De 605 a 653 se incrementó el número de Carabineros que renunciaron a la institución en 2019.

Se trata de un aumento mínimo a simple vista; sin embargo, según lo consignado en un informe de La Tercera, el último trimestre del 2019 ha concentrado 150 casos de renuncias voluntarias, lo mismo que significaría un aumento del 23,7 por ciento con respecto de lo ocurrido en 2018.

Ante esto, cabe preguntarse cuáles son las causas de este fenómeno y si éstas efectivamente tienen relación con lo ocurrido en el país posterior al 18 de octubre.

Aunque todavía es preciso observar la evolución de estos datos, para el experto en seguridad y director de la fundación Chile 21, Eduardo Vergara, existirían diversas causas que habrían generado esta situación.

Eduardo Vergara.

En conversación con nuestro medio, el también excoordinador del programa Estadio Seguro apuntó su crítica al discurso de seguridad que ha mantenido el Gobierno en los últimos meses.

“No creo que exista una sola causa que explique las renuncias. Esto se compone de diferentes aristas y la primera tiene que ver con que hay un número importante de efectivos que no están disponibles para que el Gobierno siga usando la institución como un arma de populismo. Lo que ha hecho, particularmente el Ministerio del Interior, es que ha empujado a Carabineros a un precipicio”,aseguró el especialista.

Otra de las causas que acompañarían a este fenómeno, según el experto, sería la violencia de la que han sido víctimas un gran grupo de carabineros, así como las oportunidades que podrían estar teniendo en el ámbito privado.

Pero, ¿cómo es el panorama en dicho rubro?

Según lo indicado por Vergara, en Chile existen hoy 4 guardias de seguridad por cada carabinero, un dato no menor que da cuenta de que el debilitamiento de las policías podría ser bien aprovechado por un mercado cuyo control está exclusivamente en manos de la Autoridad Fiscalizadora de Carabineros OS-10.

“Es uno de los mercados que crece con mayor dinamismo en Chile, pero además está muy poco regulado. No existe una ley de seguridad privada acorde a las necesidades actuales, sino que reglamentos que intentan regularla y, por supuesto, el problema de fondo es que la seguridad pasa a ser un privilegio para quienes pueden pagar y no un bien público ni un derecho como debe ser”, señaló el experto.

Aunque en la actualidad no existe un catastro público respecto de cuántos exuniformados se refugian en la seguridad privada después de su retiro, nuestro medio quiso constatar cuán requeridos son estos por las empresas de seguridad.

Así, el encargado de recursos humanos de la empresa Código 24/7, Jesús Villanueva, aseguró que en algún momento tuvieron un número importante de trabajadores provenientes de Carabineros, pero precisó que en la actualidad prefieren no trabajar con dichos perfiles.

“Son del tipo de personas que, como tuvieron un rango alguna vez, creen que todavía lo tienen en una nueva empresa. Eso pasa mucho y no se llevan bien con los supervisores”, comentó.

En tanto, desde el escenario político, diversos parlamentarios de derecha han apuntado a este suceso como la consecuencia del abandono de Carabineros de parte de Gobierno, lo que, en todo caso, se contradice con la abultada agenda de orden público que se encuentra en marcha.

Lucía Dammert.

En conversación con nuestro medio, la académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, se mostró contraria a esta idea.

“Lo que ha pasado es que Carabineros no ha cumplido con sus labores. Un grupo de ellos han utilizado la fuerza de forma desmedida, han cometido delitos y eso ha generado una apertura en la baja de confianza y legitimidad institucional. Por ende, no me parece que hay que solventar esta crisis diciendo que hay que cuidarlos. Lo que hay que hacer es apoyarlos para que la institución salga adelante, pero de una forma profesional y sólida”, manifestó.

Aunque en la actualidad Carabineros sea el encargado de fiscalizar a las diversas agencias de seguridad, no se tiene la garantía de que los protocolos en materia de Derechos Humanos vayan a ser cumplidas a cabalidad por dichas empresas.

Por tal motivo, Dammert insistió en que dicho tema debería ser discutido en el Congreso a través de una ley que pueda incluir una Superintendencia propia o una dirección de control.