¿Estaría dispuesto a pagar por entrar a un parque urbano que hoy es de libre circulación?

Esa es una de las opciones de las 12 preguntas que contiene la consulta nacional ciudadana impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y que estará disponible hasta el próximo mes de septiembre en la página web de la secretaría de Estado.

Según las autoridades de Gobierno, la idea de la encuesta es aportar a la nueva Política de Parques Urbanos acerca de  “cómo pensar, diseñar, gobernar, utilizar y construir” estos espacios de esparcimiento.

Para el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, estas iniciativas “propagandísticas” impulsadas por la administración de Sebastián Piñera es un “voladero de luz” que busca como objetivo final privatizar los escasos lugares verdes y públicos que quedan en las ciudades del país.

“Estaríamos frente a un intento por privatizar los bienes nacionales de uso público. Lo que tendría que hacer el Gobierno es modificar los aportes que las comunas más ricas hacen al Fondo Común Municipal, que entreguen más del 65 por ciento de lo que consiguen a través de las contribuciones de bienes raíces. Esto debiera ser mayor, para materializar la implementación de más cantidad de áreas verdes en comunas deficitarias, que son la mayoría”, afirmó

Una de las organizaciones que integran la mesa gubernamental para elaborar una Política Nacional de Parque Urbanos es la Fundación Mi Parque.

Para la directora de Investigación y Desarrollo de dicha ONG, Trinidad Vidal, la encuesta no está centrada en la privatización derechamente de las áreas verdes, sino que más bien apunta a otorgar a particulares la posibilidad de que administren parte de los recintos, construyendo cafeterías, salas para charlas, canchas y centros de eventos, entre otros tipos de negocios, y esos dineros reinvertirlos en mejoras para el mismo lugar.

“No siento que esta sea una señal de privatización de los parques, porque lo que se pregunta ahí es la posibilidad de que privados administren ciertos servicios en su interior y que esos recursos sirvan para mantención. Nos parece válido preguntarlo también, y quizás la pregunta puede estar orientada a que si es posible que un área no sea de libre acceso o ciertos servicios, no así la libre entrada de las personas a estos espacios”, subrayó.    

Para la académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile (FAU), Carolina Devoto, la idea de concesionar los recintos no es nada nuevo. Según lo que señaló en entrevista con Diario y radio Universidad de Chile, hace aproximadamente 20 años se impulsan consultas debido al déficit como país para sostener los parques urbanos y rentabilizar lo más posible su metro cuadrado. Una idea que se importa desde el sistema utilizado en Estados Unidos y Canadá.

La también coordinadora del diplomado de infraestructura verde de nuestra casa de estudios, manifestó su rechazo a cualquier posibilidad de cobrar por una entrada al recinto que hoy día es de libre acceso. Además, puso en duda que los dineros obtenidos en las concesiones por los municipios sean reinvertidos en mejoras del mismo recinto.

“Nosotros como sociedad no deberíamos considerar el ingreso a un parque pagado porque eso puede provocar aún más segregación. Una de las características de estos sitios urbanos es que producen integración y tienen valores medioambientales importantes. Por eso no podemos estar también evaluando si los mantenemos o no, evaluemos que tipo de servicio se puede dar en su interior y que provoque algún tipo de rentabilidad y que nos asegure que ese dinero se dentina para el desarrollo del área”, subrayó.    

Consultada sobre el marco legal que regula la administración de estos espacios, Devoto alertó sobre la falta de una normativa adecuada en materia de áreas verdes urbanas, que si bien se encuentran reguladas a través de la ley de urbanismo y construcción, con una definición de área verde vinculada a la naturaleza y su uso recreativo, ésta se encuentra desfasada.

Recordemos que el Ejecutivo también está impulsando, por otro lado, un plan orientado a traspasar a privados la administración de 10 Parques Nacionales que son superficies de áreas protegidas en los que se instalarían servicios de gastronomía, hotelería o estacionamientos.