Este miércoles, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados eligió a su nuevo presidente, pero también sometió a voto y aprobó un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana.

Este último punto, para el Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos, sería lo más peligroso del debate, puesto que plantea dos propuestas que irían en contra la vivienda digna, pero dejarían la planificación de las ciudades en manos de privados.

Al respecto, la vocera de dicho comité, Lola Reyes, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile, y explicó cómo es que en la primera parte del proyecto se indica que las inmobiliarias podrán tomar mano de terrenos públicos, con la condición de que construyan cierto porcentaje de viviendas sociales.

“Una de las cosas más costosas de una inmobiliaria es conseguir suelos bien localizados. Estos suelos se los estaríamos entregando a las inmobiliarias para que ellos construyan, inviertan, pidan préstamos en el banco y puedan explotar comercialmente eso, ya sea haciendo un supermercado, un cine, lo que sea, mientras a cambio nos dan un porcentaje que la ley no define”, explicó la vocera.

De esto mismo, dejan constancia en un comunicado en el que se asegura que el proyecto desconoce la “función social del suelo y más bien apunta a la lógica del negocio”.

Un dato importante a resaltar en este debate, es que según el Censo del año 2017, existe un déficit de vivienda expresado en casi 400 mil hogares sin vivienda. Complementario a este dato, el mismo censo arrojó que existen 665 mil 608 viviendas sin hogar en Chile, es decir, sí hay un stock de viviendas, pero la gente no puede acceder a ella.

La segunda arista de esto tiene que ver, según lo explicó Reyes, con la planificación de la ciudad, dado que las inmobiliarias no estarían reguladas en las características de las viviendas sociales y además podrían vulnerar normativas que protegen, por ejemplo, a los barrios patrimoniales.

“Se les exige a las inmobiliarias construir vivienda accesibles, que el estado pueda pagar esa vivienda, a cambio de que pueda vulnerar cualquier norma urbanística  de los planes reguladores comunales. A nivel central se decide que en una zona patrimonial esta inmobiliaria pueda construir cinco pisos más de altura en una zona de tres pisos”, dijo la arquitecta.

Finalmente, Reyes indicó que dicho comité del Colegio de Arquitectos, también rechaza la propuesta de cambiar el nombre al Ministerio de Vivienda por el de Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Todo esto porque no se haría cargo de las zonas rurales que exceden a la ciudad, pero también porque no generan un impacto positivo en el proyecto propuesto.