La Contraloría General de la República emitió un dictamen que declara ilegal los planes de manejo de tala de bosque nativo con fines agrícolas, aprobados por CONAF desde 2008, que permitieron la tala de más de 22 mil hectáreas de bosque nativo para disponer cultivos de exportación en su lugar.

De acuerdo a la normativa forestal, el organismo señaló que es “incompatible autorizar un plan de manejo de corte de bosque nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, por cuanto dicho permiso no cumpliría con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental”.  Además,  el informe urge a CONAF  a “adoptar las medidas que correspondan para dar cumplimiento a lo concluido en el presente pronunciamiento”.

Desde Fundación Terram, abocada a temas de desarrollo sustentable y ambientales, han manifestado su preocupación desde un comienzo, pero valoran el dictamen que la Contraloría emitió.

“Gran parte de la expansión agrícola en Chile se ha dado en un contexto de escasa regulación. Si bien el pronunciamiento de la Contraloría se trata de los últimos 12 años, desde la aprobación de la Ley Nº 20.283 en 2008, esta entrega de planes de manejo de corte de bosques nativos para fines agrícolas, la CONAF lo viene otorgando desde el año 1987, aproximadamente”, explicó la geógrafa de Fundación Terram, Fernanda Miranda.

Según la experta, desde esa fecha hasta el 2007 (un año antes de la Ley Nº 20.283 de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal), la CONAF otorgó 5.000 planes de manejo, que alcanzarían una superficie de 147 mil hectáreas. Desde 2008 hasta el 2019, Miranda detalló que se han otorgado un total aproximado de 1.400 permisos, algo que obtuvieron desde la fundación por medio de transparencia.

“El otorgamiento de estos permisos colisiona con el objetivo de la Ley Nº 20.283. Desde esa fecha, hasta ahora, vendrían siendo ilegales los permisos que la CONAF entrega; todo en base a una interpretación errónea de la normativa que le ha permitido este actuar”, dijo.

El año pasado, la Cámara de Diputados conformó una Comisión Especial Investigadora con el fin de fiscalizar los actos relativos a CONAF y otros órganos del Estado por distintas irregularidades en los procedimientos de aprobación de estos planes de manejo. Dentro del informe final de aquella comisión, indicaron que la autorización de estos permisos “puede ser otra causa de la deforestación, desertificación y erosión de los suelos que afecta a nuestro país”.

Pese a los avances de la Comisión, no se le otorgó prórroga para que la investigación continuase y se rechazó presentar una moción parlamentaria para prohibir dichos planes de manejo mientras no se realizaran modificaciones a la legislación forestal.

“La comisión investigadora no llegó a analizar esto en profundidad. A raíz de eso pedimos la información por transparencia. Esperamos que se abra una nueva investigación para que no sólo se analicen estos permisos, sino que además las falencias técnicas que pueden tener”, agregó Miranda.

Para la geógrafa, seguir otorgando este tipo de permisos solo profundiza la degradación de los ecosistemas, afectando a los suelos, la hidrología, el clima y también la capacidad natural de recuperación, que ya está siendo muy afectada por la sequía y las olas de calor. Además, según su juicio, la aplicación de este tipo de planes de manejo en la zona central contribuye a erosionar territorios que ya experimentan un severo estrés hídrico.

“Estamos terminando una investigación para determinar los efectos de esta práctica que ahora está declarada ilegal. Sobre todo, cómo ha ido variando, pues en la última década la aprobación de estos planes de manejo fue emigrando hacia al sur”, sentenció.

En CONAF aún no se han querido referir al tema, puesto que se encuentran analizando la situación, pero desde fuentes interiores afirmaron que acatarán el dictamen y se tomará en cuenta en futuras decisiones.