La Misión Canadiense de Derechos Humanos que visitó Chile a tres meses del estallido social, finalizó con un informe contundente que incluyó denuncias de diversas organizaciones sociales sobre lo ocurrido en nuestro país antes y en medio de la crisis.

En el caso particular del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la decisión fue elaborar un informe para la Misión Canadiense, enfocado en recoger violaciones a los Derechos Humanos que no precisamente estaban enmarcadas en el argot de las manifestaciones.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la activista e integrante del grupo ejecutivo de OLCA, María Cariola, explicó los objetivos del informe denominado “Derechos Humanos, extractivismo canadiense y agua”, y que postula un vínculo directo entre el estallido social y la crisis hídrica en el país.

“Queríamos ampliar la conceptualización de lo que son las violaciones a los Derechos Humanos y poder dar cuenta de que, en Chile, el modelo neoliberal que lleva muchos años facilitando las violaciones a esos derechos. Además, profundizar en las violaciones del derecho al agua, que es ampliamente reconocido en el Derecho Internacional, pero que muchas veces no se incluye en nuestra conceptualización de las vulneraciones en el marco de una crisis social”, detalló.

Para entender lo planteado en este informe, es necesario recordar que el inicio de las manifestaciones coincidió con una de las crisis hídricas más grandes que se ha vivido en el país, y que pusieron a 40 comunas al borde de la escasez del líquido vital.

Esto, según lo recabado en el informe de OLCA, además, tiene relación con los negocios y tratados extractivistas que Chile mantiene con Canadá, y que perpetuán aún más el problema.

“Hay una participación de empresas canadienses en el mercado nacional del agua de distintos modos. La gran minería canadiense que ocupa el 70 por ciento de la actividad minera en Chile, pero también en el sistema sanitario tenemos 35 por ciento de la red como propiedad canadiense. A nosotros nos interesaba vincular esa situación con la falta de pronunciamiento del actual gobierno canadiense frente a las violaciones de los Derechos Humanos que se han dado por la fuerza estatal en el contexto del estallido social”, aseguró Cariola.

En tal sentido, Cariola también recordó el protagonismo que tomó en gobierno de Canadá frente a la crisis vivida en Venezuela desde hace algunos años, y que no ha sido el mismo en el caso chileno.

Sebastián Piñera y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

“Urgimos a la Comisión a que presione a su Gobierno para que entre en una coherencia como con los otros estados latinoamericanos. Recordemos que, frente al Estado venezolano, el gobierno canadiense ha tomado medidas muy graves, incluyendo sanciones económicas desde hace ya tres años. Nuestra recomendación es que ejerzan una presión para que el gobierno pueda asumir una actitud coherente”, recalcó.

Finalmente, Cariola recordó que la Misión que visitó nuestro país fue una iniciativa del mundo académico y social canadiense, y que, aunque incluyó a algunos parlamentarios de dicho país, no representan la postura del Gobierno en general.

Posterior al estallido social, se sabe por OLCA, que la agencia financiera gubernamental canadiense EDC aprobó préstamos millonarios a empresas chilenas como CODELCO, Teck y BHP.