Ambas cámaras deberán resolver el destino del Servicio de Protección de la Niñez el próximo martes. El proyecto, presentado por el Ejecutivo, busca reemplazar el cuestionado Sename, sin embargo, su aprobación podría verse dilatada producto de un “amarre” impuesto en la comisión mixta que revisaba la norma, cuyo fin es que, de la mano del servicio, se vote la Ley de Garantía de Derechos de la Niñez, un viejo anhelo en el sector preocupado por los niños, niñas y adolescentes en el país y que duerme en el Congreso desde 2015.

Dicha iniciativa es una ley marco que pretende establecer un sistema de garantías y protección del ejercicio de los derechos de la infancia a través de un conjunto de normas, instituciones y políticas según lo establecido en la Convención de Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales.

Además establece, entre otros, que “los NNA tienen derecho a la igualdad en el goce, ejercicio y protección de sus derechos sin discriminación arbitraria”. En este ítem se incluyen los conceptos de raza, nacionalidad, religión y condición socioeconómica, pero también los de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. He aquí una de sus polémicas.

El Gobierno, a través de la subsecretaria de la Infancia, Carol Brown, lamentó este 2×1 entre el Servicio de Protección de la Niñez y la Ley de Garantía de Derechos de la Niñez, pues para la autoridad esta última normativa tiene cierto carácter ideológico que podría significar un traspié en la aprobación del Servicio de Protección de la Niñez. Incluso, el diputado RN y miembro de la comisión mixta, Gonzalo Fuenzalida, calificó de chantaje político de la oposición este llamado “amarre” .

La presidenta de la comisión mixta que ve los temas de infancia, senadora Ximena Rincón (DC), rechazó rotundamente los dichos de Fuenzalida y cuestionó el lamento de la Subsecretaria de la Niñez, pues, para la legisladora, es de sentido común aprobar, antes de cualquier servicio, un marco que garantice los derechos de la niñez.

“Es una condición obvia y lógica (…) no parece lógico que estemos aprobando una ley de servicios de la infancia si no hay un marco claro de los derechos y garantías que esos niños van a tener”, dijo a Radio y Diario Universidad de Chile.

“Si para el Gobierno los niños son primero, y el Servicio de Protección de la Niñez atiende a niños vulnerados en sus derechos, lo lógico es que tengamos claro los derechos que van a ser considerados vulnerados, y a mí me parece que sería más coherente que la Subsecretaria se preocupe de sacar rápidamente la ley de garantía en vez de estar hablando de problemas ideológicos. Yo no veo problema ideológico alguno en exigir que los derechos de los niños estén claros. Si ella los ve, es un problema de ella”, continuó la parlamentaria.

Similar opinión es la que tiene David Órdenes, director de la ONG La Caleta, entidad dedicada a desarrollar experiencias comunitarias y socio educativas con niños, niñas y adolescentes.

Para Órdenes, el Servicio de Protección de la Niñez es necesario, pero es primordial tener antes una ley que garantice los derechos de niñas y niños”

“Es imposible que salga una ley de servicio de protección sin antes tener una ley de protección integral y de garantía de derechos, porque al final lo que se desarrolla concretamente con focalizar el tema específicamente en la situación de las niñas y niños con mayor vulneración, es responder a realidades contingentes, inmediatas, necesarias y urgentes, pero las niñas y niños lo que requieren es una ley de protección integral de derechos para que todas y todos tengan sus derechos garantizados”.

En ese sentido, Órdenes celebró la supeditación del Servicio a la Ley e Garantía de Derechos de la Niñez.

El Servicio de Protección de la Niñez estará a cargo de los servicios y prestaciones para la protección y restitución de los derechos gravemente vulnerados de los NNA, mientras que la Ley de Garantía de Derechos de la Niñez es el marco que establecerá las garantías y protección de los derechos de la infancia.

Abusos en Osorno: Ministro Larraín es citado a Comisión de DD.HH.

El pasado 26 de mayo, el Sename informó la clausura de la residencia Parque Los Ríos, en Osorno, tras una denuncia de abuso sexual ocurrida en dicho hogar gestionado por Fundación Mi Casa.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado, confirmó a nuestro medio que citó al ministro de Justicia, Hernan Larraín, para que este informe y de explicación de los acontecimientos y los pasos venideros.

“Él nos va a acompañar en la mañana con respecto de este tema que es tan clave y sobre el cual él tiene una responsabilidad directa, porque es el ministro que debe velar para que tanto el Sename como las instituciones dependientes del Ministerio de Justicia cumplan con aquellos lineamientos que se han dado desde su cantera, porque, además, es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por tanto, debe velar para que nadie sea vulnerado en sus derechos”.

Recordemos que, a fines de abril, también se confirmó un caso de abuso sexual en un hogar colaborador en Hualpén, sumando denuncias a un sistema que desde 2015 ha estado en el centro del conflicto. El diagnóstico es claro: no puede seguir existendo Sename, sin embargo, los matices aparecen a la hora de votar las prioridades legislativas de la infancia.

Este 26 de enero se cumplieron 30 años de la ratificación de la Convención sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes y, pese a ese compromiso internacional, Chile sigue sin contar con una ley marco que regule los derechos de los NNA.