El pasado miércoles, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) revirtió la declaración de monumento histórico del último edificio de la Villa San Luis. Así, a través de un comunicado, el organismo declaró que “tras varios meses de análisis, con informes técnicos a la vista y después de escuchar a todas las partes interesadas, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobó en general la propuesta del propietario del predio, la Inmobiliaria Presidente Riesco, de construir a su costa un espacio de memoria en los terrenos pertenecientes a la ex Villa San Luis de Las Condes, con lineamientos, condiciones y observaciones, que serán entregados por el CMN en su resolución”.
Ante ello, la Fundación Villa San Luis, integrada por ex propietarios del emblemático proyecto habitacional de la Unidad Popular, señaló que la decisión reduce a la mínima expresión el territorio que debía resguardarse.
En conversación con el programa Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, el presidente de la organización, Jaime Díaz Lavanchy, manifestó que la medida representa un “profundo dolor” para quienes vivieron en el inmueble. Asimismo, cuestionó el quehacer del CMN.
“La decisión tomada el día de ayer por el Consejo de Monumentos Nacionales menoscaba profundamente su credibilidad. Lo pone en la lista negra de las instituciones del Estado. Es un golpe brutal y, ante esto, se debe pronunciar la Ministra de las Culturas”.
“También creemos que Contraloría General de la República deberá revisar el acto administrativo que se ha decidido para evaluar posibles irregularidades y actos de corrupción. Lo que hay detrás de esta decisión es la sinfonía que tiene el Gobierno de Chile con los empresarios y la falta de empatía respecto de la ciudadanía. Aquí ha primado el negocio inmobiliario por sobre el patrimonio y, ante eso, debe responder el subsecretario Emilio de la Cerda”, enfatizó.
Según Díaz, uno de los puntos más críticos en la determinación tiene que ver con que el CMN se basó en un informe realizado por la misma inmobiliaria y no en un informe técnico propio. Por lo mismo, indicó que “se deberían analizar un notable abandono de deberes por parte de los responsables de esta situación. Esto es gravísimo, es un golpe a la democracia. Acá el Consejo está tomando una decisión en base a un informe estructural pagado por una parte interesada que va a lucrar a partir de esta decisión tomada por una institución del Estado”.
La Villa San Luis fue construida durante el Gobierno de Salvador Allende, sin embargo, con la llegada de la dictadura, los pobladores del lugar fueron desalojados y reubicados en comunas como Independencia, Renca, Conchalí y Lo Espejo. Luego, en 1996, la propiedad fue adquirida por la Inmobiliaria Parque San Luis S.A., firma controlada por miembros de las familias Sarquis, Zalaquett y Cueto, así como a Alberto Kassis, uno de los principales financistas de la Fundación Pinochet. Actualmente, la inmobiliaria Presidente Riesco S.A pretende construir en el sitio seis edificios de 19 pisos.
En junio de 2017, y gracias al trabajo de la Fundación Villa San Luis, el CMN aprobó su declaración como monumento histórico y, más tarde, en enero de 2018, el mismo organismo se pronunció a favor de la idea de construir un memorial. Respecto de ello, Díaz concluyó que, como organización, esperarán a que el Ministerio de las Culturas interceda en el caso.
“Esperamos que la ministra Consuelo Valdés se comunique con el Ministerio de Obras Públicas, averigüe por qué esa repartición del Estado no hizo su propio estudio independiente respecto el último block de la Villa San Luis. Esperamos que la autoridad reaccione sin tener que estar presionando para que se cumpla la ley”.