Durante este lunes el Ejecutivo ingresó un oficio al Senado para renovar la discusión inmediata del proyecto de una nueva ley de Migración y Extranjería, con la finalidad de que el proyecto sea aprobado por la Comisión de Hacienda en el transcurso de esta semana, o en su defecto, dentro de la próxima, para que pase, lo antes posible, a discutirse en el hemiciclo.

Las expectativas son, según explicó el Subsecretario del Interior, Francisco Galli en El Mercurio, que el proyecto de ley se despache a su tercer trámite en la Cámara de Diputados durante julio y posteriormente pase a Comisión Mixta dentro del segundo semestre de este año.

Según consignó Galli a ese medio, esta reforma se vuelve aún más apremiante considerando que el informe elaborado por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior, señaló que eventualmente Chile podría atravesar una mayor presión migratoria, una vez superado el Covid-19.

Si bien en las distintas instancias por las que ha atravesado la iniciativa, se ha consensuado la importancia de cambiar el reglamento de extranjería que emana del decreto de ley 1.094 vigente desde 1975, si se han generado diferencias sustantivas en los diferentes enfoques de lo que debe ser la política migratoria.

Para Patricia Loredo, dirigenta del Colectivo Sin Fronteras, el proyecto de ley, tal como se presenta hoy en la Comisión de Hacienda, es sumamente restrictivo en materia de derechos humanos y la eliminación de las indicaciones que establecían un piso mínimo de reconocimiento y de ciudadanía de la población migrante, han amainado la participación de organizaciones de la sociedad civil.

“En la comisión de DDHH del Senado se incorporaron más de 300 indicaciones, gran parte de ellas estaban vinculadas al resguardo de derechos, una parte importante y probablemente la más significativa de esas indicaciones fueron recortadas  en la siguiente Comisión a la que fue el proyecto. Entonces en la práctica tiene muchas restricciones, es un retroceso, lo que es lamentable ya que se supone que es un proyecto de ley que, se supone, viene a mejorar el estatus de un grupo que es de especial vulnerabilidad que es la población migrante”.

En el desarrollo de la tramitación, se desestimaron  las perspectivas con enfoque de género del Estado y de sus políticas de cuidado hacia los grupos especialmente vulnerables. De  este modo, niñas, niños y adolescentes, así como también mujeres embarazadas han quedado fuera de toda protección social, denunció Loredo.

“Las víctimas de violencia intrafamiliar, que en el caso de las mujeres pueden estar en calidad de dependientes, que es la figura que se tiene ahora para aquellas que tienen a cargo el cuidado de sus hijos, no pueden tener un ingreso regular. El mecanismo que habíamos planteado es que una vez hecha la denuncia, puedan solicitar una visa y así tener mínimas condiciones para tener cierta autonomía y romper el círculo de la violencia, y eso no está considerado en el proyecto”.

Por su parte, Juan Pablo Ramaciotti, Director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, afirmó que el proyecto ha avanzado desde muchos puntos de vista, si se compara a como lo ingresó originalmente el Ejecutivo en 2013, tanto en medidas que apuntan a una migración ordenada, segura y regular como también, a lo que respecta a los derechos humanos de las personas migrantes. No obstante, señaló, todavía presenta falencias importantes.

“Lo que hemos manifestado es que se juegan distintas cosas. Una es que hayan políticas que permitan colaborar y coordinarse con los países de la región, otra es que hayan mecanismos de visados que sean flexibles y se adapten al perfil migratorio que tenemos en Chile, otra que hayan mecanismos de regularización establecidos en la ley y que también el gobierno mantenga las facultades que tiene hoy día para regularizar extraordinariamente y de manera excepcional algunos casos concretos y específicos que no sean solucionados por la regulación general”.

Respecto a las condiciones mínimas que debe establecer la ley, Ramaciotti puntualizó en la importancia de transparentar, de manera periódica, los criterios de las políticas migratorias que se vayan adoptando por los gobiernos de turno, en la vía de entregar suficientes mecanismos de regularización.

“Esos mecanismos tienen que implicar que el gobierno de turno tenga que justificar, tener antecedentes, datos suficientes, que sean públicos y que se informen permanentemente- nosotros hemos planteado que sea algo anual- que justifiquen las condiciones de políticas migratorias que se vayan tomando. Las indicaciones que se han ingresado al proyecto avanzan en esa línea, pero todavía son insuficientes y en el momento en el que está hoy en la Comisión de Hacienda, nosotros hemos planteado que para que esté ese piso mínimo que permita avanzar, hay que hacer un mayor esfuerzo, tanto desde el gobierno como de los distintos sectores, para poder alcanzarlos”, señaló.

Diferencias en la regularización

Los mecanismos de regularización de migrantes ilegales ha sido un punto principal de la discusión, en cuanto el Ejecutivo ingresó una indicación para eliminar la propuesta que el senador Juan Ignacio Latorre impulsó en la Comisión de DDHh y que consiste una regularización intermedia para extranjeros que hayan permanecido dos años en el país, que acrediten un sustento económico y que no posean antecedentes penales.

“Lo que propusimos fue facilitar la regularización a personas indocumentadas para favorecer la inclusión social y para que estas personas tengan,  en el marco de derechos humanos pero también de deberes ciudadanos, todos sus papeles al día pero cumpliendo ciertos requisito. Nunca pensado como una regularización automática, sino que cumpliendo ciertos requisitos que estén establecidos en la ley y que no queden al arbitrio la autoridad administrativa, de la policía, o del gobierno de turno, sino que quede establecido en la ley”, explicó Latorre.

“El gobierno entiendo que no le gustó esa indicación y quiere cambiarla en la Comisión de Hacienda, vamos a ver a qué acuerdo llegan y una vez que llegue a la sala, es perfectamente posible pedir votación separada, porque lo que se aprobó en la comisión de DDHH, puede ir de informe a la sala. Obviamente, yo voy a defender lo que hicimos en la comisión de DDHH, a menos que se llegue a un acuerdo con un instrumento, aunque distinto, similar, que persiga los mismos objetivos”, agregó.

Este tipo de sistemas se han puesto en marcha en países como España y Portugal, afirmó Ramaciotti, y tiene por finalidad el evitar situaciones como la que ocurre en Estados Unidos, en la que la irregularidad migratoria es una condena permanente.

“La gran pregunta que tiene que hacerse la legislación es qué vamos a hacer con la irregularidad. Está la opción es taparse los ojos y decir que los queden irregulares, no van a tener solución alguna y la otra opción es ver cuáles son los mejores mecanismos para que la irregularidad tenga ciertas ventanas para que la gente pueda recuperar o acceder a la regularidad”, aseveró.