El descontrol en los precios de las farmacias respecto de los insumos de prevención del Covid-19 ha vuelto a poner en el debate la ausencia de herramientas constitucionales y legislativas que garanticen un acceso igualitario a tales productos, que parecen responder solamente a las lógicas impuestas por el mercado.

Los casos más extremos de este tipo tienen que ver principalmente con la venta de alcohol gel y mascarillas de protección. Ante esto, diversas han sido las respuestas que los países han ofrecido para tratar de equiparar la cancha con los que menos tienen.

En Argentina, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández anunció, a través del boletín oficial de Gobierno, la decisión de congelar el precio del alcohol gel por 90 días, a su valor registrado el 15 de febrero de este año.

Para los defensores de los principios del neoliberalismo, según el abogado Gabriel Alemparte, este tipo de medidas no son para nada positivas dado que generarían alto riesgo de escasez de bienes; sin embargo, aunque en Chile aún no se han tomado, este tipo de consecuencias ya son evidentes sin tocarse un ápice el libre mercado.

Argentina congela el precio del alcohol gel. En Chile en farmacias donde hay cuesta sobre $7.000. Congelar precios en Chile, complejo legalmente muy complejo, sabe cómo se llama el problema: Constitución de 1980.

— Gabriel Alemparte (@jgalemparte) March 14, 2020

Así, en conversación con nuestro medio, Alemparte criticó que el Estado no haya tomado medidas similares, que se notaron incluso en las declaraciones públicas del presidente francés Emmanuel Macron, respecto del cuidado de la salud pública, o en la intervención del gobierno español a los recintos de salud privada.

“Los Estados europeos más modernos entienden que en un estado de excepción o de conmoción pública como el que estamos viviendo se puede enfrentar con rigor, con un Estado capaz de intervenir con fuerza. Mientras que, en Chile, cuando ocurren estas catástrofes siempre la autoridad está limitada a lo que hace el mundo privado”, criticó.

Para él mismo, además, este debate tiene que ver estrictamente con lo constitucional, dado que nuestra Carta Fundamental es clara respecto de las reglas de juego del libre mercado.

“Nuestra Constitución fue dictada con una ideología neoliberal muy fuerte, pero también era un contexto de guerra fría, donde teníamos un mundo bipolar. No estoy planteando que el Estado en un estado de normalidad tenga que restringir libertades, fijar precios, intervenir empresas privadas. Estoy diciendo que me parece razonable que en un estado de excepción constitucional el Estado tenga más fuerza”, recalcó.

En tanto, desde el ámbito farmacéutico, la propuesta defendida tiene que ver con la instalación de una mesa público privada para definir algunas políticas de acción respecto del acceso a insumos de prevención, la vacunación de las personas que trabajan en el rubro o el acceso a test de descarte del Covid-19.

Esta es la propuesta planteada desde la Asociación de Farmacias Independientes AFFI, la Asociación de Farmacias Independientes de Chile y la Unión de Dueños de Farmacias de Chile (Unfach).

En conversación con nuestro medio, el secretario general de esta última, Alfredo Nebreda, indicó que las alzas mencionadas también han afectado a los gremios de farmacias independientes.

“La alta demanda internacional de estos productos ha hecho que los proveedores los estén poniendo a disposición a precios que superan con mucho los que teníamos hace algunos meses. Nos parecen necesarias las invitaciones que pueda hacer el Gobierno para implementar medidas que permitieran que las farmacias independientes podamos ofrecer los productos al mejor precio posible”, aseguró.

Claudia Mix.

Frente a esto, desde el ámbito político, la diputada frenteamplista, Claudia Mix, ingresará un proyecto de ley este martes que propone el control de precios de medicamentos en casos de epidemia, pero a través de una modificación al Código Sanitario.

Según aseguró Mix a nuestro medio, este tipo de mecanismos, incluso, ya se habían propuesto anteriormente a través de la ley de fármacos 2, y que hoy se hacen aún más urgentes.

“Desde su primer artículo cambiamos el sentido de lo que era un medicamento y un insumo médico. No puede ser que sean mirados desde el mercado, tienen que ser considerados de interés público, y para ello el Estado tiene que tener control del stock, del precio y de las licencias en caso que haya abuso en esa línea”, explicó.

Este proyecto, no obstante, pone énfasis el artículo 19 de la Constitución que, según Mix, es el que debería garantizar el acceso de las personas a los medicamentos y otros insumos requeridos. Se espera, además, que el apoyo recibido para su aprobación sea transversal y que pueda ser debatido a la brevedad en la Comisión de Salud de la Cámara.