La decisión del Juzgado de Garantía tuvo su fundamento en la falta de una querella  por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), el único organismo facultado para ejercer las  acciones penales por los delitos tributarios.

Las imputaciones realizadas al ex candidato presidencial dicen relación con la entrega de facturas ideológicamente falsas.

Al mismo tiempo el tribunal rechazó la reapertura de la investigación, según lo había solicitado el Consejo de Defensa del Estado.

La defensa de Enríquez Ominami solicitó al juez que se sobresea al fundador del PRO por el delito de fraude al Fisco, cuya pena podría llegar a los 5 años de privación de libertad.