Pese a que según distintos sondeos de opinión no le ha traído réditos políticos, el presidente Sebastián Piñera ha optado por insistir en el mismo libreto: el discurso de la seguridad y el orden público, reforzado por algunos medios de comunicación y líderes de opinión, lo que -hasta el momento- no ha hecho eco en la ciudadanía que se sigue manifestando prácticamente a diario en las calles del país.

Por el contrario, la retórica del miedo, el desorden, el vandalismo y el caos por sobre una respuesta concreta a las demandas sociales, no ha hecho sino hundir aún más la alicaída imagen presidencial cuya aprobación, según la última encuesta Cadem, no supera el 12%.

Por esta razón, el anuncio del pasado domingo de entregar más facultades a las Fuerzas Armadas para resguardar la infraestructura pública, sin la necesidad de decretar un estado de excepción constitucional, generó confusión y desconcierto entre quienes esperaban otro tipo de señal por parte del Mandatario.

Para el sociólogo y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Felipe Agüero, “el Presidente yerra en poner siempre la agenda de orden público por encima de todo lo demás (…)cuando se evita la agenda social, cuando se evita referirse al tema de los derechos humanos, pasar muy directamente al tema de las Fuerzas Armadas en materia de orden interno, es bastante preocupante y para mi condenable” expresó.

En conversación con nuestro medio el el doctor en ciencias políticas indicó que “esto representa una tendencia bastante persistente que venía mostrando este gobierno, antes de esta crisis, de ir metiendo cada vez más a las Fuerzas Armadas en asuntos internos o de responsabilidad civil, alejados de sus responsabilidades en Defensa”. Además, recalca el experto, “hay que entender esto en el contexto de un sistema de dirección y control en Defensa que está en cuestión y no está garantizado”.

Otro aspecto que, desde su perspectiva, hace cuestionable el anuncio es que “el Gobierno no ha mostrado ninguna sensibilidad frente a los informes reiterados que condenan la conducta de las fuerzas de mando en materia de derechos humanos“. En contraposición, señala, “el Presidente solo enfatiza el orden público, ese es un error del Gobierno que lo aísla aún más, es preocupante”.

Una mirada similar posee el ex subsecretario de Defensa, Marcos Robledo, quien también observa con preocupación el rol que podrían tomar las Fuerzas Armadas en un contexto del paz.

“El Gobierno le ha permitido a las FF.AA. una opinión  sobre un tema que no es de su competencia, militarizando aún más la situación en desarrollo en el país (…) el Gobierno comete nuevamente un error al arrastrar a los militares a una situación de manera completamente prematura porque, de hecho, hasta ahora salvo en el caso del Metro y de unidades policiales, no ha habido mayor información respecto de estructura crítica que haya sido atacada durante los desórdenes. Uno podría decir, si hubieran sido atacados los hospitales, los consultorios, en fin, podría haber una discusión más sustantiva, pero en general se trata de infraestructura que es tarea de la policía resguardar en una democracia”.

En relación a la experiencia de otros países Robledo aclara que eso efectivamente ocurre, pero la presencia militar en las calles se produce siempre “cuando ha habido amenazas de carácter militar, no problemas de protesta social”.

Según explica, tanto en Europa como en Estados Unidos una medida como la anunciada por el Presidente Piñera existe, pero se trata de países “que se han visto amenazados por grupos terroristas, que han empleado métodos militares, armamentos, explosivos y que por tanto, requieren respuesta militar. En esos casos se entiende que los Estados respondan militarmente” sostuvo.

Sin embargo, “lo que está haciendo el Gobierno es seguir la práctica equivocada de muchos gobiernos latinoamericanos de arrastrar a las Fuerzas Armadas a resolver los problemas de seguridad ciudadana que son resultado de problemas políticos y sociales” argumentó.

En el caso de Chile, sostiene Robledo, “es una crisis distinta a la de otros países, pero al final la respuesta es la misma: hay un problema social que requiere una respuesta política, pero la respuesta es básicamente militar (…)en vez de fortalecer la legitimidad del acuerdo político iniciado, se da una respuesta por la vía de la militarización”.

Más allá de las críticas, el Gobierno parece insistir en su política, incluso después del informe de Human Rights Watch. En las últimas horas reiteró su voluntad de impulsar el proyecto para sacar a los militares a la calle sin necesidad de Estado de Excepción, para lo cual ya cuenta incluso con voluntades en la Oposición.