Cumplieron un papel importante en la trazabilidad de casos por coronavirus en los países asiáticos. La lógica en este escenario de ensayo error llevó a pensar a los países europeos que el uso de aplicativos móviles también podría ser una opción para imitar y lo mismo sucedió en Sudamérica.

En este bloque del mundo existen aproximadamente 10 aplicaciones de este tipo que empezaron a lanzarse a partir de mediados del mes de marzo. En Chile, por ejemplo, aunque CoronaApp está disponible desde el 16 de abril, su utilidad ha vuelto a cuestionarse luego de que el ministro de Salud, Enrique Paris, haya manifestado estar evaluando utilizar información de los operadores móviles para controlar mejor las cuarentenas.

Pero antes de pasar a analizar la medida propuesta por Paris es necesario evaluar la efectividad de lo que ya se tiene. En el caso de la aplicación mencionada, para el académico asociado del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, Alejandro Barros, fue una apuesta que no ha tenido incidencia en el control de la pandemia.

“Es una aplicación que no está haciendo demasiado usada, desconozco la cantidad de descargas, pero de partida tenía bastantes problemas de usabilidad, que después los fueron corrigiendo. Es una aplicación más bien de auto reporte y que, por lo que he visto, no ha sido muy incidente. Hoy día lo que se está usando más para regular la movilidad es la data de empresas de las telecomunicaciones”, comenta Barros en conversación con nuestro medio.

En nuestro país, pese a la aplicación de cuarentenas más estrictas como es el caso de la Región Metropolitana, la movilidad de la ciudad no se ha logrado reducir, lo cual sustenta en parte esta nueva estrategia del Ministerio de Salud.

Esto mismo, según Barros, acompañado o no de un reforzamiento de CoronaApp con fines de rastrear la movilidad de las personas contagiadas, debería considerar un cuidado absoluto de la privacidad de las personas, y no pisotear este derecho con la excusa de la crisis sanitaria, sobre todo pensado en el escenario post pandemia.

“Desde el punto de vista tecnológico, hay que cuidar que tipos de protocolos se van a usar, en manos de quienes quedan los datos y si el propósito es solo para la pandemia. También considerar la posibilidad de poder desactivarla, de decir ya no quiero que me sigan rastreando. Hay una duda de que cuando termine la pandemia, qué va a pasar con esos datos”, señala.

Patricia Peña.

Al trabajar con datos personales sobre específicamente el estado de salud de una persona, para la directora de Datos Protegidos, Patricia Peña, este tipo de estrategias deberían ser miradas con mayor cuidado, sobre todo porque podrían generar problemas de estigmatización.

“Los datos de salud se consideran sensibles. Hoy día las bases de datos que indican que una persona está contagiada deben ser resguardadas por las autoridades sanitarias y por las autoridades. Nadie quiere ser acusado en un edificio cuando sepamos que en tal lugar hay una mayor cantidad de contagios, y ahí viene un tercer punto respecto de las fortalezas que tiene cada país respecto de sus leyes de protección de datos personales”, indica.

En el caso de Noruega, por ejemplo, en las últimas semanas llamó la atención la prohibición momentánea de la aplicación de rastreo Smittestop, luego de que el uso de su GPS sea cuestionado por la Autoridad Noruega de Protección Datos, un tipo de institucionalidad que todavía no está del todo desarrollada en esta parte del mundo.

En Chile, por ejemplo, haciendo uso de la Ley General de Telecomunicaciones, que exige la protección de la privacidad de los usuarios, además de la ley 19.628, que exige el uso de datos personales solo para la finalidad requerida, Peña explica la postura de Datos Protegidos ante la estrategia de rastreo planteada por el Gobierno.

“Para nosotros es imposible que cualquier solución tecnológica no esté pensada en resguardar cuestiones básicas como el derecho a la privacidad y el derecho de todas las personas a resguardar un dato tan sensible como su estado de salud. Eso, como sabemos, no solo expone a las personas, sino que genera sesgos, prejuicios. Hay que tener muy claro a qué tipo de solución tecnológica vamos a apelar y para qué”, subraya.

Desde la fundación que integra Peña se ha emitido también un pronunciamiento escrito respecto de la intención del ministro de Salud de hacer uso de la información de las empresas de telefonía móvil.

Al respecto, los cuestionamientos van desde la falta de consentimiento hasta el no anonimato de la persona rastreada. Por tal motivo, según afirman, se hace necesario medidas efectivas de anonimización, así como establecimiento de plazos razonables que eviten un control total de la población.