Un cambio sustancial experimentó el proyecto de ley Aula Segura, luego de ser aprobado en la Comisión de Educación del Senado. Para empezar, los parlamentarios decidieron cambiar el nombre a la iniciativa, que ahora se llama Aula Democrática y Convivencia Segura.
Por dos votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la Comisión aprobó en general el proyecto, pero durante la votación en particular los legisladores de la oposición lograron incluir una serie de indicaciones, transformando el proyecto original en otro.
Además del nombre, una de las principales modificaciones es la eliminación de la expulsión inmediata como castigo ante hechos de violencia en los colegios, que era uno de los puntos polémicos de la iniciativa. En su lugar, se estableció un nuevo mecanismo para la suspensión.
De esta manera, ya no se obliga al director a expulsar a los alumnos implicados en episodios de violencia o que cometan faltas graves o gravísimas establecidas en los reglamentos internos del establecimiento sino que se le faculta para suspenderlos, “como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio”.
La presidenta de la Comisión de Educación, Yasna Provoste (DC), precisó que el mecanismo para sacar a un estudiante de un establecimiento educacional ya está normado en dos leyes distintas, la Ley de Convivencia Escolar y la Ley de Subvenciones.
La nueva iniciativa también eleva de cinco a 15 días el plazo para resolver una expulsión por actos de violencia: diez días para que el alumno pueda apelar a la medida y cinco para que el director resuelva. Antes, se otorgaba sólo un día para la defensa del alumno y otros cuatro para la resolución.
Además, se ampliaron las causales a hechos cometidos a cualquier miembro de la comunidad educativa, no sólo a estudiantes, e insta a los establecimientos a modificar sus reglamentos internos en torno a la ley de armas. El nuevo proyecto extiende su alcance a los establecimientos particulares, bajo la premisa de no afectar la igualdad ante la ley.
Pese a su aprobación en general, las modificaciones han sido interpretadas como una derrota para el gobierno. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, se mostró molesta por el resultado de la discusión y acusó a la oposición de atentar contra del espíritu del proyecto.
Efectivamente llegó el momento de definirse y hubo definición: Gobierno defiende expulsión y separación inmediata de estudiantes que lanzan molotov o lanzan bencina a profesores, y la izquierda vota por ampararlos. #AulaSegura
— Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) 24 de octubre de 2018
“Nos parece que esto desnuda lo que ha sido este mes de debate. Hay temor por parte de algunos senadores para decir las cosas por su nombre, aquí no se habla de la violencia que estamos enfrentando, se pone todo dentro de un marco de infracciones graves o gravísimas”, expresó la secretaria de Estado al finalizar la instancia.
Por su parte, la senadora Yasna Provoste explicó a Radio Universidad de Chile en qué consiste esta nueva iniciativa legal e hizo énfasis en que el proyecto del gobierno no es lo que se aprobó en la Comisión de Educación del Senado, principalmente porque en la pre legislación original propuesta por el Ejecutivo se considera que el estudiante es un delincuente y obligaba al director de los establecimientos a tomar ciertas medidas específicas.
“Para el gobierno la violencia escolar se reducía a lo que sucede en siete colegios de una comuna del país y para nosotros la violencia debe ser mirada desde la realidad que enfrentan los distintos establecimientos de todo el país”.
La senadora también aseguró que, en el ahora nuevo proyecto de Aula Democrática y Convivencia Segura, es la propia comunidad educativa la que puede utilizar sus reglamentos y facultades para dar solución a los diversos temas de seguridad que afecten tanto a estudiantes como a profesores.
