Este martes el presidente Sebastián Piñera ratificó el apoyo del gobierno al Alto Mando de Carabineros, siempre y cuando se cumplan las medidas que se le exigieron a la plana mayor en la reunión que sostuvieron el pasado lunes. Sin embargo, el mandatario llamó a ser prudentes y a esperar que la Fiscalía investigue, agregando que “ya se han cometido demasiados errores en muchos gobiernos por confiar ciegamente en la primera versión de Carabineros”, dijo el mandatario en una conversación que sostuvo con radio Biobio.

Y es que cuando Hermes Soto Isla asumió la Dirección General de Carabineros en reemplazo del general (r) Bruno Villalobos, lo hizo con el objetivo de levantar una institución devastada por el montaje de la Operación Huracán y recuperar la confianza del pueblo tras la profunda crisis de corrupción que reveló el millonario fraude de alrededor de $30 mil millones de pesos denominado “Paco Gate”. Sin embargo, desde aquel 29 de marzo han pasado ocho meses en los que la reputación de las Fuerzas de Orden y Seguridad pareciera ir en picada.

Esto, producto de las mentiras, versiones encontradas y rectificaciones que han marcado hasta ahora la investigación por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca y de las que el General Director ha sido el principal protagonista. Basta con volver a la primera declaración que realizó Soto tras hacerse pública la muerte de Catrillanca, en la que el General Director de Carabineros dijo que el comunero asesinado habría participado del delito que generó el operativo y que además tenía antecedentes distintos delitos en el sector. “Hay lamentablemente una persona fallecida, que había participado por supuesto anteriormente en distintos delitos en el sector de la Temucuicui y sus alrededores. La semana pasada solamente, el día 22 de octubre, ya había sido detenido por esta misma causa en el mismo sector”, dijo Soto en aquella ocasión.

Sin embargo, poco después de estas declaraciones, se supo que la única aparición del comunero mapuche en los registros del Poder Judicial era por una detención masiva que realizó Carabineros en la comunidad de Temucuicui el año 2013, causa en la que no fue imputado y salió en libertad junto al resto de los detenidos. Por otra parte, también trascendió que la detención del día 22 de octubre que Hermes Soto mencionó en su primera declaración, había sido declarado ilegal por lo que Catrillanca habría salido horas después en libertad.

Además, en esa misma conferencia, al ser consultado por el origen de la bala que le quitó la vida al comunero, Soto indicó que no tenían claridad respecto de la trayectoria del disparo. “A raíz del enfrentamiento y de los balazos que se producían por ambos sectores de donde estaba ubicado el personal, también personal de servicio hace uso de las armas de fuego utilizadas para el servicio. Se produce una lesión al conductor del tractor, se desconoce la trayectoria de ese disparo”, comentó en aquella ocasión el General Director. Sin embargo, esta información también se vería comprometida más tarde, con el testimonio del menor M.P.C. de 15 años, quien acompañaba a Catrillanca en el momento en que fue abatido. “Cuando dimos vuelta el tractor avanzamos hacia adelante y Carabineros dispara. Estábamos de espalda. Había uno de ellos con cámara. Él fue el que disparó”, dijo el menor en su primera declaración.

Poco después, en una entrevista al diario La Tercera publicada el 18 de noviembre, Soto declaró que los efectivos de Carabineros que llegaron al lugar no llevaban las cámaras GoPro y que, por lo tanto, no existía registro de esa operación. No obstante, la noche anterior a la publicación de las declaraciones, el Director General de Carabineros ya le había informado al ministro del Interior, Andrés Chadwick, lo que en realidad había sucedido. Ante esto, el ministro no tuvo otra opción que salir a rectificar la información junto a un cabizbajo Hermes Soto, que observaba en silencio cómo su versión de los hechos -que ya circulaba por todo el país- era desmentida categóricamente por el Secretario de Estado. “Se ha podido comprobar que uno de los miembros de la patrulla del GOPE que acudió y llegó originalmente a los hechos donde se produce la muerte del joven Catrillanca, que inicialmente había señalado que no tenía, ni contaba, con una cámara de vigilancia; sí la tenía. Sí tenía una cámara de vigilancia como correspondía al cumplimiento de su deber y que esa cámara de vigilancia que se negó en su momento, sí existía. Y más grave aún, que la tarjeta de memoria de esa cámara de vigilancia, la destruyó“, dijo Chadwick en aquella ocasión.

El ex sargento del GOPE, Carlos Alarcón, acusado de ser el autor del disparo que terminó con la vida de Catrillanca, declaró a la Fiscalía el pasado 17 de noviembre que no recibieron disparo alguno desde el tractor en que se movilizaban Camilo Catrillanca y su acompañante, reconociendo además que ambos estaban desarmados. “Durante todo este tiempo estábamos siendo objeto de disparos de distintos lugares. Las personas que iban en el tractor no nos dispararon“, fue parte de lo que dijo el ex sargento al fiscal Jorge Caldera. A esto se sumó la publicación el pasado domingo de un vídeo, en que Alarcón, vestido con una polera alusiva a un superhéroe,  declara que “todavía falta que salgan cosas a la luz” y que en principio prestaron declaraciones falsas porque “hay gente que los hizo mentir”. Acto seguido, su propio abogado renunció a representarlo y el carabinero que grabó el vídeo fue dado de baja.

Las declaraciones del sargento dado de baja – grabadas desde el interior de la Segunda Comisaría de Temuco, en donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva como imputado por la muerte de Camilo Catrillanca-  generaron una nueva crisis de desconfianza entre la institución policial y el Gobierno. Así, horas después de la publicación del vídeo, el General Director de Carabineros, Hermes Soto, fue citado a una reunión de urgencia en La Moneda junto a los cinco generales inspectores que conforman la plana mayor de la institución; lo que generó gran expectación pública y que corriera el rumor de peticiones de renuncia al general nacido el día del aniversario de la institución. Pero eso no sucedió, el Presidente Piñera, junto al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, simplemente tuvieron una seguidilla de reuniones con el Alto Mando de la institución, en las que se exigió su máxima cooperación en la investigación, que entreguen todos los antecedentes necesarios y que se trabaje siempre dentro del marco de la ley.

Mientras tanto, la investigación por parte de la Fiscalía seguirá su curso, teniendo como objetivo aclarar los hechos, asignar responsabilidades y encontrar los culpables de un delito que hasta ahora ha tenido como único costo político la salida del ex intendente de La Araucanía, Luis Mayol.