Un año ha pasado ya desde que el Gobierno dio inicio al llamado Plan de Regulación Extraordinaria, creado para, según su eslogan, “ordenar la casa” y regularizar a todos aquellos inmigrantes que por diversos motivos no habían podido hacerlo.

Criticado por diversas organizaciones sociales debido al estado de imposibilidad para ejercer actividades remuneradas al que se sometían sus participantes, el plan continuó su marcha bajo la promesa de que sería resuelto en el plazo de un año.

Sin embargo, para la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, esto no se cumplió, pero además, ha traído consigo el rechazo de algunas solicitudes y la nula respuesta de otras.

Rodolfo Noriega, vocero de dicha organización, explicó así las razones de esta medida.

Rodolfo Noriega de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.

“La idea es discutir con la comunidad migrante las medidas a tomar frente al tema de las amenazas de las expulsiones colectivas, que incluso estarían afectando a mujeres con hijos chilenos, lo que provocaría o el exilio de los niños chilenos fuera del país o la separación de familias, que es una cuestión inadmisible por el derecho internacional”.

Una de las acciones que podrían llevarse a cabo luego de la asamblea, según lo anunció Noriega, sería una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que permitiría a los expulsados tener derecho a una defensa.

Para Noriega, este tema no solamente afecta a los inscritos en el Plan de Regulación Extraordinaria, sino a todos los que ingresaron a Chile luego del 8 abril de 2018, ya que muchos de ellos también se encontrarían en situación irregular respecto de sus solicitudes de visa.