La iniciativa del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, respecto de reducir en un 30 por ciento el sueldo de las y los miembros del Gabinete presidencial ha sido bien recibida no solo por los involucrados directos sino también desde distintas voces del análisis político.

La llegada de la crisis económica, como se sabe, y así lo demuestra el plan económico de emergencia preparado por el Gobierno, es inminente. En tal sentido, los gestos y los mensajes implícitos enviados por el Ejecutivo hacia la ciudadanía son de vital importancia si es que desean revertir las duras críticas que ha dejado su gestión en medio del estallido social, así como en la reciente crisis sanitaria.

Con una mediana salarial en el país que apenas se acerca a los 580 mil pesos, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, hoy el sueldo de los secretarios de Gobierno asciende a 6,5 millones de pesos, casi 11 veces más de lo que gana un trabajador promedio en Chile.

José Luis Ugarte.

Por tal motivo, para el abogado laboralista y académico de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, la apuesta de Briones es una buena señal para las y los trabajadores del país, pero insuficiente si se considera la existencia de iniciativas legislativas que intentan equiparar la cancha.

“Hay un proyecto aprobado mucho más potente aprobado en el Senado, y que no rebaja voluntaria sino derechamente los sueldos. Si el Gobierno quisiera dar una señal real y no una escapada de un ministro por algo así como ‘lucimiento personal’, apoyaría el proyecto desde su sector político. En mi opinión, es una simbología pobre cuando tienes la alternativa de avanzar en un proyecto real”, explicó Ugarte en conversación con nuestro medio.

No obstante, el abogado dejó en claro que lo considerado en el proyecto propone una rebaja de la dieta parlamentaria además de los altos sueldos del Estados. Por tal motivo, su imitación en el ámbito privado de ninguna manera justificaría una reducción salarial que incluya a todos los trabajadores.

“Si en el sector privado eso genera que las empresas quieran rebajarles a sus altos cargos, no veo problemas. No a todos los trabajadores, porque la rebaja no es para todos los funcionarios públicos, es para los altos cargos que tienen sueldos completamente desproporcionados en relación al promedio de los chilenos”, argumentó.

En esto también coincide la fundadora de la Fundación Observatorio Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, quién, en el contexto de diversas restricciones originadas por la crisis sanitaria, se refirió al rol que deberían tomar las empresas privadas al alero de la señal emitida por el Gobierno.

“El compromiso de las empresas grandes debería ser mantener los empleos. Una forma de lograrlo, sería subsidiando los empleos de menor remuneración con un porcentaje de la remuneración de las altas remuneraciones”, sugirió.

Jeannette von Wolfersdorff.

Para la también directora de Espacio Público, esto iría en la misma línea de lo propuesto por Briones, o incluso de la iniciativa 10x, creada post estallido social. “Es decir, una iniciativa voluntaria, que puede ser promovida entre los empresarios y gremios”, agregó.

Asimismo, von Wolfersdorff recalcó la transparencia que se debería mantener respecto de los montos generados por estas iniciativas; todo esto, luego de conocerse que los dineros recaudados por la reducción de sueldos ministeriales irán en favor de algunas fundaciones de la sociedad civil.

“La probidad y la transparencia acerca del uso de esos fondos, y en general, del gasto público adicional durante la crisis, merece una mención aparte. Desde la Comisión del Gasto Público estamos trabajando en la creación de recomendaciones respectivas para el ministerio de Hacienda. En este sentido, es importante hacer un llamado a cuidar al máximo la probidad y transparencia en el uso de los recursos”, enfatizó.

La propuesta defendida por von Wolfersdorff es que la reducción planteada no sea de forma voluntaria sino a través del trámite legislativo. Sobre el uso de los montos recaudados, la especialista sugirió la alimentación de un fondo público destinado a mantener sueldos universales e incondicionales de las personas pertenecientes a grupos vulnerables.