Este lunes se realizó la segunda sesión de la Comisión Especial Investigadora de los actos de Gobierno de los Ministerios del Trabajo y de Salud, y de la Superintendencia de Pensiones, sobre la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia desde el año 2008 a la fecha.

La instancia parlamentaria nació después de conocerse que la AFP Provida tenía como política no cursar este tipo de siniestros, generando hasta incentivos económicos a sus trabajadores en esa dirección.

El 12 de febrero de 2018, a través de un oficio de la Superintendencia del sector a la subsecretaría del área, se advirtió de una serie de reclamos que realizaba la Fundación Valídame por no pago de este derecho.

El representante de dicha corporación, Juan Carlos Pizarro, entregó antecedentes que avalan la denuncias y se contradicen con lo que señaló en la misma instancia parlamentaria, el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien negó haber recibido acusaciones formales.

Para la presidenta de la comisión, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, la situación es preocupante, ya que preliminarmente se confirma la nula claridad en la tramitación de este tipo de asignaciones por discapacidad y sobrevivencia.

“La información no es transparente, si no tenemos los casos que realmente se han recibido por parte de la superintendencia, no podemos trabajar. Entonces, nos parece sumamente grave, porque en esta sesión nos dio la impresión de que el superintendente intentó decir que los casos no eran tan graves, que la situación no era tan compleja, sin embargo, nos damos cuenta, que la autoridad respectiva no nos dice todo lo que pasó, según los antecedentes presentados por la Fundación Valídame”, afirmó.

Durante la sesión realizada este lunes por la Comisión Investigadora por la denegación de pensiones de invalidez, el presidente de la Fundación Valídame, Juan Carlos Pizarro, expuso una serie de casos en los cuales era evidente la necesidad de pensionar a trabajadores que lo requerían. Pero las instancias encargadas de analizar los casos no lo hacían, por razones -precisó- que no se justifican en los hechos.

Pizarro indicó que la irregularidad tiene directa relación con la forma en que los diversos actores que realizan los procedimientos y evaluaciones son financiados desde las propias AFPs.

“Porque en el financiamiento de las comisiones, las AFP participan en proporción, según la cantidad de afiliados que presentan solicitud. Entonces, si yo no quiero gastar dinero, lo uno que tengo que hacer es impedir u obstaculizar que los ciudadanos cursen las solicitudes. Ahí está el mayor de los nudos críticos. Posteriormente, vienen las evaluaciones propiamente tal que ordenan la Comisión, las que son hechas por médicos pagados por la asociación gremial de AFP”, argumentó.

Ramón Barros, diputado UDI e integrante de la Comisión Investigadora, indicó que, ante los antecedentes presentados, urge una modificación del sistema.

“Amerita una modificación a una serie de procedimientos, a una serie de normas que son muy antiguas, y que, al hacer la evaluación, podamos ir modificando de tal suerte que no tengamos estos casos dramáticos que, probablemente, siempre van a existir, pero por lo menos que sean los mínimos”, subrayó.

Con el objetivo de profundizar en las irregularidades denunciadas, la comisión especial que investiga la denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia citó nuevamente para la próxima sesión de la instancia, al Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y al representante de la Fundación Valídame.