Este lunes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó su tercer Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile (2016-2017), realizando un diagnóstico del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos respecto del derecho a la integridad personal.

En un documento de 153 páginas, los observadores del INDH describen lo que vieron en los 40 centros de detención a nivel nacional, que no habían sido incluidos en estudios previos y en los que se encuentran apresadas 5 mil 417 personas. El objetivo de la investigación, al igual que en sus versiones anteriores, es indagar empíricamente en la situación y el grado de cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, junto con la identificación de aquellos aspectos que se deben optimizar para garantizar estos derechos a la población reclusa.

En el estudio se observaron seis áreas que ya habían sido observadas en estudios anteriores, con el fin de completar la totalidad de la información respecto de los recintos penitenciarios. En esa línea, se abarcaron las áreas de medidas de protección y ejecución de penas, contacto con el mundo exterior, régimen y actividades, servicios médicos, libertad de creencia y culto religioso, y la preparación para la puesta en libertad.

El informe fue tajante y reveló condiciones deplorables para los reclusos en diversas áreas. El alojamiento y habitabilidad de los penales fue una de las temáticas en que se desprendieron más observaciones e irregularidades.

Una de éstas tiene que ver con las camas disponibles y la situación de hacinamiento que viven distintos centros penitenciarios en el país. Del total de establecimientos que fueron parte del análisis, 26 no contaban con suficientes camas y 22 tienen una ocupación superior al 100 por ciento de la capacidad. Uno de éstos es el Centro de Detención Preventiva de Yumbel, en el que se describe que “con relación a las camas disponibles, no existen suficientes catres para todos los reclusos que duermen en esta dependencia. En la celda de imputados primerizos hay 19 camas, pero, según se informa, duermen 24 personas en dichas camas”.

Frente a ello, Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad jurídica del INDH,  manifestó que este informe advierte que el Estado debe propiciar un cambio a favor de los derechos humanos respecto de la política carcelaria: “Lo que estamos señalando es que el Estado debe hacerse cargo de la crisis que viven las cárceles chilenas. Debieran dictar normas legales y tener políticas públicas que cambien el foco de dejar a las cárceles en un cierto abandono para tener una política de plenos respeto a los derechos humanos y que, a la vez, sea una política que permita que esas personas puedan reinsertarse en la sociedad”, dijo.

Por otra parte, en 24 de 40 unidades penales existe algún nivel de privación o insuficiencia en el acceso a agua y a servicios higiénicos en forma permanente las 24 horas. La disponibilidad limitada de agua se refleja en el siguiente extracto de un reporte del Centro de Detención Preventiva de Arauco. “Este es uno de los aspectos que presenta mayores deficiencias debido a que la población penal no tiene libre acceso a agua potable durante las 24 horas del día. Lo anterior incluye a las internas que habitan en la sección de madres y de embarazadas”, relata el informe.

Así también, el INDH pudo constatar la presencia de plagas y una nula respuesta ante éstas, como reporta un observador del instituto en el Centro de Detención Preventiva de Talagante. “En algunos dormitorios se observan plagas de vinchucas y chinches, los que circulan permanentemente en el suelo y los muros”.

Respecto de esto, el informe dice que, en términos generales, no se observa un distintivo de control de plagas, ni fechas de periodicidad de sanitización del espacio. Incluso en el Centro de Detención Preventiva de Tocopilla reportan que “en la sala donde se localizan los sistemas de refrigeración, se visualizan cucarachas”.

Otra de las materias investigadas por los observadores del INDH fueron los castigos y sanciones recibidas por los reclusos en los distintos centros penitenciarios del país. Esto, porque en 26 de los 40 establecimientos se indica algún nivel de malos tratos. Los testimonios de reclusos y las observaciones del equipo de observadores fueron tajantes. “En cuanto a recibir golpes, patadas o cachetadas a cambio de no recibir sanción, se da de manera habitual, siendo el pago al contado una práctica ya inscrita en las acciones de los funcionarios uniformados”, relata el informe.

Entre las conclusiones que se desprenden del informe, se indica que durante los recorridos fue posible constatar que existen internos e internas que frente a irregularidades de diversa índole o malos tratos no denuncian debido a que señalan no ser escuchados o porque carecen de un mecanismo que resguarde su bienestar en caso de hacerlo.

Así, con dicha información, se realizaron 55 recomendaciones al Estado con el objetivo de mejorar y superar los aspectos problemáticos, ya que, según dice el texto elaborado por el INDH, no deben realizarse afectaciones al derecho a la integridad personal ni a la condición de ejercicios de sus derechos, ya que precisamente la única afectación que debiese existir es la restricción a su libertad ambulatoria.

La mirada de los expertos

Una vez conocida esta información, la directora de la ONG Leasur, Sthefania Walser, indicó que durante los últimos años la política penitenciaria se ha orientado “exclusivamente a la construcción de recintos como fórmula para enfrentar la delincuencia”.

En esa línea, la experta criticó el actuar del Estado: “Se ha promovido la privación de libertad como una fórmula de seguridad pública, lo que lleva a altas tasas de encarcelamiento y bajos niveles de infraestructura, pero además, se ha establecido que no es una medida efectiva para reducir los niveles de delincuencia”, indicó.

Por su parte, Olga Espinoza, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, señaló: “Al no poder trabajar eficientemente en reinserción social, porque es incompatible hacerlo en estas condiciones, estamos promoviendo la generación de la reincidencia y con la reincidencia, el aumento de la criminalidad”.

“Como Estado existe un deber de generar, por todo los medios, inversiones para que se produzcan cambios sustantivos que nos permitan promover acciones de reinsersión más eficientes”, concluyó la especialista.

Revise el informe aquí.