En el marco de la sesión de la comisión de Energía del Senado, la presidenta de la instancia, Yasna Provoste, señaló que quieren “conocer de parte de la autoridad cuáles son las medidas administrativas cursadas y que la ministra de Energía tome nota de algunas iniciativas legales, para poder ir frenando a un mercado monopólico desatado en materia de distribución”.

“La idea es que la ministra explique cuáles son las medidas que se han tomado respecto de los distintos decretos tarifarios y las razones por las cuales el Presidente de la República el día de ayer le aseguraba a la población que no iban a existir alzas en las tarifas eléctricas.  Y por cierto conocer cuál es la agenda legislativa para garantizar que terminemos con una actividad monopólica como la distribución de la energía eléctrica en nuestro país”.

En esa línea, la representante de Atacama valoró la presencia de la ministra de Energía, que fue invitada para explicar lo que está ocurriendo con el alza de las tarifas. De esta manera, la senadora DC puntualizó que “estamos convencidos que no se puede dejar libremente al mercado para que siga estrujando los bolsillos de las familias de nuestro país, por lo mismo, queremos conocer de parte de la autoridad cuales son las medidas administrativas  y que ella tome nota de algunas iniciativas legales, para poder ir frenando a un mercado monopólico desatado en materia de distribución”.

En tanto, los diputados de Renovación Nacional Paulina Núñez, Gonzalo Fuenzalida y Jorge Durán llegaron hasta la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) con el fin de presentar un requerimiento para que la entidad se pronuncie sobre el proceso tarifario impulsado por las empresas distribuidores que derivarán costos por renovación de medidores de luz a sus clientes. Una medida que a todas luces los parlamentarios consideran “ilegal”.

Gonzalo Fuenzalida explicó que la petición se fundamenta en que “las empresas distribuidoras de energía están recargando las cuentas para cobrar los medidores análogos que han instalado bajo su criterio y voluntad a los usuarios”.

El parlamentario agregó que “las empresas distribuidoras de energía están recargando las cuentas para cobrar los medidores análogos que han instalado bajo su criterio y voluntad a los usuarios. Eso a nosotros nos parece ilegal, va más allá de la norma aprobada y nos parece que a la Superintendencia le compete, en este caso de acuerdo a la ley, hacerse parte y auditar este proceso tarifario que está perjudicando en este caso a millones de usuarios en todo Chile”.

Por su parte, la diputada Paulina Núñez descartó que el proyecto que modificó la ley general de servicios eléctricos y que fue aprobada en el parlamento, haya sido la que permitió estos abusos.

Finalmente, la ministra de Energía, Susana Jiménez, manifestó que los medidores son “un activo como son los cables, como los postes y otros activos que se requieren para prestar los servicios y como tal, es la empresa distribuidora la que tiene que invertir en ellos, mantenerlos y reponerlos cuando hay fallas”.

Añadió que “evidentemente esto entra en el proceso de tarificación que consiste en modelar una empresa distribuidora eficiente, cuáles serían los costos necesarios para proveer el servicio con el standard de calidad que le exigimos y a partir de eso se determina la tarifa que pagan los clientes”.