Pocos movimientos sociales y ciudadanos han logrado mantenerse fuertes y activos durante años sin perder vigencia o visibilidad como lo ha hecho por lo menos desde el año 2016 el Movimiento No + AFP.

Luego de su irrupción en las calles, con masivas movilizaciones y protestas que recordaban al movimiento estudiantil de 2011, la en ese entonces Presidenta Michelle Bachelet se vio obligada a anunciar un conjunto de medidas, que se traducirían posteriormente en un proyecto de ley que avanzaba, tibiamente, hacia un sistema previsional de carácter mixto.

No obstante, con la llegada a La Moneda de Sebastián Piñera esa idea fue desechada y reemplazada por una que, a juicio de algunos economistas y expertos, viene a legitimar el actual modelo a través de un aumento en la cotización –de 10 a 14% con cargo al empleador- la que iría de manera íntegra a las cuentas individuales.

Por esta razón, y ante la creciente demanda por generar cambios sustantivos al actual régimen previsional, durante los últimos meses han surgido distintas propuestas y medidas tanto dentro como fuera del Congreso.

Esto, en medio de la incertidumbre frente al futuro del  proyecto del Ejecutivo y si, finalmente, contará con los votos necesarios para avanzar en su tramitación y ser aprobado tanto en la Cámara como en el Senado.

En ese marco, parlamentarios DC -los mismos que votaron a favor de la idea de legislar del proyecto- propusieron una idea que, a la luz de la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ha tomado fuerza entre algunos legisladores y que dice razón con la posibilidad de que los jubilados puedan traspasar sus ahorros previsionales para pagar deudas hipotecarias.

Asimismo, durante la semana pasada se constituyó la bancada por No + AFP integrada por diputados del Frente Amplio y algunos de la ex Nueva Mayoría, que busca dar una señal de apoyo a esta demanda ciudadana.

En esa misma línea, el diputado de RD y miembro de la comisión de Hacienda, Giorgio Jackson, fue categórico en que si se aprueba el proyecto del Gobierno “en dos años más vamos a estar hablando de la crisis de las pensiones”.

Desde esa perspectiva, el parlamentario puntualizó que “la propuesta de pensiones del Gobierno es una planificación que recién en 48 años más podría eventualmente dar resultados y en el corto plazo se conforma con aumentar en cerca de diez mil pesos la pensión básica solidaria”.

Por esta razón, él junto a otros parlamentarios de RD plantearon una alternativa que utilizaría los mismos recursos que la propuesta gubernamental.

“Hacemos una re ingeniería del proceso para basarlo en los principios de la seguridad social. Es decir, en vez de basar todo en una cuenta de ahorro individual que tienen las personas, se hace una seguridad social que va a reconocer los años trabajados y el monto de los sueldos en las cuentas nacionales para cada uno de los que están afiliados al sistema para asegurarle pensiones que parten de los 300 mil pesos (…)eso es lo que hacen los países serios y asegura una sustentabilidad financiera al menos hasta el año 2050”.

Desde el mundo académico y expertos previsionales han reiterado que bajo las actuales reglas del juego es muy difícil que se aumenten sustantivamente las pensiones.

En conversación con nuestro medio, el investigador de la Fundación Sol, Recaredo Galvez, analizó el debate en torno a este proyecto y la posibilidad de que se mejoren efectivamente las jubilaciones a partir de esta propuesta.

Recaredo Gálvez

“Hoy el debate sigue estando en una tierra que podríamos decir, es de nadie. Pareciera que no hay claridad sobre cómo finalmente va a quedar esta reforma, puesto que algunos parlamentarios de oposición han señalado su interés en que pueda incrementarse este 4%, no obstante hay que ver cuál va a ser la negociación que se va  a llevar a cabo con el Gobierno en esa linea. Lamentablemente ni eso, ni incrementar un 4, 5 o 6% manteniendo cuentas individuales ni tampoco este famoso ente estatal son cuestiones que mejoren las actuales y futuras pensiones”.

Desde el movimiento social en tanto, continúan con la embestida judicial en contra de las AFP y a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el Decreto Ley 3.500 que regula el actual sistema de pensiones. Paralelamente se han realizado manifestaciones como la del domingo pasado, que pese a no haber sido tan masiva como otras, es una demostración de que la demanda por un sistema de pensiones mas justo sigue más viva que nunca.

En ese marco este lunes el líder de la CPC, Alfonso Sweet se manifestó partidario de que en algunos casos los pensionados  puedan retirar sus fondos. “Cuando la persona se ha jubilado, nos parece de toda lógica que pueda retirar, porque ya está jubilado” expresó, generando sorpresa en el mundo empresarial y demostrando un grado de resignación desde el sector respecto de los cambios que, de alguna manera, se introducirán al actual sistema.

De hecho, según datos arrojados por la última encuesta Cadem, al menos un 85 por ciento de los consultados sugiere que en Chile se admita el retiro anticipado de fondos de pensiones al momento de jubilar.

La encuesta también destaca que un 76 por ciento aprueba que la cotización adicional quede en la cuenta individual de cada trabajador, mientras que un 78 por ciento está de acuerdo con que cada persona elija si prefiere que un ente público o una de las AFP administre sus fondos.