El 5 de marzo de 2018, la en ese entonces Presidenta Michelle Bachelet realizaba su última cadena nacional para anunciar el envío del proyecto de nueva constitución. Con ello, la Mandataria daba término a un tardío primero y frustrado después proceso constituyente, en el que participaron más de 200 mil personas a través de los encuentros locales auto-convocados, cabildos provinciales e inscripciones individuales.

Y pese a que fue uno de los principales compromisos de su campaña, lo cierto es que la promesa de una nueva constitución quedó finalmente como una de las grandes deudas de la administración Bachelet.

Por esta razón el senador Jaime Quintana, quien en marzo asumió como presidente de la Cámara Alta, ha intentado reflotar esta demanda a través de distintas iniciativas legales y académicas que buscan reposicionar el tema en el debate público.

Es así como este jueves el parlamentario encabezará un seminario para discutir sobre una nueva carta magna, además del lanzamiento de una plataforma digital de consulta ciudadana.

Paralelamente, un grupo de legisladores de la oposición anunció este martes el envío de dos iniciativas legales para habilitar el proceso constituyente. Así lo explicó el diputado PS Marcelo Díaz quien entregó detalles sobre el contenido de la normativa.

“En Chile la soberanía reside en las autoridades electas y el Congreso es una de esas instituciones elegidas por los ciudadanos. Esta atribución especial que queremos entregar es convocar por mayoría calificada a un plebiscito para consultarle a los ciudadanos sobre el cambio completo a la Constitución. De contar con mayoría, el Presidente se verá obligado a convocar a un plebiscito para que los chilenos y chilenas se pronuncien sobre cuál es el mecanismo más apropiado para dictar esa nueva constitución”.

Diputado Marcelo Díaz

En ese sentido, el ex ministro expresó que con esta iniciativa lo que se busca es dar una señal a la ciudadanía de que la demanda por una nueva carta fundamental no se ha agotado, sino que, por el contrario, continúa vigente.

“Lo que queremos decirle a los cientos de miles de ciudadanos que participaron de este proceso constituyente es que éste no va a quedar en nada, que vamos a retomar ese impulso porque sabemos que la Constitución es muchas veces el obstáculo para hacer cambios importantes en temas que son trascendentes para los ciudadanos”.

Una propuesta testimonial

Durante el año 2013, previo al triunfo de la Presidenta Michelle Bachelet, el movimiento ciudadano por una nueva constitución adquirió una inusitada fuerza, lo que motivó que esta demanda fuera una de las banderas levantadas por quienes apoyaron la candidatura y posterior gobierno de la ex jefa de Estado.

Sin embargo, en el camino el itinerario trazado por el Ejecutivo fue sufriendo cambios y postergaciones que llevaron a quienes empujaron el tema constitucional a tener dudas respecto de los resultados del proceso y de la real voluntad política de quienes debían impulsarla. De ahí que el reemplazo de la cuestionada constitución de 1980 para muchos ha terminando pareciendo una quimera.

Para el profesor de la Universidad de Chile, abogado y ex integrante de Consejo Ciudadano de Observadores, Salvador Millaleo, “es evidente que en el estado político del país no es previsible un cambio constitucional de magnitud, es decir, un reemplazo de una constitución por otra, porque el Ejecutivo dijo desde un comienzo que no iba a fomentar esa iniciativa, por lo que, a menos que cambie de opinión lo veo bastante difícil por los quorum que se necesitan; no existe una correlación de fuerzas”.

Profesor Salvador Millaleo

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el académico cuestionó la última etapa del proceso constituyente, apuntando a que ésta “no fue manejada correctamente porque no se hizo con un debate ni siquiera con la coalición que en ese tiempo apoyaba a Michelle Bachelet, que tuvo como resultado un texto que entró la última semana de gobierno con una serie de contenidos que eran desconocidos por casi todo el mundo”.

En ese sentido, Salvador Millaleo fue categórico en que el proceso más que efectivo, fue “terapéutico”, en donde se dio un espacio de discusión y de debate no manipulado, pero que no tuvo un resultado concreto. Desde su perspectiva, esto dice relación con la poca fuerza que tenía el Gobierno para impulsar este tema, con una aprobación ciudadana a la baja tras el caso Caval.

Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, Jaime Bassa la imposibilidad de concretar un cambio constitucional obedece a una negativa de los distintos actores políticos de alterar las relaciones de poder en la sociedad. “La clase política no quiere una nueva constitución y eso es súper evidente porque no es sólo reformar tres o cuatro capítulos de la constitución vigente; nueva constitución es tener una nueva estructura para las relaciones de poder político en la sociedad. Es algo que impacta no solamente en las normas jurídicas, es algo que impacta en las relaciones de poder en la sociedad”.

En ese sentido, el abogado apuntó a la posición de privilegio de quienes ostentan el poder político. “Hay cierto discurso que emana de la misma clase política que busca de alguna manera bajarle la importancia a la cuestión constituyente como si esto fuera una preocupación de expertos y no ha permitido que la ciudadanía entienda el vínculo entre las relaciones de poder que condicionan nuestra vida cotidiana y la Constitución Política de la República. Por eso es tan notorio, tan sintomático que el gobierno anterior, habiendo tenido tanto apoyo popular en esta materia, incluso siendo acompañado por la campaña “Marca tu Voto” en 2013, haya postergado tanto la discusión constituyente, no haya presentado nada hasta el final de su mandato, incluso después de la elección presidencial”.

Profesor Jaime Bassa

Nueva constitución: ¿Una salida a la crisis institucional?

Para el abogado tanto en la ciudadanía como en la clase política hay espacio para mejorar la comprensión del fenómeno constituyente. Por un lado, hay distintas demandas sociales que movilizan a sectores importantes de la sociedad que en última instancia dependen de la Constitución. “Si todos esos sectores sociales pudieran articularse en torno a una demanda común como una nueva constitución, eventualmente se podría tener más peso en la demanda que se está tratando de levantar” señaló Bassa.

Para el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, la salida de la crisis institucional pasa necesariamente por un cambio a la actual constitución.

A través de una columna publicada por el diario La Tercera, el académico sostuvo que “el necesario análisis reflexivo sobre esta crisis se está empezando a dar en el ambiente académico, y de él esperamos que surjan propuestas que permitan enfrentarla desde distintas disciplinas y áreas del conocimiento. Desde el derecho, el análisis nos conduce a la necesidad de una nueva Constitución para Chile” afirmó.