que tenga buenas conclusiones.

Las comisiones investigadoras surgen de temas de gran conmoción pública, por eso, llegar a consensos es mucho más difícil. En general, ¿cómo ha sido el trabajo? ¿existe posibilidad de avanzar hacia el consenso?

La constitución de la comisión da ciertas luces porque finalmente, cuando se aprueba, es unánime la votación y efectivamente la participación al comienzo también tiene una presencia importante de personeros de la Nueva Mayoría, también de Chile Vamos y Frente Amplio, por lo tanto, creo que esa constitución trasversal debería tener una expresión en el informe final. Ahora nos encontramos con dificultades evidentes que tienen que ver siempre con buscar responsabilidades, y yo creo que, en ese sentido, van a existir ciertas diferencias, porque acá, además, en la implementación del CAE han pasado administraciones de ambas coaliciones, por lo tanto, la crítica es más bien trasversal de mostrar un sistema que ya mostraba sus dificultades a los cinco años de implementación, así que yo creo que va a ser tenso. Puede ser que exista un informe de mayoría y un informe de minoría, es algo que estamos evaluando y, finalmente, en el informe vamos a tener que ver si hay suficiente consenso o si bien vamos a dejar todos expresadas nuestras posturas.

¿Qué ha pasado con los invitados que no querían ir? El ex ministro Sergio Bitar dijo que no quería ir…

Yo creo que hemos dado credenciales de que es un espacio serio y que no se trataba de apuntar con el dedo y sacar cuentas, sino por el contrario, que era un espacio que efectivamente buscaba tener los antecedentes existentes sobre la mesa para hacer una evaluación de este crédito. Hemos dado cuenta de que esto es una evaluación bastante ardua del impacto que ha tenido el crédito para los endeudados y endeudadas de lo que ha significado para el fisco, por lo tanto, ha sido bien acabado, por lo mismo, se nos confirmó para hoy la asistencia de Sergio Bitar. El día vienes entró por oficio la respuesta del ex presidente lagos, por lo tanto, vamos teniendo las respuestas más políticas que esperábamos, sobre todo referidas al diseño del CAE, porque lo que se trata de la implementación es lo que más habíamos avanzado.

Si de usted dependiera repartir lar proporciones de los ingredientes -responsabilidad individual y responsabilidades del Estado a largo plazo- ¿cómo lo haría?

Creo que de base hay que sentar que hay responsabilidades que tienen que ver con el diseño de la política y otras que tiene que ver derechamente con su implementación, y a mí me parece que ahí hay que balancear cuál tiene mayor responsabilidad. Si dependiera de mí, en la implementación hay mayor responsabilidad, porque ya a sabiendas de que el sistema tenía fallas de funcionamiento, no se cambia. Si lo vemos en términos de las movilizaciones de los distintos procesos que se han ido viviendo, ya en 2012 el CAE se tenía que terminar y no fue así, se mantuvo con cambios que introdujo la primera administración del Presidente Piñera, pero esos cambios finalmente profundizan el sistema. Si bien la administración de la ex presidenta Michelle Bachelet se comprometió con el fin de este crédito, el proyecto se presentó en los últimos días de su administración y luego fue retirado por el actual gobierno, entonces vemos que ha habido al menos ocho años que si bien hay un consenso que hay que terminar con el crédito se ha seguido endeudando a estudiantes y, por lo tanto, a sus familias. El ex Presidente Lagos incorporaba un antecedente bien relevante en parte de su respuesta. Él mencionaba que cuando se diseña el crédito para 2013, poco más de cuarenta mil estudiantes tuvieron el crédito, pero en 2013 habían más de 340 mil estudiantes con el crédito, por lo tanto, las proyecciones que existieron en el diseño se multiplicaron seis o siete veces más, entonces ese diseño tuvo fallas porque un buen diseño lo que hace es prever esa situación.

En 2001 el CAE se convirtió en una bandera. Lagos y Bitar se transformaron en niños símbolos. Luego vino el gobierno de Michelle Bachelet y ahí ya se sabía la tasa de endeudamiento, sin embargo, no se hizo mucho…  

Empezó a haber conocimiento en el primer gobierno de Bachelet. Recordemos que se implementa en 2006, con la movilización pingüina, y a los cinco años uno puede hacer una evaluación de lo que implica y de cómo se está trasformado el sistema de educación superior, pero ya en el primer gobierno de Sebastián Piñera eso estaba completamente asentado.

Lo que se hizo en el gobierno de Piñera fue subsidiar a los bancos, porque se rebaja el interés para los estudiantes. Eso tiene un efecto positivo para quienes antes pagaban 6 por ciento, pues ahora eso se rebaja, sin embargo, es con un subsidio a los bancos directamente, por lo tanto el fisco sigue gastando dinero de las arcas fiscales para hacer que esta política funcione, entonces ahí cambia la dinámica, porque cuando se diseña, se piensa que estén los bancos presentes porque el fisco no tiene el suficiente dinero para financiar de otro modo la educación superior, sin embargo, siete años después el fisco tiene suficiente dinero para subsidiar a los bancos, entonces hay decisiones que se toman en el camino.

Cuando el movimiento estudiantil dice que este sistema es absurdo, ¿lo que opera es la falta de voluntad política de las autoridades de turno para tomar medidas que reviertan esta situación?

Muchos de los que adquieren el CAE desertan de sus carreras o las terminan, pero no tienen empleo en lo que estudiaron, por lo tanto, hay una promesa incumplida a raíz del crédito. A raíz de ese consenso que existía, que rechaza el CAE, existe también consenso político -ambas coaliciones dicen que hay que terminar con el CAE y el ministro Beyer presentó una propuesta que le hacía modificaciones, y la ministra Delpiano presentó un proyecto que es como lo mismo-. Pese a existir ese consenso no se termina con el CAE y hoy vamos a cumplir seis meses de esta nueva administración. Ellos presentaron un proyecto que está en el Senado, sin embargo, nuestra visión es que el proyecto saca a los bancos -que es algo necesario-. El Estado pasó de ser aval a ser un garante más hacia los bancos que hacia los estudiantes. Hay una posición en que todos dicen que hay que acabar con el CAE, pero faltan esas voluntades. La educación se sigue entendiendo no completamente como un derecho. Y hay estudiantes de primera segunda y tercera categoría. Hay gente que puede estudiar gratis, por la institución a la que ingresan, por las condiciones económicas que tienen, hay otros que ingresan a instituciones seguramente de peor calidad y que adquieren ese crédito. Esa mezcla no es virtuosa y ha tenido un impacto en la forma del sistema de educación superior.

Con todo lo que le traspasa el Estado a la banca, ¿podría entregar directamente el crédito sin que los estudiantes tuvieran que endeudarse como lo hacen hoy?

Las cifras que presentó la comisión Ingresa era que se habían entregado 800 mil créditos y si eso se hubiese transformado en ingreso directo a los estudiantes eran aproximadamente 500 mil estudios sin endeudarse. El punto de vista que se presentaba era que hubiesen quedado 300 mil fuera, pero es bastante distinto tener 800 mil endeudados que tener 500 mil que estudian sin deuda con nadie. La mayoría de los que fuimos parte de la movilización quedamos extrañados ante una cifra de ese calibre.

Cuando el ex minsitro Bitar dijo que el ingreso de la banca al crédito era la única vía de viabilizarlo, ¿uno podría decir que esa idea está en cuestión?

Con el paso de los años siempre es distinto evaluarlo. Lo que nosotros vemos es que en un momento el fisco pasó a pagar directamente todos esos créditos y, por lo tanto, a asegurarle al banco que el crédito iba a estar pagado. El banco después dejó de jugar cualquier rol. Ese es un punto importante, porque a los bancos se les debió haber sacado mucho antes de esta política. Incluso pensando en la dinámica de mantener un crédito, y no eliminar la forma de crédito, aun así, los bancos pudieron haber salido mucho antes. Los abusos que cometen los bancos con los estudiantes son bien radicales, entonces en ese sentido hay peores condiciones de los estudiantes y egresados endeudados que de cualquier otro deudor. Esa situación a nosotros nos parece grave.

¿Sería deseable un financiamiento 100 por ciento público y que el estudiante se endeude con el Estado?

La mejor versión es que no existan créditos. Por otro lado, hay que hacerse cargo de los estudiantes que ya se endeudaron. Es una política desde 2006. Desde el FA defendemos esa posibilidad. En ese sentido creemos que el trabajo de la comisión se ha ido enfocando hacia allá. Nuestra posición es que se considere la posición de los endeudados como una situación a considerar y que amerita reparación. Estamos dando la razón de que existió un crédito que fue perjudicial y que, más allá de que haya hecho crecer la matricula, que es la forma en que se sigue defendiendo, ha generado perjuicios relevantes. Cuando hablamos del crecimiento de la matrícula, hablamos de un sistema masivo, lucrativo y de baja calidad. Es cuestionable. Habrá quienes lo defiendan y quienes, como yo, creemos que lo que provocó son aún mayores problemas.

 La política de crédito ha terminado alimentando el financiamiento de varias universidades privadas al punto de que hoy tenemos universidades privadas desde el punto de vista de su operación, pero públicas del punto de vista de su financiamiento. ¿Qué pasa con esta política?

Previo a la implementación del CAE, las universidades privadas existían, sin embargo, lo que el CAE viabiliza es la posibilidad de que con recursos que tienen aval de Estado, y que después tienen garantías del Estado, las instituciones privadas se financien en porcentajes importantes por el Estado. Nos parece importante relevar eso. El sistema de educación superior tomó una forma, que tiene a un 15 por ciento de estudiantes en la educación estatal y un 85 por ciento que está en la educación privada y esa forma principalmente se debe a este crédito. Desde la comisión abrimos un proceso para que las personas que están endeudadas con el CAE, Fondo Solidario y el Corfo, pudiesen mandar sus testimonios. Habilitamos un correo que es educam@congreso.cl y tenemos plazo hasta el 10 de septiembre pare recibirlos.