Una decisión emitida desde Presidencia de la República, este viernes 17 de abril, ha provocado un vendaval de críticas desde distintas agrupaciones sociales y políticas. Y es que, sin llegar al peak de contagios por coronavirus en el país, Sebastián Piñera instó a través de un instructivo a retomar las labores de forma paulatina para los trabajadores del sector público.

Ante esto, el Partido por la Dignidad ha emitido un comunicado en donde se rechaza tajantemente este “llamamiento a la normalidad”, que demuestra, según dicen, una preocupación concentrada solo en la reactivación de la economía, mas no en el cuidado de la vida y salud de las personas.

“Se olvida el Presidente de algo central que debiera considerar un gobernante responsable: la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. Y habrá que discutir de manera más reflexiva y participativa, con los actores involucrados, las formas para que la economía se recupere sin arriesgar a millones de personas que podrían ser contagiadas”, versa en el comunicado.

Asimismo, el partido que preside la académica de la Universidad de Chile,María Olivia Mönckeberg, resalta que tanto los poderes Legislativo y Judicial han determinado la continuidad de las labores a través del teletrabajo, en una línea totalmente distinta a lo manifestado por el Ejecutivo. Medida a la que también se han sumado las universidades de Chile y de Santiago.

Por tanto, desde dicho partido se ha asegurado estar a favor del llamado a los funcionarios públicos a no presentarse a trabajar y mantener solo turnos éticos presenciales en aquellos casos en que es estrictamente necesario según definiciones de los propios servicios.

“El Presidente de la República no tiene facultades legales para instruir semejante medida. La ley 21012 publicada en el Diario Oficial el 9 de junio de 2017, establece que ‘el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud’; este artículo es plenamente aplicable a todos los funcionarios del Estado, según lo ha dictaminado la propia Contraloría General de la República“, recuerda la declaración pública.

La propuesta que manejan en el partido fundado en enero de este año para hacer frente a esta decisión presidencial, es que el Congreso presente una nueva acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera y sus ministros, que permita establecer las responsabilidades del caso.

Además, este mismo lunes, el comité del Partido por la Dignidad presentó un Recurso de Protección por el conjunto de los funcionarios públicos y profesores y profesoras de Chile, a quienes también se pretende llevar a los establecimientos escolares. “Queremos evitar que el Gobierno ponga en riesgo la vida de nuestros niños y de miles de chilenos y chilenas”, finalizan.