Este domingo, el Banco Central de Argentina comunicó a la prensa el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 596 -del 28 de agosto-, en el que, anuncia que todas las compañías, y no solo los bancos, tendrán que pedir autorización a la entidad monetaria argentina para girar divisas al exterior. A esto, entre otras medidas, se sumó que las empresas exportadoras deberán liquidar  las divisas producto de sus ventas en el país.

A grandes rasgos, el plan de Mauricio Macri para enfrentar la fuga de capitales es restringir la compra de divisas hasta 10 mil dólares mensuales para atesoramiento, bloquear la remisión de utilidades y dividendos de las empresas y obligar a liquidar los dólares de las exportaciones en plazos de hasta 5 días hábiles.

Ya en abril el jefe del Gabinete de Ministros del Gobierno argentino, Marcos Peña, durante una intervención en la Cámara de Diputados, había descartado una medida de estas características y asegurado que no se volvería a los “cepos” que el actual oficialismo tanto criticó a la administración de Cristina Fernández.

“No vamos a ir por el lado de los cepos, no creemos en los ‘defaults’ (suspensión de pagos), porque lo que genera es la destrucción de credibilidad que hemos ido acumulando como sociedad. Tenemos que honrar nuestras deudas”, señaló Peña durante la presentación mensual del informe sobre la gestión del Gobierno.

En agosto de 2019, la deuda pública de Argentina como porcentaje del PBI superó el 100%, duplicando el tamaño que tenía en diciembre de 2015. El 80% de la misma fue contraída en dólares, convirtiendo a la Argentina en el país que más aumentó su deuda externa en 2019.

No obstante, la aguda crisis económica que atraviesa el país trasandino ha obligado al gobierno de Mauricio Macri a tomar medidas concretas y contradecir sus dichos. Al control de cambios anunciado este domingo, se suma la medida que el Gobierno de Argentina tomó el pasado 28 de agosto, cuando dispuso unilateralmente postergar el pago de cuatro letras de corto plazo del Tesoro Nacional y proponer una postergación forzada del plazo de pago a los acreedores de títulos de deuda, tanto bajo legislación argentina como bajo legislación extranjera.

Pese a que esta última medida fue calificada por el Ejecutivo como un “reperfilamiento”, diversos expertos y organismos afines la calificaron como un nuevo “default selectivo”, pero, esta vez, del gobierno de Mauricio Macri.