Luego de que este miércoles se despachara a Ley de la República el proyecto que deroga la Ley Reservada del Cobre, quedó abierto el debate sobre si esto representa necesariamente un cambio a la forma de financiamiento de las Fuerzas Armadas en Chile.

Para esto, es preciso recordar que, con la ley antigua, Codelco estaba obligado a ceder el 10 por ciento de sus ventas anuales para el financiamiento de las compras militares. Esta situación, según explicó a Diario y Radio Universidad de Chile el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Felipe Agüero, habría generado cierto desprestigio de la Corporación a nivel internacional.

Hoy, dicho financiamiento será reemplazado por un fondo plurianual, pero que continúa fijando arbitrariamente montos mínimos de aporte por los próximos años, provenientes de la Ley de Presupuestos. Este detalle, aclaró Agüero, es justamente lo que no modifica mucho la situación actual de la ley.

“La principal crítica a la ley del cobre era que había un monto fijo. Ese es un monto completamente arbitrario que llenó las arcas, que llenó las capacidades de compra de las Fuerzas Armadas, pero que estaba completamente desvinculado de una planificación, y eso es reemplazado por otros mecanismos de financiamiento que también establecen un monto mínimo”, explicó el experto.

Agüero, además, agregó que el problema estuvo en la derogación de la ley y, a la par, reemplazarla con otra de forma inmediata. De esta manera, según dijo, “se perdió la oportunidad de hacerlo bien”.

Asimismo, el académico de la Universidad de Chile recalcó que, de los gastos realizados en las Fuerzas Armadas, la gran mayoría corresponden a gastos de personal y, sobre todo, a montos para las jubilaciones. Esto, a su vez, abre posibilidad de una reforma pendiente sobre mejoras en el equilibro de los presupuestos.

Mientras tanto, en lo concerniente a las compras, Agüero indicó que éstas siguen siendo ejecutadas por las propias Fuerzas Armadas y así, el espectro para los casos de corrupción podría agravarse.

“Es evidente que habría que atacar frontalmente el tema de cómo, efectivamente, se agencian las compras. Y aquí, entonces, queda un déficit al que los parlamentarios llamaron la atención. Quedó establecido que el gobierno presentaría una ley sobre esto en los próximos seis meses pero, entre tanto, se haría un reglamento”, comentó Agüera.

Este tipo de gastos en compras, a su vez, están enmarcados en un contexto latinoamericano de pacifismo y que produce ciertas inconsistencias, sobre todo al momento de definir las funciones de las Fuerzas Armadas en el país.

Así se refirió Agüero respecto de cómo se le ha empezado a atribuir roles que no le corresponden a dicha institución.

“Se usan para combatir incendios, en vez de fortalecer las instituciones civiles que deben hacerse cargo de eso. Se las utiliza para emergencias de salud, en vez de fortalecer nuestro sistema nacional. Se las ocupa en el combate al dengue, están siempre generando nuevas oportunidades de empleo que nada tienen que ver con esta gran cantidad de financiamiento para compras militares”, criticó Agüero.

Finalmente, el académico recordó las situaciones de la región en donde las Fuerzas Armadas se vieron involucradas en golpes de Estado. Para Agüero, sin embargo, aunque un mayor presupuesto para dichas instituciones significa un mayor poder, no resulta trascendental al momento de involucrarse en acontecimientos de este tipo.

Situaciones que conllevan al sobredimensionamiento de la Fuerzas Armadas, según el experto, no pueden ser resueltas solo desde el control de los gastos, sino más bien a través de cambios constitucionales.