Este lunes, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, urgió a los gobiernos a no usar como pretexto las medidas de emergencia tomadas en el contexto de la pandemia para intentar “aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder“.
En un comunicado difundido por la oficina dirigida por la ex mandataria, se hace presente que si bien los Estados tienen la facultad de limitar algunos derechos con el fin de proteger la salud pública y esa prerrogativa se amplía si se declara el estado de emergencia, es fundamental que las “restricciones sean necesarias, proporcionales y no discriminatorias. Asimismo, esas medidas han de ser de duración limitada y deben ir acompañadas de salvaguardas que impidan su empleo abusivo”.
El documento difundido públicamente por la ACNUDH, señala tambièn que esa reparticiòn de la ONU ha recibido “numerosas denuncias, procedentes de diversas regiones, indican que la policía y otros cuerpos de seguridad han estado ejerciendo un uso excesivo de la fuerza, a veces letal, para obligar a la población a cumplir con las normas de confinamiento y los toques de queda. A menudo, esas violaciones de derechos humanos se han cometido contra miembros de los segmentos más pobres y vulnerables de la población”.
“Emergency powers should not be a weapon governments can wield to quash dissent or control the population” – @mbachelet calls on Governments to ensure #HumanRights are not violated under the guise of exceptional or emergency measures for #COVID19.
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— UN Human Rights (@UNHumanRights) April 27, 2020
“Disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es sin duda una respuesta ilícita e inaceptable. También lo es crear una situación en la que a una mujer le resulte difícil o peligroso ir a un hospital a dar a luz. En algunos casos, la gente ha muerto por la aplicación indebida de normas que, supuestamente, se habían implantado para salvarles”, declaró la Alta Comisionada.
En razón de lo anterior la ONU dispuso de una guía para los Estados en orden a orientar cómo los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley deben adherirse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. “Deben usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario, y la fuerza letal, únicamente cuando exista una amenaza inminente para la vida”, afirmó Bachelet.
Finalmente la Alta Comisionada para los Derechos Humanos afirmó que la defensa del Estado de Derecho es irrenunciable pues de lo contrario “corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de derechos humanos, con efectos negativos que se prolongarán mucho tiempo después de que la pandemia haya cesado”, concluyó en el texto.
