El año 2023 los colegios de la comuna de Santiago deberán ser traspasados al Estado en el marco de la Ley de Nueva Educación Pública. Son 44 los establecimientos bajo el alero del municipio, sin embargo, 18 de ellos fueron comprados por la entidad en la década de los ochenta.

Por lo mismo, la Municipalidad de Santiago acudió a Contraloría para ver es qué términos se traspasarían los establecimientos en cuestión, lo que se ha interpretado como una eventual venta de estos colegios al Estado.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, salió al paso de la noticia, aclarando que no es la intención del municipio, pero que es necesario saber la situación de estos establecimientos para ver los pasos que deberán seguirse.

“El 2023 la Municipalidad se desliga completamente de la educación pública, nosotros podemos seguir colaborando con infraestructura, la que tenemos, pero toda la administración pasa a los servicios locales y ahí el municipio deja de ser sostenedor, es una ley de la República, nosotros no la cuestionamos, ciertamente yo no la comparto, pero esta interrogante puntual a la Contraloría es para dilucidar esa interrogante que nos surgió a todos: ¿qué pasa con los colegios que no fueron traspasados a las municipalidades en los ochenta, sino que todo lo contrario, fueron adquiridos a título oneroso? hubo un desembolso de todos los vecinos para comprarlos ¿qué pasa con ellos?”, cuestionó la autoridad comunal.

Agustín Romero, director jurídico de la Municipalidad de Santiago, reafirmó la línea de Alessandri, indicando que los colegios en cuestión son propiedad de la comuna, y el alcalde, como administración de esos bienes, no hace más que cumplir con su deber.

“En el caso de estos 18 colegios que aparecen publicados, estos fueron comprados por la Municipalidad, la Municipalidad pagó por ellos, por tanto, resulta de toda lógica hacer la consulta a Contraloría respecto de que cómo se transfieren estos. La Municipalidad no tiene ninguna voluntad de vender, no se trata de eso, es una consulta netamente jurídica, es una consulta que se enmarca dentro del deber que tiene el alcalde como administrador de los bienes municipales. Dichos bienes y el patrimonio municipal están destinados a darle bienestar a los vecinos de toda la comuna y, en definitiva, es su deber el velar por el resguardo de ese patrimonio. Entonces, resulta de toda lógica hacer la pregunta: ¿me van a pagar o no me van a pagar?”.

El director jurídico de la Municipalidad de Santiago afirmó que la consulta se hace por resguardo y respetar la legalidad. Además, indicó que otras comunas están en similar situación.

“Contraloría ya ha resuelto, respecto de las municipalidades, que si adquirieron inmuebles –no estamos hablando de los educacionales porque por eso es la consulta- la Municipalidad puede disponer de ellos libremente. En el caso de los colegios, como están dentro de una regulación especial, nosotros tomamos el resguardo de cumplir con la legalidad vigente y hacer la consulta pertinente. En ese sentido, evidentemente nosotros nos sujetaremos como cualquier persona que, en definitiva, tiene que hacer una devolución al Estado en conformidad a las reglas del derecho común, como cualquier municipalidad. Y esto no solamente es en Santiago, esto también afecta a otras comunas de Chile que, además de tener aquellos establecimientos que se traspasaron con la municipalización, fueron comprando colegios durante su vida”.

Asumir la educación como propiedad de una institución puede verse como un asunto, incluso, ideológico. Consultado sobre si acá lo que prevalece es, efectivamente, la ideología de Alessandri –quien es militante de la UDI-, Agustín Romero afirmó que no es así, que esto es netamente un asunto jurídico.

“No es ideológico para nada, porque en el fondo el señor alcalde no está planteando una posición frente a una norma que está establecida en la ley y fue aprobada por el parlamento. La consulta no tiene por objeto obstaculizar dicho proceso y tampoco ponerlo en cuestión. Esto es transversal a cualquier organización, y en este caso la Municipalidad, que administra fondos de patrimonio público, patrimonio que finalmente está destinado al bienestar de los vecinos, a nuestro juicio, cumple con su deber al hacer presente este tema”.

Entre los establecimientos que la Municipalidad de Santiago compró en la década de los ochenta y por los cuales hoy se consultan a Contraloría, se encuentran el Liceo Javiera Carrera, el Liceo Manuel Barros Borgoño, el Liceo Teresa Prats de Sarratea y el Liceo Miguel Luis Amunátegui, entre otros.