Allison Estay es la presidenta del Centro de Alumnos del Liceo Darío Salas, misma que se ha convertido en uno de los rostros afectados por la aplicación de la ley Aula Segura en este año.
Hace dos meses, a Estay se le acusó de haber golpeado a una paradocente y fue expulsada de dicho establecimiento por la directora Lilian Vincent. La dirigente, sin embargo, pidió las pruebas médicas que constataran la agresión, las que nunca fueron entregadas.
Así, según relató a este medio la concejala de la Municipalidad de Santiago, Rosario Carvajal, Estay presentó un recurso de protección aduciendo que se trató de una discusión verbal y no física.
“Como concejalas hicimos una presentación ante la Superintendencia de Educación. Esta semana la Corte dictó la orden de no innovar por el recurso presentado por Allison Estay, lo que significa que se revierte la decisión arbitraria que había tomado la dirección del establecimiento”, explicó Carvajal.
Sin embargo, según declaró Allison Estay a través de redes sociales, reintegrarse no fue del todo fácil. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la madre de Allison, Elba Molina, confirmó que este jueves su hija pudo entrar al liceo Darío Salas, aunque el miércoles tuvo que ser acompañada por Carabineros para retirar un certificado de alumna regular emitido por dirección.
“El miércoles, el encargado de convivencia se enfrascó en una discusión con ella y le empezó a tirar el cuerpo encima. Un hombre de más de 36 años tirándole el cuerpo encima a mi hija, que es una niña de 16 años, ¿se puede imaginar cómo se sintió ella? Me llamó llorando”, contó Molina.
Pero el detalle suelto luego de esto es el cómo Allison recuperará los casi dos meses en las que no asistió a clases. Según relató Molina, con la expulsión en curso, el liceo estaba comprometido también a facilitar todo tipo de material para que la alumna pudiese mantener el ritmo de las clases, sin embargo, nada de esto ocurrió.
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, también se refirió a esta situación y reiteró que la postura de su organización ha sido siempre crítica con respecto de la aplicación de Aula Segura. Asimismo, recordó que, aún con la aplicación de la ley, los problemas de violencia en los liceos no han disminuido.
“Tampoco se está cumpliendo lo que dijo la Ministra (Marcela Cubillos), que se iba a asegurar el derecho a la educación para todos. Si tenemos alumnos que, habiendo sido expulsados por Aula Segura hoy no están estudiando, entonces es una ley que está afectando gravemente el derecho a la educación”, criticó Aguilar.
Esta opinión coincide también con la de la concejala Rosario Carvajal, quien indicó, además, que la situación vivida por Allison Estay es una muestra del hostigamiento que existe para con los dirigentes estudiantiles. Muchos de ellos, quizás Allison incluida, están tomando cada vez más en cuenta estos episodios al momento de aceptar un cargo de dicha envergadura.
Para Carvajal, la tendencia de culpabilizar a los movimientos sociales por los episodios de violencia data incluso desde años anteriores a Aula Segura, cuyas investigaciones, hasta hoy, no son del todo “rigurosas y personalizadas”.