Son tres las veces en las que el Gobierno ha cambiado su metodología aplicada para el conteo de fallecidos por coronavirus, esto en medio de una potente investigación de la periodista Alejandra Matus y datos entregados por Espacio Público, que dan cuenta de posibles errores en las cifras oficiales.

Por ejemplo, con la nueva metodología aplicada, la cifra de fallecidos por COVID-19 en Chile descendió de 74 a 19, al inicio de semana, para lo cual la Comisión Investigadora COVID-19 de la Cámara de Diputados creyó conveniente conversar este jueves con el director del Registro Civil, Jorge Álvarez.

Al respecto, Álvarez partió explicando cuál es la función de la institución que preside respecto de las inscripciones de defunción. Para esto, previamente un médico debió emitir un certificado de defunción en el cual se considera hasta tres causas de muerte: dos que consideran las causas inmediatas y una tercera relacionada con lo que se conoce como estados morbosos concomindantes.

                                                                                Jorge Álvarez

En esta división, por ejemplo, Álvarez explicó que se han ido agregando a lo largo de los años nuevas enfermedades que causaban la muerte, esto, según el protocolo de la OMS que hoy se replica con el coronavirus.

Asimismo, el director del Registro Civil aclaró las dudas respecto del funcionamiento de dicha institución y su implicancia en posibles desfases de las cifras mostradas por el Ministerio de Salud, esto, entendiendo que sus oficinas -a un 75 por ciento de su capacidad- atienden solo de lunes a viernes.

“Para los sábados, domingo y festivos, lo que la ley dice es que el requerimiento de la inscripción debería hacerse en el mismo cementerio, y el cementerio debiera hacer el pase de sepultación. Nosotros como Registro Civil vimos que, en la RM, desde hace más de 10 años necesitábamos una atención especial porque los cementerios no estaban adaptados para este mecanismo, entonces pusimos una oficina en Quinta Normal, atendiendo sábado y domingo solamente defunciones”, explicó.

En la contingencia actual, Álvarez explicó que este procedimiento se ha ampliado también para la oficina de la calle Huérfanos, con el objetivo de facilitar el acceso a la información fidedigna, no solo al Ministerio de Salud, sino también a las personas que lo soliciten apelando a la ley de transparencia.

Esto último, por ejemplo, fue aplicado por la periodista Alejandra Matus, por lo cual el director del Registro Civil explicó el mecanismo que desde dicha institución se utiliza para brindar información de este tipo.

“Al Registro Civil le pueden preguntar cuántas personas fallecieron de COVID-19, pero no somos expertos para eso. Lo único que podemos hacer, porque somos respetuosos de las solicitudes de acceso a la información, es hacer un buscador con la palabra COVID, con b larga, con v corta, o sin d por si se equivoca el médico, pero no somos un órgano técnico para decir esta enfermedad también corresponde, debe incluirse o excluirse”, comentó.

Además, Álvarez insistió en desmarcar al Registro Civil de los errores en las cifras emitidas por el Gobierno, asegurando que la información es la misma que se brinda a través de las solicitudes de transparencia, y que el desfase de tiempo por las cifras de los fines de semana es mínimo.

“Nosotros no tenemos ninguna relación con la metodología. El certificado médico tal como viene lo transcribimos a la inscripción de defunción, nunca hacemos ningún análisis, y en la metodología de la comunicación tampoco hemos participado en ninguna mesa. Respecto del tiempo de latencia, lo usual es que la inscripción de haga en la oficina donde falleció la persona y la información es instantánea”, subrayó.

El director del Registro Civil terminó su intervención señalando que el único cambio que han sufrido en las últimas semanas dentro de sus protocolos de trabajo es que ahora el Ministerio de Salud solicita los datos de defunción de forma diaria y ya no de forma semanal. Esto, en el caso de los fines de semana y festivos produce un desfase de tiempo no mayor a 3 días, lo cual es mucho más amplio cuando se trata de una corrección de los certificados (hasta 8 días).

Hay que recordar también que, el día miércoles, la Cámara de Diputados ya aprobó la creación de una comisión especial para investigar justamente los posibles errores en el conteo de los fallecidos, la cual, una vez conformada, deberá emitir su informe en un plazo de 60 días como máximo.