Desde septiembre de 2017 rige la Ley de interrupción del embarazo en las causales riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

Según datos que entregaron los 65 de los 69 hospitales públicos, vía Ley de Transparencia y cumplido el primer año de vigencia de la normativa, se han registrado 535 procedimientos en total.

En el detalle, se informó que 277 fueron por riesgo maternal, 165 por inviabilidad fetal y 93 por la causal de violación.

Otro dato relevante es que, de todos estos casos, 45 atenciones correspondieron a menores de 18 años, siendo 32 por el delito de violación. La mitad de las solicitudes correspondieron a niñas de hasta 14 años.

Estas 45 interrupciones de embarazo en adolescentes representan el 88 por ciento de las peticiones, ya que el en el 12 por ciento restante, no se les permitió acceder al procedimiento, debido a que los antecedentes presentados por las menores para acreditar la violación fueron rechazados.