Un grupo de dirigentes portuarios llegaron hasta el Congreso en Valparaíso para denunciar que a tres meses de firmado el acuerdo con el Gobierno y la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), parte de dicho acuerdo ha sido incumplido.

En particular, el punto tres del documento que dice relación con la no aplicación de represalias a trabajadores que hayan participado de la movilización de diciembre pasado.

Hasta la fecha son 22 personas quienes luego de la paralización nunca más fueron citados a trabajar.

Así lo confirmó en conversación con nuestro medio el dirigente portuario, Pablo Klimpel, quien acusó una incapacidad política del Estado para hacer cumplir a los privados los acuerdos suscritos, en este caso con los trabajadores del Puerto.

“Hay 22 compañeros que están sin poder trabajar, están siendo discriminados por la empresa Ultraport. No los llaman a trabajar, no son considerados dentro de los nombres y cuando nosotros vamos a pedir explicaciones por ellos, dicen que no los van a nombrar”.

Desde el Congreso, algunos parlamentarios del Frente Amplio respaldaron a los trabajadores portuarios. Entre ellos, se encuentra el diputado de RD Jorge Brito quien exigió al Ejecutivo cumplir con su compromiso.

“Cuando los trabajadores se organizan, era para justamente para dejar de tener jornadas de 14, 15 horas diarias, pagos diarios(…) pero nada sirve aquello si es que no tienen su fuente de trabajo, si es que dejan de ser trabajadores portuarios y comienzan a ser un cesante más de un puerto que no tuvo la visión de largo plazo para crecer armónicamente con la cuidad, y con la diputada Camila Rojas hemos estado es facilitar y pedirle al Gobierno algo de responsabilidad con la palabra empeñada.

El dirigente portuario, Pablo Klimpel, aseguró que han solicitado al Ministerio del Trabajo que se re ubique a los trabajadores afectados por esta medida en otras compañías, lo que, según afirmó, está siendo analizado por el Ejecutivo.

Sin embargo, desde su mirada, el tema genera un muy mal precedente respecto de futuros acuerdos entre trabajadores, el Gobierno y empresas privadas.