El abogado de 70 criminales condenados por violaciones a los derechos humanos en el penal Punta Peuco, Raúl Meza, llegó este miércoles hasta el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para solicitar un pronunciamiento por parte de la directora del organismo, Consuelo Contreras, ante lo que calificó como una “violación sistemática y reiterada” de los derechos de sus representados.

En el INDH, Meza explicó los detalles de la acción que llevó a cabo. “Es una denuncia que se está haciendo formalmente a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos porque hemos solicitado su intervención formal en relación a las ilegalidades, irregularidades y falencias que están ocurriendo, hoy en día, en el penal de Punta Peuco en relación a la concesión de los beneficios carcelarios y, particularmente, lo que dice relación con los informes psicológicos para el otorgamiento de las libertades condicionales”, señaló.

Al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) también llegaron algunos manifestantes que pidieron más beneficios para los condenados por violaciones a los derechos humanos.

Esto, a raíz del informe de la Contraloría General de la República que señala irregularidades en las comisiones técnicas que están a cargo de otorgar o denegar libertades condicionales a los reos. En esa línea, el abogado de los apresados en Punta Peuco señaló las falencias que se indican en el informe.

“La Contraloría es muy acuciosa y dice que no se aplican los estándares y protocolos psicológicos para la aplicación de esos informes. Puede ser difícil de entender, pero la propia Contraloría dice que ha habido falta de rigurosidad técnica y profesional en los informes que dan cuenta y que permiten a un reo optar a un beneficio dominical o, eventualmente, la libertad condicional”, explicó Meza.

Por esto, Meza pidió a la directora del INDH, Consuelo Contreras, que se pronuncie y dé una señal potente en el sentido de que se deben proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos del país.

El abogado Raúl Meza defiende a 70 reos de Punta Peuco.

“El Instituto de Derechos Humanos tiene que dar una señal muy clara al país, en el sentido de si este es un Instituto que protege los derechos humanos, incluso, de aquellos que hoy día están siendo condenados por causas de derechos humanos. Son reos ancianos, muchos enfermos terminales y con enfermedades crónicas, en consecuencia, creemos que hoy día lo que estamos pidiendo al INDH  es que dé una señal potente de que los derechos humanos no pertenecen a un sector político y se deben proteger a todos los chilenos”, sostuvo el abogado.

Contraloría dio un plazo de 15 días hábiles para llevar a cabo la investigación sumaria, la que estará a cargo de un fiscal encargado y buscará asignar responsabilidades por las falencias que detectó el ente contralor en las comisiones técnicas que evalúan el estado de salud de los reos de Punta Peuco.