Este martes, el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad solicitado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, para dirimir la controversia sobre la propiedad de los ahorros previsionales de una profesora de dicha región. Así, el debate por la reforma previsional en curso volvió a salir a flote.

Desde la presidencia del Gremio de AFPs, Fernando Larraín ha manifestado que dicho debate se aleja de los cambios que se pretende hacer en cuanto a pensiones y que se acerca más a “un sistema como el peruano, que dejó de ser previsional”.

Sin embargo, desde organizaciones como NO+AFP, la admisión del requerimiento ha sido celebrada, sobre todo porque marcaría un precedente respecto de los cambios que vienen buscando en materia de seguridad social.

Así lo manifestó a Diario y Radio Universidad de Chile el vocero de dicha organización, Luis Mesina.

Luis Mesina.

“Esto va a tener que dirimir en el problema de fondo, y abre una posibilidad importantísima porque, tal como lo señala la Corte de Apelaciones de Antofagasta, hay materias de inconstitucionalidad que no garantizan el derecho a la seguridad social. Cuando nosotros acudimos a dicha instancia, intentábamos buscar que el derecho se pronunciara sobre la ilicitud que ha significado estar prisioneros de este sistema”, precisó el dirigente.

Desde el espectro político, la diputada y presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans, manifestó que lo sucedido en el Tribunal Constitucional debe reflejarse también en la Reforma Previsional impulsada por el Gobierno.

“La Ley de Pensiones señala que no podemos disponer de nuestros ahorros, en este caso para pagar una deuda hipotecaria. Esto tampoco está resuelto por la reforma del gobierno del presidente Sebastián Piñera, al contrario, lo mantiene y lo profundiza. Es por eso que también se hace evidente que es necesario un cambio radical en la Ley de Pensiones”, señaló la diputada.

Gael Yeomans.

Esto, a su vez, contrasta con lo manifestado por el ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien antes de que el Tribunal Constitucional admitiera el requerimiento mencionado, aseguró que ese y los otros recursos presentados en diversas Cortes de Apelaciones, no tenían ningún fundamento y que perseguían objetivos políticos.

Al respecto, Luis Mesina criticó los dichos de Monckeberg y aseguró que el ministro no estaría respetando la funcionalidad de las instituciones, dado que se trata de un procedimiento totalmente válido en casos de controversias en materia de interpretación jurídica.