A las 23:32 horas del viernes 16 de octubre de 1998, dos oficiales de la policía británica acompañados de la traductora de Scotland Yard, Jean Pateras, ingresaron a la habitación que Augusto Pinochet ocupaba en The London Clinic para notificarle de su arresto ordenado por el juez español, Baltasar Garzón, por su participación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile durante la dictadura militar.
“La operación de arresto fue rápida. Varios policías controlaron todos los accesos. Nunca vigilaron a Pinochet dentro de su pieza sino que se mantuvieron en el pasillo (…). En días posteriores, el operativo terminaría por copar completamente el piso donde estaba Pinochet. Incluso la policía obligó a a la clínica a desalojar las otras tres habitaciones del piso y en una de ellas instaló una especie de cuartel general”, puede leerse en el libro el libro Augusto Pinochet: 503 días atrapado en Londres de Mónica Pérez y Felipe Gerdtzen.
La maniobra se produjo gracias a las acciones de Amnistía Internacional, que desde 1991 había intentado dar con Pinochet. El primer intento de captura tuvo lugar en Londres, pero los esfuerzos fracasaron ya que entonces el dictador sólo permaneció 24 horas en la ciudad inglesa. Incluso, hubo otros dos intentos de captura que se produjeron en Holanda.
La noticia del arresto a Pinochet, rápidamente llegó a las autoridades chilenas, quienes fueron advertidos por Mario Artaza, embajador chileno en Reino Unido mediante una llamada al canciller de la época, José Miguel Insulza. La primera acción fue convocar a un comité político al día siguiente y apaciguar a la prensa.
Pero los esfuerzos fueron fallidos, ya que al día siguiente la noticia ya había dado vuelta al mundo. Incluso, Fidel Castro salió al paso de las declaraciones: “¿Han confirmado que han retenido legalmente a Pinochet en Londres? Me interesa mucho eso. No me explico bien, porque tengo entendido que Pinochet colaboró con Gran Bretaña raíz de la Guerra de las Malvinas”.
Mientras, desde Gobierno, la respuesta estuvo lejos de lo esperado por las organizaciones de DD.HH: “Nosotros siempre hemos defendido la no extraterritorialidad de la ley (…) haremos llegar una nota de protesta al gobierno inglés porque el senador Pinochet tenía pasaporte diplomático”, señaló el presidente Eduardo Frei Montalva.
Luego, en España, el mandatario volvió a utilizar el tono con que en su primer momento enfrentó a la prensa: “Este país tuvo un régimen autoritario por casi 40 años que además generó una institucionalidad y un millón de muertos (…). ¿Tendría derecho Chile a juzgar esos hechos?”.
Los ingleses fueron blanco de críticas. Quien en la época ocupaba el cargo de Ministro del Interior, el laborista Jack Straw, ha asegurado desde entonces que él no se enteró de los esfuerzos por arrestar a Pinochet sino hasta que esto fue publicado por “uno periódico local.
“Estaba sentado en un avión, camino a Marsella, y comencé a leer el diario “The Guardian”. En la página 6 había un pequeño artículo que decía que el senador Pinochet estaba en Londres y que alguien estaba tratando de arrestarlo. Le pregunté a mi secretaria si sabía algo de eso y ella me contestó que no, nada (…) Los pinochetisats siempre pensaron que yo había organizado el arresto, que seguramente sabía de eso. Pero mantengo hasta hoy que simplemente no sabía absolutamente nada hasta que lo leí en el diario”.
El gobierno español, en tanto, sólo habló hasta el día domingo. Abel Matutes, canciller español, declaró: “España y Chile, por lo menos haremos lo posible por mantener buenas relaciones y, al mismo tiempo, seremos coherentes con nuestro deseo de respetar las decisiones de los jueces. Eso está en manos de los jueces, el gobierno de momento nada tiene que decir, será respetuoso y consecuente con las decisiones que en su momento tomen los órganos judiciales”.
Sergio Micco, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, sostuvo que al gobierno de Eduardo Frei “le costó mucho asumir que la soberanía nacional, frente a caso de violaciones de DD.HH, estaba completamente limitada por la justicia internacional”.
“También tuvo temor de que esto pusiera en cuestión la estabilidad del proceso político chileno. Hay que recordar que en el gobierno de Patricio Aylwin hubo movimientos de militares, por el enjuiciamiento de violadores de DD.HH. Y bueno, se llegó a un acuerdo del retorno del general Pinochet”, explicó el académico.
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Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, recuerda claramente ese día: “Estaba en mi casa y mi hija mayor me dijo que en las noticias habían dado un extra que señalaba que Pinochet había sido detenido en Londres. Creo que entonces, todos los que escuchamos eso sentimos lo mismo: no lo creímos”.
“Tuve que personalmente cerciorarme de eso, pero tuve sentimientos encontrados, porque eso significaba muchas cosas como evidenciar que habían detenido a quien jamás pensamos que enfrentaría la justicia. También significó la obligación de empezar a reabrir causas e investigarlas y la designación de jueces especiales”.
Pinochet estuvo detenido en Londres 503 días. Durante todo ese periodo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos realizó una vigilia en la sede que antiguamente ocupaba en calle Manuel Rodríguez. Mientras, una comitiva de la organización, encabezada por Sola Sierra, se trasladó a Londres.
Pero ellas no fueron las únicas que se manifestaron en las calles. Esos días, Santiago volvió a experimentar una polarización que no se veía hacía años. Los adherentes al senador vitalicio salieron a las calles y a voz en cuello exigían que el gobierno trajera de vuelta a Pinochet. “Ingleses piratas, devuélvannos al Tata” entonaban quienes se apostaron fuera de la embajada británica en Chile.
A la vez, políticos como la senadora Evelyn Matthei llamaban a boicotear a las empresas con capitales ingleses y españoles, mientras el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, decidió castigar a las sedes diplomáticas ordenando el no retiro de la basura de los inmuebles ocupados por ambas naciones.
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Según Sergio Micco, la transición chilena a nivel mundial había sido vista como un “proceso impecable”, pero fue opacado por la asunción de Augusto Pinochet como senador vitalicio de la República.
“Hay muy pocos países en el mundo donde se haya condenado a más de 500 personas por violaciones a los DD.HH. Ahora, también hubo consideraciones de orden político interno. Es decir, hubo fuerzas políticas que señalaron que si bien era deseable enjuiciar a Pinochet en el extranjero, también veían con preocupación qué consecuencias podría tener eso para la democracia chilena. Eso fue lo que influyó en que el Ministro del Interior finalmente concediera el retorno de Pinochet a Chile”.
En esa misma línea, Lorena Pizarro concluye: “Las autoridades de la época vendieron el alma al diablo, tuvieron una carencia de principios, porque sabían que acá no se le iba a juzgar. Ellos decidieron avanzar en negociaciones con los mismos que se pusieron ropaje de demócratas en todos estos años. Fue una vergüenza”.