Aunque la sociedad civil y la oposición se habían manifestado en contra del veto por el Ingreso Familiar de Emergencia, este lunes, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, envió uno que elimina la diferenciación de familias acreedoras de este beneficio, que representan hasta un 60 por ciento de vulnerabilidad ante la crisis.
Según el proyecto original, los hogares que integraran dicho porcentaje podrían reclamar el bono con una diferenciación especial para quienes estaban entre el 41 y 60 por ciento de vulnerabilidad, y que recibirían solo dos tercios del beneficio.
Ante esto, diversas agrupaciones y parlamentarios de la oposición habían exigido la mejora de los montos; sin embargo, esto nunca sucedió.
Con el anuncio entregado por el ministro Sichel la tarde de este lunes, se sabe que el pago de este benefició considera como un primer aporte un bono de $65.000, cuando el hogar esté compuesto por una persona, y hasta los $494.000, cuando el hogar esté compuesto por diez o más personas.
Sumado a esto, existirá un segundo aporte correspondiente al 85 por ciento del primer aporte, y un tercero, correspondiente al 70 por ciento.
Una vez conocida esta información, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, presidida por Carlos Margotta, envió una carta pública rechazando la desigualdad que asevera el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia del Gobierno, y que no va en sintonía con las recomendaciones que las organizaciones internacionales de DD.HH. han dado sobre las políticas públicas para enfrentar la pandemia.
En el documento se advierten que “la desigualdad estructural propia del modelo vigente, que impide que millones de chilenos y chilenas puedan ejercer derechos sociales básicos como la salud, el trabajo y una remuneración justa, y por tanto, a acceder a condiciones de vida dignas, se ha expresado con toda su crudeza con ocasión de la pandemia. El surgimiento del hambre y las ollas comunes como esfuerzo solidario colectivo para mitigarla, comienza a constituirse en un fenómeno masivo”.
Para la CCDH a pobreza propicia la privación sistemática y grave de los derechos humanos. Por este motivo, “el Proyecto de Ley enviado por el Gobierno, no alcanza a cubrir la línea de la pobreza, lo que lo convierte en una iniciativa absolutamente insuficiente”.
“El Gobierno y el Parlamento, deben procurar que en toda iniciativa legislativa dirigida a enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia, primen solo los intereses y necesidades de la gran mayoría de los chilenos y chilenas cuyos derechos humanos están siendo gravemente afectados, adoptando para ello los criterios sugeridos por Naciones Unidas y el sistema interamericano”, señala el comunicado.
Hacer caso omiso a estas recomendaciones, según la CCDH, aumentará el descrédito internacional del Estado de Chile en materia de respeto y cumplimiento de los pactos y convenciones a que se encuentra obligado, cuyo reproche durante el estallido social ya fue constatado en diversos informes de organismos internacionales.
