Esta semana, el Arzobispado de Santiago comunicó la decisión del Vaticano respecto de la investigación que llevaban en contra el sacerdote chileno Jorge Laplagne, considerándolo culpable del delito de abuso sexual contra un menor de edad.

Javier Molina tenía 15 años y era acólito en la parroquia Santa María de la Esperanza de Maipú que lideraba Laplagne, cuando sufrió reiteradas vejaciones por parte de éste último que luego denunció y no fue escuchado. El acusado señaló su decisión de apelar la determinación de la Santa Sede, por lo que el proceso canónico seguirá su curso.

Desde la Delegación Verdad y Paz del Arzobispado de Santiago señalaron que “seguirán vigentes las medidas cautelares de restricción del ejercicio público del ministerio”, situación en la que se encuentra el sacerdote desde julio de 2018, cuando el Arzobispado instruyó la investigación luego de que una querella criminal por abuso sexual con circunstancia de violación fuera presentada en su contra, y así también contra todos quienes resulten responsables del delito de encubrimiento. Esto último, apuntando especialmente a quienes indagaron inicialmente el caso al interior de la Iglesia. Dos reconocidos personajes del mundo eclesiástico chileno, cuyos nombres se repiten en tramas similares: el del ex cardenal de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, y el del mediático sacerdote ligado a la dictadura, Raúl Hasbún.

Los dos, tanto Errázuriz como autoridad máxima de la Iglesia en Santiago en ese momento y Hasbún como promotor de justicia de la institución y encargado de la investigación previa, tuvieron en sus manos y escucharon de primera fuente las primeras denuncias contra Laplagne en 2010. Sin embargo, el informe redactado por Hasbún y firmado por Errázuriz concluyó que los hechos denunciados por Molina “no eran veraces”; por lo que se terminó archivando el caso. Fue recién ocho años después, con la llegada a Chile del monseñor Charles Scicluna, a quien se le ha reconocido como uno de los expertos en delitos sexuales más respetados del Vaticano, que el sobreviviente se acercó a la Fundación Para La Confianza y tomó la determinación de acudir al sistema penal.

El cardenal Francisco Javier Errázuriz es arzobispo emérito de Santiago. Fue elegido por el papa Francisco como uno de los ocho cardenales que conforman el Consejo de Cardenales, pero luego fue removido por la máxima autoridad eclesiástica. Foto: Archivo.

En conversación con nuestro medio, el director ejecutivo de la organización que acompañó a la víctima, José Andrés Murillo, aseguró que ambos, tanto Errázuriz como Hasbún, tienen directa relación con que los hechos no hayan llegado a la Justicia desde un primer momento y no se haya hecho nada con el hoy sindicado como culpable..

“Todo eso está dentro del proceso y hay pocas dudas de que Errázuriz tenía conocimiento y que Hasbún también llevó a cabo actos de encubrimiento y de hostigamiento a las víctimas”, aseveró Murillo. “Entonces, Errázuriz tenía conocimiento de esto y no solamente no detuvo ni suspendió al sacerdote, tampoco acudió a la Justicia para denunciar un acto criminal en el que él mismo tenía responsabilidad por estar a cargo de este sacerdote”, agregó el director de la Fundación Para La Confianza.

Así también lo manifestó el abogado de la víctima y querellante en este caso, Juan Pablo Hermosilla, quien además debió defender a Molina cuando el sacerdote Raúl Hasbún se querelló en su contra por injurias y calumnias, acusando que los dichos de la víctima en distintas entrevistas, en las que dejaba en evidencia la falta de rigurosidad y el hostigamiento que sufrió por parte de Hasbún, eran falsos y buscaban denostarlo, “por ser una figura pública”, argumentó en ese entonces el sacerdote.

Hermosilla comentó a nuestro medio que la de Hasbún ha sido siempre una actitud “matonesca” y de hostigamiento hacia su defendido, además de ser el principal encubridor de los hechos al haber estado a cargo de la investigación previa. Respecto de la decisión del Vaticano de declarar culpable a Laplagne, el abogado de la víctima enfatizó en que deja en claro la responsabilidad de los acusados.

El sacerdote Jorge Laplagne Aguirre lideraba la parroquia Santa María de la Esperanza de Maipú en el momento en que ocurrieron los hechos denunciados por Javier Molina. El Vaticano lo declaró culpable de abuso sexual esta semana. Foto: Archivo.

“Demuestra que ésto se pudo haber hecho antes. ¿Por qué esto lo tiene que hacer el Vaticano y no lo hizo el Arzobispo de la época? Si esto se podría haber arreglado fácilmente, se presenta la denuncia, el Arzobispo dice ‘cómo, qué grave’ y se pone a investigar”, indicó el abogado.

“Lo mismo que hizo el Vaticano, lo hace siete u ocho años atrás. ¿Por qué razón tiene que intervenir el Vaticano tarde? Porque el Arzobispo o los obispos respectivos en su momento, no sólo no sancionaron, en la práctica miraron para el otro lado, lo que se tradujo en un incentivo a seguir cometiendo delitos porque veían que los denunciaban y no pasaba nada, transformándose esto en una forma de encubrimiento y de protección a estos delincuentes”, sostuvo Hermosilla.

Hoy, la causa la lleva la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, y las indagatorias están cargo del fiscal Xavier Armendáriz. Es de esperar que, al igual como sucedió con casos similares como en los casos Karadima, Precht o Cox, las diligencias mantengan su curso y finalmente tarde más en llegar la justicia ordinaria que la justicia canónica.

Pero de todas maneras la confirmación de la culpabilidad de Jorge Laplagne por parte de la que es finalmente la autoridad máxima de la Iglesia Católica es un enorme alivio para las víctimas, que con gestos como estos ven respaldadas sus acusaciones y logran, de alguna manera, dejar atrás el fantasma de la impunidad.

Foto en portada: Agencia UNO.