Crisis en El Salvador: cuando la popularidad de un Presidente amenaza la institucionalidad de un país

Nayib Bukele dio un ultimátum a la Asamblea Legislativa del país centroamericano para que apruebe un crédito de 109 millones de dólares. Si el Congreso no visa el préstamo hasta el domingo, el mandatario amenazó con una insurrección.

Nayib Bukele dio un ultimátum a la Asamblea Legislativa del país centroamericano para que apruebe un crédito de 109 millones de dólares. Si el Congreso no visa el préstamo hasta el domingo, el mandatario amenazó con una insurrección.

Desde que ganó la elección presidencial el domingo 3 de febrero del 2019, se sabía que Nayib Bukele no sería un mandatario tradicional.

El pueblo salvadoreño ya conocía su estilo, pues ya había sido alcalde de Nuevo Cuscatlán y alcalde de San Salvador, la capital del país que hoy dirige.

Autodenominado como “millennial”, el presidente salvadoreño es un frecuente usuario de redes sociales, de hecho, ha despedido gente a través de Twitter. Su cuenta personal está constantemente actualizándose por lo que se ha transformado en su gran plataforma mediática.

Y así como era conocido su estilo, también se sabía de su personalidad explosiva. Antes de ser el abanderado de la conservadora Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) para la elección presidencial, Bukele pertenecía a las filas del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido del que fue expulsado por agredir a una concejal. El actual mandatario le habría arrojado una manzana y gritado ofensas machistas.

Hoy, Nayib Bukele está en el centro de otra polémica, esta vez, con tintes de crisis institucional en El Salvador.

El jefe de Estado está empeñado en combatir la violencia en El Salvador, la que solo en 2019 alcanzó una tasa de 50 homicidios por cada cien mil habitantes. Para reducir la cifra, el Presidente centroamericano ha estado promoviendo un préstamo de 109 millones de dólares para fortalecer a las policías y a los militares.

Para aquello necesita la aprobación de la Asamblea Legislativa, razón por la que el pasado domingo el mandatario, acompañado de militares armados, irrumpió en la sede del Congreso como medida de presión para que los diputados aprueben el crédito que sería otorgado por el Banco Centroamericano de la Integración Económica.

En este contexto, Bukele dio plazo de una semana a los legisladores para que aprueben el préstamo, es decir, a más tardar el domingo 16 de febrero el crédito debiese tener el visto bueno. Si así no fuere, el Presidente llamó a la población a invocar el artículo 87 de la Constitución de El Salvador, la cual “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos”.

Según una entrevista que Bukele concedió al diario español El País, de ser así, en El Salvador se replicará lo que actualmente pasa en Chile o Colombia con las protestas sociales.

Y si bien el mandatario ha asegurado que los diputados aprobarán el crédito dentro del plazo que él estableció, lo cierto es que este lunes por la noche el Parlamento Salvadoreño aprobó un pronunciamiento para condenar “enérgicamente” las acciones autoritarias tomadas por Bukele.

La Asamblea Legislativa condena enérgicamente la irrupción y la toma militarizada de las instalaciones donde se congrega el Pleno Legislativo, por instrucciones del Presidente”, dice el texto.

Pues la “exhibición de fuerza bruta para intimidar a los parlamentarios y parlamentarias mediante el ingreso de militares y policías armados de fusiles y con actitudes amenazantes, expresión de violencia propia de los momentos más oscuros de la historia de El Salvador”, continúa.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo cada vez se torna más tenso y nadie sabe a ciencia cierta lo que pasará.

Para muchos analistas locales, la razón de por qué el Congreso no quiere aprobar el crédito es por la poca claridad del uso del dinero, temiendo que grandes sumas sean destinadas a enriquecimiento personal de algunas autoridades, sin embargo, resaltan también los expertos, los diputados cargan con una larga historia de corrupción que los hace estar deslegitimados ante la sociedad.

Y he aquí otro punto de conflicto: mientras el legislativo, dominado por los partidos tradicionales, goza de una pésima fama, el Presidente Nayib Bukele tiene un apoyo que bordea el 70 por ciento, convirtiéndose así en uno de los presidentes mejor posicionados de América Latina.

¿Será este apoyo justificación suficiente para romper la institucionalidad del país? Para el Presidente si, para los legisladores no.

Por ahora la tensión está lejos de desaparecer, pero es Bukele quien tiene el apoyo de la gente y de las Fuerzas Armadas y lleva la ventaja en esta verdadera guerra de poderes.

 





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