Los cuestionamientos al Gobierno han continuado tras darse a conocer, en un reportaje de Radio Universidad de Chile, la adquisición de vehículos blindados por parte de Carabineros de Chile por un total de $10.700 millones entre diciembre y fines de marzo.

Al respecto, el académico de la Universidad de Chile y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de dicha casa de estudios, Claudio Nash, criticó la compra realizada por Carabineros para la unidad de Control de Orden Público (COP), considerándola “desproporcionada”. Asimismo, manifestó que, si bien esas compras se dieron antes de que el país se viese afectado por la crisis sanitaria por el Covid-19, la cantidad de dinero destinada a la compra de armamento es “injustificada, en diciembre y hoy mucho más”.

¿Cuál es su apreciación sobre lo que representa esta compra tras todo lo ocurrido?

Sin duda es un claro signo de que la administración del Presidente Piñera sigue priorizando la respuesta represiva frente a las movilizaciones ciudadanas.

Estamos en medio de una pandemia que ha generado una fuerte crisis económica y social ¿Se justifica la compra de estos vehículos cuando esos recursos pudieron ser redestinados a otras áreas?

La orden de compra es de fines de diciembre, en ese minuto la prioridad del Gobierno era la represión de las movilizaciones ciudadanas. Sin perjuicio de que no era una época donde el tema de la pandemia estuviera en la agenda pública, sí da cuenta de una desproporción de recursos atendidas las necesidades del país, cuando precisamente las demandas sociales tenían que ver con problemas socioeconómicos, y en ese sentido, destinar esa cantidad de dinero a la compra de armamento es evidentemente injustificado, en diciembre y hoy mucho más.

Desde el punto de vista ético y político, ¿cómo se interpreta que se entreguen este tipo de maquinarias cuando aún no ha habido claros responsables por los atropellos de derechos humanos ocurridos desde octubre del año pasado?

Sin duda que existe un amplio consenso en el país sobre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad que tiene Carabineros. En ese sentido, es injustificable que se inviertan sumas bastante cuantiosas en renovar material para reprimir. Más aún en las circunstancias que la prioridad debiera ser controlar el actuar de Carabineros y no mejorar su capacidad represiva.

¿Cómo evalúa que los vehículos adquiridos son, originalmente, de guerra?, ¿Qué concepción de orden público se está entregando?

Me parece que el hecho de que el material sea de guerra y haya sido reconvertido para reprimir es muy simbólico. Acá lo que el presidente planteó que “estamos en una guerra” ha sido la lógica que se ha mantenido hasta el día de hoy. Esto es una nueva versión de la doctrina de seguridad nacional donde el enemigo interno son todos aquellos que se manifestaron por un cambio de fondo en el modelo económico, social y cultural en Chile.

¿Qué se puede esperar para un eventual regreso de las manifestaciones?, considerando las compras y el retorno de Rodrigo Ubilla al trabajo con el Ejecutivo.

Los hechos que motivaron el estallido social de octubre pasado no sólo siguen vigentes, sino que la pandemia ha demostrado el completo agotamiento del modelo y la incapacidad del Gobierno para enfrentar los desafíos actuales del país. En este sentido, es altamente probable que las manifestaciones públicas se retomen con más fuerza de lo que el Gobierno está pensando. Seguir apostando por la respuesta represiva es un error del Gobierno que lamentablemente no da ninguna señal de haber evaluado adecuadamente y cambiar el rumbo.

El hecho del retorno de Ubilla es un claro signo que la respuesta represiva sigue plenamente vigente al interior del Gobierno.

En su apreciación ¿Qué tipos de políticas públicas de ddhh son las que se debiesen tener para el mejor funcionamiento de Carabineros?

Carabineros de Chile debe ser refundado y uno de los aspectos fundamentales es generar una policía que esté al servicio de la democracia y no sea un instrumento para reprimir las legítimas manifestaciones de la ciudadanía. Para generar una nueva institucionalidad en Carabineros se requiere un Gobierno legitimado para hacerlo y este claramente no tiene dicha legitimidad.