Desde el 18 de octubre pasado nuestro país vive una crisis social y política sin precedentes, que ha incluido la realización de innumerables manifestaciones y protestas en distintas ciudades, ante las cuales Carabineros implementó una serie de medidas disuasivas con el objetivo de resguardar el orden público, incluido el uso de escopetas anti disturbios que disparaban perdigones.
Las consecuencias de ello fue que cientos de personas resultaron con el impacto de estos balines en diferentes partes de su cuerpo, siendo especialmente graves los casos de quienes resultaron con impacto en sus ojos. Entre ellos, se cuenta el caso del estudiante Gustavo Gatica, quien perdió ambos globos oculares por el impacto de este tipo de balines.
En este contexto y a pocos días de iniciada la crisis, los doctores Álvaro Rodríguez, Isabel Cavieres y María José Vergara, quienes se desempeñan como residentes en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital El Salvador, decidieron comenzar el registro de los casos que fueron llegando al lugar, y los que sumaron un total de 182 entre 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019.
“La inquietud por sistematizar los datos de este alto número de pacientes surgió por nuestro compañero Álvaro Rodríguez, que el primer lunes después del 18 de octubre destacó que el número de consultas había aumentado exponencialmente, igual que la gente esperando cirugía. Tuvimos claro que era algo que había que registrar”, explicó Cavieres.
Del total de afectados, el análisis de los casos identificó que al menos 38 personas resultaron con trauma ocular abierto -herida que compromete todo el espesor de la pared ocular-, que incluyó a 24 con estallido ocular + Cuerpo Extraño Intraocular (CEIO), y 14 con estallido ocular sin CEIO, mientras que 134 tuvieron un trauma ocular cerrado -en que la pared ocular no tiene una herida que comprometa el espesor total- , distribuidos entre 46 con cuerpo extraño intraorbitario, y 88 con un trauma ocular contuso.
“Uno de los elementos más impactantes de esto fue la gravedad de las lesiones producidas, ya que si bien son todos casos de ceguera unilateral, o sea con un solo ojo afectado, hablamos de personas que tenían el balín en la órbita pero sin perforación del ojo, aunque si con lesiones por dentro que generaban graves dañoz en la agudeza visual”, profundizó la Dra. Cavieres.
En la misma línea el Dr. Mauricio López, quien también fue parte del equipo investigador, hizo hincapié en que si bien la pérdida de visión es grave a cualquier edad, perderlo a los 90 años es distinto a sufrirlo a los 30 años, cuando recién se está ingresando al mundo laboral y se tiene el futuro por delante.
“Hablamos sobre una situación que es muy dura para la víctima pero también para su familia y la comunidad donde está inserto, desde el punto sicológico, siquiátrico y también económico. Creo que va a ser algo que quedará en la historia del país, y no puede ser que se siga usando estos métodos de disuasión”, afirmó López.
La gravedad de la situación es graficada por el Dr. López al compararla con otros movimientos sociales como los chalecos amarillos, o conflictos internacionales como el que afecta a palestinos e israelíes, donde no se ven las mismas cifras de traumas oculares. “Aquí tuvimos un número de heridos altísimo. Normalmente recibimos dos pacientes con el ojo abierto al día, y el lunes 21 de octubre recibimos 20, 10 de ellos en una hora, luego fueron 6 pacientes diarios, hasta que la frecuencia bajó debido a la presión sobre Carabineros, teniendo al final casos esporádicos”, afirmó el facultativo.
Rehabilitación con prótesis oculares
En el marco del conflicto desatado en el país desde el 18 de octubre, la Facultad de Odontología de la U. de Chile a través de su Servicio de Prótesis Máxilo Facial abrió un proceso de rehabilitación con prótesis ocular para quienes hayan sufrido la pérdida de uno de sus ojos.
Este trabajo colaborativo está destinado a personas que han sido víctimas de violencia de Estado, por lo cual deben contar con una indicación de alta médica de un oftalmólogo, además de documentación de Fiscalía o de alguna organización de derechos humanos que dé cuenta de aquello.
