Después de conocida la resolución absolutoria por los delitos de abuso sexual y femicidio para dos de los tres acusados de la muerte de la adolescente argentina Lucía Pérez en 2016, la Fiscalía General de Mar del Plata anunció que interpondrá un recurso de apelación ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense. Una acción legal que será replicada por el abogado de la familia de la joven.

Matías Farías y Juan Pablo Offidani. Ambos fueron condenados a 8 años de prisión, pero por tenencia y venta de drogas, mientras que Alejandro Maciel fue absuelto del delito de “encubrimiento agravado”.

Del fallo judicial se extrae que las relaciones sexuales con los acusados habían sido consensuadas, y que la muerte de Lucía se debió exclusivamente a la sobredosis.

Pese a los recursos que eventualmente pueden dar un giro a la decisión judicial, entre las organizaciones feministas trasandinas existe rabia e indignación por lo que calificaron como “una decisión basada en el patriarcado y el machismo que deja impune otro caso de femicidio”.

Para Ileana Arduino, coordinadora de grupo de trabajo de feminismos y justicia penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la decisión de los jueces se basó en el análisis de los chats, su vida pasada, comportamiento sexual, entre otros prejuicios.

“Pura referencia a la vida pasada de la víctima, interpretaciones de sus comunicaciones personales, de sus trayectos biográficos, de sus relaciones, utilizados como argumentos centrales para validar la decisión en el caso. Por otro lado, el fallo refiere a la pésima calidad de la investigación llevada a cabo por la fiscal en los momentos iniciales, quien planteó la existencia de unas formas extremas de violencia, que luego no fueron acreditadas, pero esa circunstancia en sí misma no podría constituir un elemento de apoyo para la decisión final sobre si esas personas cometieron o no el hecho”, afirmó.

En este sentido, la abogada feminista, Patricia Bustamante, calificó los argumentos de los jueces como criterios discriminadores y estereotipados para fundar la decisión que descartó abuso sexual.

Además, aseveró que la forma de llevar el caso por parte de los magistrados va en contra todas las reglamentaciones y recomendaciones internacionales en este tipo de casos de abuso sexual y asesinato de una mujer.

“Analizan la vida privada de la víctima, hasta seis meses de anticipación, juzgan el comportamiento de una manera totalmente discriminatoria y dicen que, sin querer juzgar la vida sexual de Lucía, analizan sus chats donde surgen sus vivencias, en ese sentido alejan por completo la posibilidad de que pudiera haber sido sometida sin su voluntad. Es decir, los jueces dicen que como ella era una chica empoderada, que quería lo que hacía con su cuerpo, entonces era imposible que podría haber tenido sexo sin su consentimiento”, argumentó.

Las organizaciones feministas argentinas anunciaron que se están coordinando para preparar un nuevo paro nacional.

El primero lo realizaron el pasado ocho de marzo, donde una multitud de mujeres colmó Buenos Aires y otras ciudades de Argentina. La movilización otorgó al movimiento Ni Una Menos una trascendencia internacional que comenzó a repercutir en otras partes del mundo, incluido Chile.

Maga Gargarello, integrante de la Campaña Nacional Contra las Violencias hacia las Mujeres, precisó que la próxima semana podría concretarse la masiva manifestación.

“Organizar la rabia, organizar el dolor y estar en las calles. Hubo asambleas en varios puntos del país, donde los diferentes movimientos de mujeres y disidencias, estamos decididos a organizar un paro nacional de mujeres próximamente, para dar cuenta que no vamos a permitir que los abusadores, los femicidas sigan impunes. Que nosotras exigimos justicia no solo por Lucía, sino también por todas las mujeres asesinadas, violentadas y criminalizadas”, subrayó.

En tanto, Mariana Gerardi, militante Feminista, integrante de Venceremos, partido de trabajadores y trabajadoras, agregó que el paro y la movilización en las calles es la única forma que queda para doblar la mano a una justicia acostumbrada a dejar en la impunidad este tipo de asesinatos perpetrados contra mujeres.