Perú: Fiscal denuncia a Fujimori y a ex ministros por esterilizaciones forzadas

Según datos entregados por la Defensoría del pueblo, entre 1996 y 2001 se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías, pero se desconoce oficialmente cuántas fueron hechas mediante presuntos engaños y coacciones.

Según datos entregados por la Defensoría del pueblo, entre 1996 y 2001 se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías, pero se desconoce oficialmente cuántas fueron hechas mediante presuntos engaños y coacciones.

El ex presidente peruano Alberto Fujimori y tres de sus ex ministros fueron denunciados formalmente como “autores mediatos” (con dominio del hecho) de las esterilizaciones forzadas que se produjeron durante su régimen (1990-2000), según informó este lunes la organización civil DEMUS.

La denuncia fue interpuesta por la fiscal provincial penal de la Segunda Fiscalía, Marcelita Gutiérrez, ante el Primer Juzgado Penal Nacional y comprende también a los ex ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Ricardo Luis Costa Bauer y Alejandro Aguinaga; al exasesor del sector Ulises Jorge Aguilar y al ex director general de la Región Salud IV de la región norteña de Cajamarca, Segundo Aliaga Pinedo; así como a otras dos personas identificadas como Octavio Marroquín y Magda González.

En abril pasado, el fiscal superior Luis Landa ordenó denunciar a Fujimori ante el Poder Judicial y dispuso que los ex ministros Aguinaga, Costa y Yong fuesen procesados en calidad de coautores de lesiones graves en agravio de Victoria Vigo, Inés Condori y otras 2.164 mujeres que aparecen como víctimas.

La Defensoría del Pueblo constató que entre los años 1996 y 2001 se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías, pero se desconoce oficialmente cuántas fueron hechas mediante presuntos engaños y coacciones. De esa cantidad, 2.166 mujeres denunciaron que fueron esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió por esas prácticas.

Hace 15 años, un grupo de mujeres presentó la primera denuncia ante la Fiscalía por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud que se perpetró, en su mayoría, en perjuicio de mujeres pobres de zonas rurales y quechuahablantes, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1990-2000).





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