Después de 40 días, el Congreso peruano aprobó la noche del miércoles un voto de confianza a los proyectos de ley presentados por el Presidente Martín Vizcarra para combatir la corrupción.

El debate previo se extendió por unas nueve horas, mientras entre los parlamentarios circulaba la advertencia hecha por el propio mandatario hace sólo algunos días en el sentido que si no se lograba el apoyo de los legisladores a las iniciativas, cerraría el Congreso y convocaría a nuevas elecciones.

Si bien esta posibilidad está contenida en la Constitución Política, la denominada “cuestión de confianza”, lo cierto es que fue el remezón que requería el cuerpo legislativo para salir del letargo de cara a las propuestas que tienen como objetivo cambios en el mismo Congreso y en el Consejo Nacional de la Magistratura, además de establecer la no reelección de los parlamentarios y crear un sistema transparente de los partidos políticos.

Y es que la política peruana ha estado vinculada a hechos de corrupción que incluso llevaron a la destitución del antecesor de Vizcarra en la Casa de Pizarro, el ingeniero Pedro Pablo Kuczynski quien fuera sacado luego de una moción parlamentaria en marzo de este 2018.

Entre tanto los hechos de corrupción continuaban sucediéndose e involucraban a magistrados, políticos e incluso el Fiscal Nacional. De hecho, Pedro Chávarry asumió a la cabeza del Ministerio Público el 20 de julio recién pasado en una ceremonia a la que no asistió el Presidente Vizcarra. Apenas asumido los cuestionamientos en su contra no se hicieron esperar al estar involucrado en un audio con un magistrado investigado por corrupción.

Sobre Chávarry, la semana recién pasada el periódico peruano El Comercio lanzaba una editorial donde calificaba su situación al frente de la Fiscalía como “insostenible”. “Sin ir muy lejos, -planteaba el escrito publicado el 13 de septiembre-, ayer tuvo lugar una concurrida marcha por el centro de la capital para demandarlo y el martes se difundió un pronunciamiento de los fiscales de la segunda fiscalía supraprovincial especializada de lavado de activos y pérdida de dominio, que dirige la fiscal Marita Barreto, en el que estos proponen, entre otras cosas, que –junto con los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza- el señor Chávarry sea suspendido de sus funciones por el Congreso hasta que culminen las investigaciones por su presunta vinculación a la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto”.

En medio de ese escenario es que el Presidente Vizcarra impulsa sus reformas, todo respaldado por la ciudadanía que no ha cesado en las últimas semanas de salir a las calles para manifestar su apoyo a los cambios para culminar con la espiral de corrupción en los estamentos públicos.

Los elementos más significativos de las propuestas del mandatario peruano apuntan a una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y establecer una reforma al Congreso para convertirlo en un cuerpo bicameral.

En el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, el ente es el que hasta hoy elige, ratifica y destituye a los jueces y fiscales en el país. La reforma apunta a evitar esta concentración de poder que estalló además al conocerse en el mes de julio una serie de audios donde se oye a algunos de sus miembros y otras personalidades vinculadas al Poder Judicial en supuestas negociaciones de sentencias y nombramientos.

La idea planteada por Vizcarra en su reforma al consejo apunta a la creación de una nueva entidad, la Junta Nacional de Justicia, la que si bien seguirá nombrando a jueces y fiscales, sólo podrá hacerlo después de someter los puestos a concurso público de méritos y una evaluación personal.

Respecto de la bicameralidad del Congreso, el objetivo es restituir la cámara de senadores y de diputados que fueron disueltas con el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. Al año siguiente la Constitución estableció que el país tendría un solo órgano legislativo. Además, se plantea mantener el actual número de parlamentarios, 130, dejando en 100 el número de diputados y 30 el de senadores.

En cuanto a la no reelección de legisladores, la propuesta busca no sumar más de dos periodos en el Parlamento para asimilarlo a lo que ocurre con otras autoridades peruanas como alcaldes, gobernadores regionales y el Presidente de la República.

Mientras, la reforma al sistema de financiamiento de los partidos políticos, busca que estas organizaciones estén obligadas a rendir cuentas de sus ingresos y gastos durante y fuera de la época de campaña electoral, además de establecer la prohibición de recibir aportes anónimos, de origen ilícito o de personas condenadas por ciertos delitos.

Pero las propuestas de Vizcarra tienen también una derivada que apunta al partido opositor a su gobierno, Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori. Esta colectividad controla 72 de los 130 escaños que tiene el Congreso, es decir siete más del 50 por ciento de los asientos, provocando el retraso o sencillamente la caída de las propuestas del Ejecutivo. Esto era lo que estaba ocurriendo con las cuatro iniciativas hasta que Vizcarra presentó la “cuestión de confianza”, generando el temor en la organización fujimorista que vive una fuerte pérdida de apoyo entre la ciudadanía y en su propia líder que según las encuestas tiene un 88 por ciento de desaprobación entre los peruanos.

De haber llegado al cierre del Congreso, Vizcarra habría logrado deshacerse de un obstáculo para el avance de su gestión. Sin embargo, en el fujimorismo el cálculo les permite aún mantenerse en el mapa político del Perú mientras se discuten las reformas anticorrupción del gobierno con ellos como principal fuerza legislativa.