La crisis generada en Osorno por falta de agua potable durante ha generado que múltiples representantes políticos y ciudadanos pidan el término de la concesión otorgada a la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A (ESSAL).

Sin embargo, aunque el procedimiento legal existe y es facultad del Presidente elaborar un decreto, hay una serie de señales que minan el camino para concretar la máxima sanción contra la compañía.

La decisión del Mandatario contra ESSAL está supeditada a un informe técnico encargado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que debe considerar el historial de cumplimiento de la compañía, el tipo de infracción normativa, la gravedad de la crisis sanitaria, y el detalle de las causales legales para declarar la caducidad de su operación, entre otros aspectos.

Para el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, existen suficientes antecedentes que perjudican a ESSAL y que permite al Ejecutivo dictaminar el definitivo cese de su licencia.

“La ciudadanía acá pasó de una situación de dolor, preocupación y angustia, a un estado de desconfianza, y eso también es salud mental, entonces, yo creo que hoy día tenemos las condiciones suficientes para que se estudie la determinación y si es necesario caducarla, hay que caducarla”, argumentó.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios es representada hoy por Jorge Rivas, quien fue por diez años jefe del Área de Tarifas de Aguas Andinas, transnacional controladora de ESSAL, junto con otras sanitarias menores que operan en regiones del país.

La vocera de la Asamblea Ambiental de Osorno, María Inés Barrera, indicó que temen que el fin de la concesión quede en nada y  la empresa sanitaria solo tenga que pagar los 600 millones de pesos de multa que estipula la ley.

“El Presidente Piñera le debe quitar el permiso a la compañía y así demostrará que está de parte de los ciudadanos y no de las empresas que funcionan artesanalmente”, afirmó.

Mientras, desde el mundo político insisten en que ESSAL debe terminar su trabajo en la zona. Desde Renovación Nacional solicitaron al Gobierno poner término a concesión de la compañía que opera en la región de Los Lagos.

También, directivos de la Democracia Cristiana, dirigidos por su timonel, Fuad Chahín, entregaron una carta al Presidente Piñera para que dé luz verde a la máxima sanción, nunca antes decretada contra una empresa de tal magnitud.

“Llegó el momento de empezar a ejercer las responsabilidades, no basta con la indignación, aquí el Ejecutivo tiene que actuar. Estamos exigiendo que se indemnice no solo el daño patrimonial, sino también el daño moral de todos los clientes de ESSAL en Osorno. Además, vamos a perseguir las responsabilidades políticas por la inacción del Gobierno, que por muchos días se dedicó más bien a ser el vocero de la empresa, más que estar de lado de los ciudadanos”, subrayó.

Recordemos que también entra a escena la figura de Guillermo Pickering, militante demócrata cristiano y presidente de Aguas Andinas, compañía trasnacional controladora de ESSAL, y quien es apuntado como un importante lobbysta. También fue subsecretario del MOP y del Interior en la administración que desestatizó totalmente las sanitarias en la década de los 90.

En este sentido, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, indicó que desde que se privatizó este servicio básico, muchas compañías debieron haber salido del negocio por fallas y negligencias. Sin embargo, como ha pasado también con la reforma al Código de Aguas, la injerencia de actores que representan los intereses privados involucrados pueden hacer estéril la concreción de la medida de cesación.

“Hay una situación de tráfico de influencia muy grande entre el sector político y empresarial. Particularmente en esta administración es muy evidente, y está evitando que el país resuelva los problemas. Si esto no se soluciona en un plazo razonable, aquí vamos a tener muchos osornos”, aseveró.   

En caso que, eventualmente, se decrete la máxima sanción contra ESSAL, según la ley que regula a las empresas de servicios sanitarios en Chile, el Ejecutivo debe designar un administrador provisional y luego efectuar una nueva licitación para la llegada de otra compañía.

Una medida que no significaría una solución real y efectiva al problema del servicio básico en Osorno, ya que el mercado, tal como dijo el superintendente Jorge Rivas, “es muy pequeño”.

Un sector controlado por pocas compañías, mismas que están cuestionadas por financiar campañas políticas de uno u otro sector, vía aportes reservados.