El pasado miércoles 20 de mayo, el pleno del Tribunal Constitucional resolvió recibir pruebas sobre la solicitud de destitución del diputado Hugo Gutiérrez.

Diez parlamentarios oficialistas presentaron el requerimiento y lo acusan de haber incitado a la alteración del orden público desde el 18 de octubre, y en especial cuestionaron su actuar ante unos dibujos de niños que el parlamentario del Partido Comunista publicó en su Twitter, en los que aparecía el presidente Sebastián Piñera muerto.

El diputado del PC ha recibido un apoyo transversal en su partido, así como también de otros miembros de la oposición, desde donde han surgido diversos cuestionamientos en torno no solo a la acción de Chile Vamos, sino también a la legitimidad que tendría el Tribunal Constitucional hoy para estar a cargo de este tipo de decisiones, considerando que pesan sobre el organismo acusaciones de cohecho y prevaricación judicial.

Respecto de esta situación, Radio Universidad de Chile conversó con el abogado Javier Couso. El experto en derecho constitucional destacó que, si bien existen críticas a la legitimidad del Tribunal, e incluso se puede estar por la postura de hacerle cambios o eliminarlo, no se puede obviar que la ley vigente le da la atribución de analizar estas causas, y eso es lo que se debe respetar.

“El derecho vigente debe cumplirse”, comentó Couso.

Créditos: Universidad Diego Portales.

Asimismo, indicó que, en este caso puntual, las inhabilitaciones de los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez para conocer esta causa por tener una querella en su contra, justamente interpuesta por el diputado Gutiérrez, generan la posibilidad de que la decisión final “tenga mayor plausibilidad de ser considerada una decisión imparcial”.

“A mí me parece que para el tribunal es una situación bastante fácil de zanjar porque me parece muy claro que no cabe la destitución del diputado Gutiérrez, porque ciertamente no hubo un llamado. Es una interpretación demasiado alambicada pretender que porque subió un par de dibujos o hizo un par de tweets con comentarios críticos estaba haciendo un llamado a la insurrección, o alterar el orden público. Me parece, yo preveo que aquí va a terminar en la absolución del diputado por parte del TC”, dijo el académico de la Universidad Diego Portales.

Respecto de si es este órgano el indicado para continuar analizando este tipo de casos, el abogado comentó que a su juicio esta atribución quedaría mejor en el Poder Judicial.

“Mi impresión es que en Chile el Poder Judicial tiene más percepción ciudadana de ser hoy día un tribunal plenamente imparcial, la crisis por la cual atraviesa el TC es obvia, en cambio se debe mantener dentro del Poder Judicial el análisis de posibles delitos en que incurra todo ciudadano. Si un ciudadano incurre en un delito, y ese ciudadano además es un diputado, el ser representante de la ciudadanía no transforma a esa persona en intocable. En otras palabras, no lo exime de su deber de no cometer crímenes o delitos”, dijo el abogado.

En esa línea, añadió que “si hubiera un llamado a la sedición, un llamado abierto a alterar el orden constitucional, a pedir a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que hicieran un golpe, eso es un delito en Chile. No por ser alguien representante de la ciudadanía está inmunizado de tener que responder frente a delitos, hay que seguir un desafuero, todo el procedimiento y que sean los Tribunales de Justicia, que juzgan a todos los chilenos, los que juzguen también a un diputado y si es condenado será destituido por esa razón”.

Créditos: Universidad Diego Portales.

El abogado y académico de la Universidad Diego Portales dijo ser “bastante escéptico de mecanismos de destitución de representantes por parte de tribunales constitucionales”.

“Analizar cuestiones que conllevan pruebas, de la responsabilidad penal que podría tener un parlamentario por sus actos o acciones lo radicaría totalmente en el Poder Judicial en una futura Constitución”, comentó.

Además, destacó que este tipo de decisiones siempre deben recaer en un órgano que juzgue de forma imparcial descartando que una opción pueda ser que las decisiones que se vinculan con cometer delitos sean tomadas por la ciudadanía. Si bien en otros países existen los referéndums revocatorios que permiten sacar a una autoridad de un cargo, estos solo se hacen para terminar con la labor de “alguien que no está cumpliendo lo que la ciudadanía quiere que cumpla en ese rol”.

“A mi juicio no debe entregarse a la ciudadanía el análisis de si hubo o no un ilícito, es algo para lo que están muy bien preparados los Tribunales de Justicia”, agregó.

Finalmente, respecto de la situación general que enfrenta el Tribunal Constitucional, el abogado Javier Couso indicó que esta es la peor crisis que ha enfrentado, y que justamente en el fallo del diputado Gutiérrez, siempre que sea un fallo bien fundamentado en el que para él no cabe la destitución del parlamentario, puede haber una oportunidad para el TC de “salir de Unidad de Tratamiento Intensivo”, aunque seguirá en una “situación delicada”.

Así, el abogado concluyó que, en el futuro, ante una posible nueva Constitución “el Tribunal Constitucional va a ser profundamente modificado, no puede descartarse que sea eliminado, que se le entregue al Poder Judicial el control de la constitucionalidad de leyes”.