El panorama respecto de las violaciones a los Derechos Humanos en las últimas semanas ha estado marcado por dos casos particulares que apuntan a Carabineros como los responsables de los hechos, además de dos informes preliminares entregados tanto por la Misión Canadiense como por la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

Aunque ambos apuntes dan cuenta de que dichas vulneraciones serían sistemáticas, las responsabilidades políticas, desde la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick, parecen estar siendo esquivadas por el Ejecutivo.

Hoy, sin embargo, quien se encuentra en el banquillo de los acusados es el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, con una acusación constitucional a raíz de la estrategia de copamiento en la Plaza Baquedano a fines de 2019.

Al respecto, la abogada especialista en Derechos Humanos, Lorena Fríes, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile y apuntó su crítica hacia la postura de la defensa de Guevara, que pretende traspasar la total responsabilidad del caso hacia el mando de Carabineros.

Asimismo, Fríes también cuestionó el rol que el Gobierno ha mostrado en tal debate, desde donde se ha manifestado que la prosperidad de la acusación podría afectar a futuros cargos de la Intendencia.

Copamiento de la Plaza Baquedano.

“Es un chantaje que no tiene validez en la medida que no se ha hecho nada por cesar con las violaciones a los Derechos Humanos. Impugnar la acusación porque eventualmente esto podría afectar a futuros intendentes, me parece que es un despropósito. Las autoridades son responsables políticamente y sobre todo cuando no cumplen con lo establecido en la Constitución”, recalcó.

Uno de los últimos casos públicos de violaciones a los Derechos Humanos, tuvo que ver la golpiza que recibió un joven de 18 años en Puente Alto,  por lo que Carabineros anunció este fin de semana la baja de siete efectivos implicados.

Sin embargo, para la también exsubsecretaria de DD.HH., aunque esta medida es necesaria, no terminará con el accionar que Carabineros ha venido mostrando incluso desde protestas de años anteriores.

¿Qué falta, entonces? Fríes lo explicó así:

“Está claro que, para Carabineros, la protesta social es un problema, y mientras eso sea parte de su cultura institucional vamos a seguir teniendo estos problemas. Recordemos que violaciones a los DD.HH. se vieron también durante las protestas del 2006 y 2012. Este no es un problema solo de personas, aquí se requiere un cese que venga de la autoridad política, que se intervenga a Carabineros y que vayamos caminando hacia reformas que den cuenta de que esto no va a volver a pasar”.

Acusación constitucional contra Felipe Guevara.

Mientras tanto, el Gobierno ha sido mesurado en referirse a los casos de violaciones mencionados y más bien se ha enfocado en reforzar una agenda de seguridad paralela. Al respecto, Fríes se refirió a las pocas luces que se ha dado desde el Ejecutivo en materia de asumir responsabilidades políticas.

“Es una doble estrategia. Por un lado, el Gobierno, a pesar de que invitó a organismos internacionales a venir a observar la situación de los DD.HH., cada vez que sale un informe, éste es minimizado. Por otro lado, el Gobierno presenta una batería de proyectos para supuestamente asegurar la paz social y lo que hacen es limitar el derecho a la protesta social y entregarle más facultades a Carabineros”, criticó.

Finalmente, Fríes aseguró que la imagen del Gobierno ha quedado deteriorada luego de las dos últimas visitas de organismos internacionales al país. Asimismo, la abogada precisó que también es una posibilidad abierta la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, así como un pronunciamiento del Ejecutivo respecto del grado de autonomía con el que cuenta Carabineros en la actualidad.

Foto portada: EFE/Archivo.